Barrachina: «La Ley de la Huerta sirvió de excusa a Sánchez para no hacer obras que podían salvar vidas»

El conseller valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, afirma en entrevista exclusiva con OKDIARIO, que la Ley de la Huerta de Ximo Puig y Compromís «sirvió de excusa a Sánchez para no hacer obras que hubieran salvado vidas» en el barranco del Poyo tras la DANA. Y revela cómo el Gobierno valenciano de Carlos Mazón, que él representa, puso ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez el7 de noviembre, sólo nueve días después de la DANA, un plan integral para evitar riadas como las del 29 de octubre, valorado en 2.390 millones de euros a pagar a razón de 500 millones de euros anuales y sólo obtuvo el silencio por respuesta. A fecha de hoy, el Ejecutivo de Carlos Mazón ha tomado las medidas oportunas para que la citada Ley de la Huerta no pueda ser un impedimento para esas obras ni pueda servir de excusa a ningún Gobierno para remolonear con obras esenciales.

PREGUNTA.- El Gobierno de Carlos Mazón, al que usted representa, presentó el 7 de noviembre de 2024 al de Pedro Sánchez un plan de inversiones contra las inundaciones como las del Barranco del Poyo por un montante de 2.390 millones de euros. ¿Qué ha sido de ese plan?

RESPUESTA.- Le presentamos un plan. Yo hablé desde este mismo despacho con Teresa Ribera, que decidió no venir y no ha venido nunca a pesar de que mientras fue ministra era la dueña de los cauces. Es decir, la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero sí vino en su lugar el secretario de Estado, Hugo Morán. Y le entregamos, creo recordar que el 7 de noviembre, un conjunto de inversiones maduras. Es decir, ya previstas y proyectadas. Y frenadas por motivos ideológicos.

Aquel conjunto de actividades suponen una apuesta integral en la provincia de Valencia, en la de Alicante, que también lo puede sugerir, y en la de Castellón. Sumaban una cantidad que puede parecer grande, algo más de 2.300 millones, pero que son 500 millones anuales para ejecutar en cinco años.

Desgraciadamente, el Gobierno de España tan sólo está haciendo una de ellas. En La Saleta, que debe ser una actuación integrada dentro de un conjunto de propuestas exclusivamente técnicas que lleven a garantizar a la población que viven en un entorno seguro, cosa que hoy no existe. Nosotros, con esa actuación que ahora están llevando a cabo, iniciamos el proceso de disolución del Consell de l’Horta (Consejo de la Huerta), que fue una entidad colonizada por Compromís, que de lo que sirvió fue de excusa a Pedro Sánchez para no hacer obras. Es decir, la Ley de la Huerta de Ximo Puig y Mónica Oltra le sirvió a Pedro Sánchez de justificación para abandonar las obras que se tenían que llevar a cabo y que por motivos paisajísticos no se pudieron ejecutar. Hemos disuelto ese Consejo, que se dedicaba a perseguir a los agricultores. Nosotros, ahora, a los agricultores de la huerta, a los jóvenes, a los nuevos que quieran emprender, les daremos a partir de junio 40.000 euros. Optamos más por la subvención y no por la persecución que nos llevó a ser récord europeo en abandono de tierras.

P.- ¿El Consell de l’Horta o Consejo de la Huerta paralizó obras que podían haber salvado vidas en el mortífero Barranco del Poyo?

R.- Sí, efectivamente. El Consell de l’Horta, como tal, hizo un informe supuestamente que por motivos paisajísticos no se adecuaba a la Ley de la Huerta. Y eso le sirvió a la Confederación de Pedro Sánchez para frenar las actuaciones. Y no se desarrolló. Efectivamente, sí. El agua del Barranco de la Saleta, que en sí mismo ya produjo víctimas, también conecta con el Poyo. De hecho, el propio alcalde de una de las poblaciones con fallecidos, un alcalde socialista, dijo que entre proteger personas o proteger lechugas, la Ley de la Huerta, es decir, de su propio partido, había decidido proteger lechugas.

P.- Ese Consell de l’Horta del que estamos hablando lo conformaban una serie de personas de quienes se dijo que cobraban una parte muy importante del presupuesto de la propia entidad. ¿Era así?

R.- Sí, bueno, hasta el 80% del presupuesto que había se dedicaba a gasto corriente, es decir, a gasto en plantilla. Creo que fijos.

P.- ¿Sueldos?

R.- En sueldos sí, como unas seis o siete personas. Y, después, hacían una subcontrata con Vaersa que aportaba otras seis personas. Dos más de la Diputación. Al final, terminaban siendo unas 15 personas dedicadas a hacer expedientes contra el agricultor que quería poner su riego por goteo o que quería llevar a cabo alguna actuación en sus campos. Eso propició el malestar general de todos los agricultores que yo conozco. No conozco ningún agricultor que esté dentro de esa zona, afectado por la Ley de la Huerta, que estuviese feliz con la Ley de la Huerta.

Nosotros hemos iniciado el proceso de disolución. Era un órgano participado por muchos ayuntamientos, por la Diputación y, sobre todo, por la conselleria, que es quien preside el Consell de l’Horta. Yo llegué en el mes de julio y en septiembre destituimos al gerente y hemos iniciado el proceso de disolución.

P.- ¿Para qué?

R.- Para que esos dos millones de presupuesto, que llegaron a ser 1.600.000 en sueldos, sea un dinero que se dedique a nuestros agricultores y no contra nuestros agricultores, ni tampoco contra las obras de seguridad. Por tanto, la Ley de la Huerta de Ximo Puig, que sirvió de excusa a Pedro Sánchez para no actuar, ya no existe como tal. Es decir, la huerta sigue protegida, pero los motivos paisajísticos, los informes paisajísticos, ya no son vinculantes. Es decir, ya no paralizan obras de seguridad.

P.- Entonces, ¿entiendo que de un presupuesto de dos millones, esos 1,6 millones que se iba en sueldos a enchufados, ahora se destina a los agricultores?

R.- Efectivamente, nosotros todo lo que se dedicaba al Consell de l’Horta lo vamos a dedicar a los agricultores. De hecho, ya en este presupuesto, en este año 2025 lo vamos a hacer. El proceso de disolución no es inmediato porque tienen un patrimonio que hay que disolver. Pero, el acuerdo y el liquidador ya está nombrado y, por tanto, esta serie de entidades que viven de nuestros agricultores, con el Gobierno de Mazón, lógicamente, no van a existir por dos motivos: le hacen la vida imposible al agricultor y no puede haber agricultura haciéndole la vida imposible al agricultor. Y dos, porque sus impedimentos sirvieron de justificación al Gobierno de Pedro Sánchez para abandonar las inversiones hidráulicas que hubiesen salvado vidas.