Sánchez ignora a la Comunidad Valenciana tras 6 meses de la DANA: «Si necesitan recursos que los pidan»

Cuando han transcurrido seis meses desde la DANA del 29 de octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin dar respuesta a todas las urgencias y necesidades generadas por la catástrofe, a pesar de las peticiones y proyectos presentados por la Generalitat Valenciana.

A la frase del 2 de noviembre del propio Sánchez, «si necesitan más recursos que los pidan», han seguido una serie de hechos que revelan que, a pesar de haberlos solicitado, el Ejecutivo de Carlos Mazón ha recibido del Gobierno silencios, traducidos en negativas y, como única solución para hacer frente a la reconstrucción, un mayor endeudamiento de las arcas públicas autonómicas, como indican fuentes de la propia Generalitat. Esas mismas fuentes relatan, como principales, hasta 22 cuestiones que revelan los rechazos a las propuestas que el Gobierno de Carlos Mazón le ha presentado en estos más de 180 días. Y que, distribuidas por Consellerias, son las que se citan a continuación.

La Conselleria de Economía y Hacienda del Gobierno valenciano, que dirige Ruth Merino, pidió ayudas a fondo perdido para la reconstrucción. Sigue reclamándolas. También sigue pidiendo las exenciones fiscales para las ayudas de la propia Generalitat Valenciana a autónomos y empresas, como sí tienen las del Gobierno a esos colectivos. Y continúa exigiendo el impuesto cero para los afectados por la DANA, como por ejemplo la exención del IVA a la hora de comprar un vehículo, y la exención a los afectados, también, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en este 2025.

En el caso de la Conselleria de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que dirige Miguel Barrachina, este 7 de abril, OKDIARIO publicó que el Gobierno lleva cinco meses dando la callada por respuesta al plan de inversión de 2.390 millones de euros en cinco años presentado el 7 de noviembre de 2024 por el Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón al Ministerio de Transición Ecológica, para acabar de un modo definitivo con riadas como la acaecida el fatídico 29 de octubre. Además, fuentes del Ejecutivo valenciano revelan que las ayudas del Gobierno central hacen incompatibles las de la Generalitat al sector arrocero.

Según esas mismas fuentes, en materia de Sanidad tampoco se ha producido la inversión necesaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez para la reparación de los centros de salud afectados por la DANA. Pero la cuestión de fondo, la más reclamada desde la Conselleria que dirige Marciano Gómez, es la puesta en marcha de nueve Unidades de Emergencia de Salud Mental, también para los afectados, anunciadas por la ministra Mónica García en noviembre, tras un Consejo de Ministros.

El 20 de noviembre, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, trasladó al ministro de Cultura Ernest Urtasun la situación del sector tras la riada. Y le pidió una partida de 15 millones de euros para lanzar un bono cultural. Aún no hay respuesta.

El lunes 4 de noviembre, el propio José Antonio Rovira trasladó, en este caso a la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, en la comisión de empresas y empleo entre Gobierno y Generalitat Valenciana creada por la DANA, las necesidades en materia educativa de las zonas afectadas por la riada, que ascendían a 1.135 millones de euros. Algo que recordó a la ministra de Educación Pilar Alegría sólo tres días después, el 7 de noviembre.

Sin noticias de Diana Morant

Caso especialmente significativo es el de Diana Morant, ministra de Universidades y que, según ha destacado públicamente el propio José Antonio Rovira, ha sido la única de los cuatro ministros que tienen relación con su departamento (Educación, Cultura, Universidades y Empleo) que no se ha puesto en contacto con él «para nada». Se da la circunstancia de que Diana Morant es, además, la secretaria general de los socialistas valencianos.

Tal como publicó OKDIARIO el pasado viernes, 25 de abril, el Gobierno central rechazó tras la DANA ceder 25 millones de euros a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige Susana Camarero, para construir 200 viviendas industrializadas para afectados por la DANA. También solicitó la creación de un centro de acogida temporal para quienes perdieron su vivienda y carecían de recursos. Finalmente, ese centro fue asumido por la propia Generalitat Valenciana, con un inversión de 2,4 millones de euros.

Susana Camarero reclamó, además, la ayuda gubernamental para reparar los centros sociales y las viviendas sociales que quedaron dañadas por la riada, así como la puesta a disposición de los afectados de todas las viviendas de la SAREB en las zonas afectadas. Tampoco se ha producido.

En materia de Emergencias e Interior, una conselleria que dirige Juan Carlos Valderrama desde el 23 de noviembre, la Generalitat Valenciana sigue pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez la inclusión de 71 localidades de la provincia de Castellón y otras 28 de la provincia de Valencia en los decretos del Gobierno para que puedan recibir ayudas del Ejecutivo central. Algo que Carlos Mazón sí ha hecho desde el Gobierno valenciano. También sigue solicitando más agilidad en la limpieza de cauces y barrancos.

Por lo que respecta a una conselleria de nuevo cuño, la de Recuperación Económica y Social, que dirige Francisco José Gan Pampols, el Ejecutivo valenciano sigue reclamando una comisión mixta Gobierno-Generalitat para aunar esfuerzos, evitar duplicidades y codirigir las actuaciones para la recuperación. Se ha pedido también un pacto de Estado para revisar, actualizar y priorizar las inversiones en materia hídrica en toda la cuenca mediterránea.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que dirige Vicente Martínez Mus, la Generalitat Valenciana subvenciona el transporte individual a 200.00 personas que viven en las zonas afectadas por la riada. Lo que reclama del Gobierno central es un convenio para subvencionar entre ambas administraciones la tarjeta de ese transporte gratuito. Asimismo, ha pedido que se agilicen las obras pendientes y la transferencia de los fondos prometidos para el parque natural de La Albufera.

En el área de Innovación, Industria y Comercio, que dirige Marián Cano, las peticiones han sido una mayor agilidad en los pagos del Consorcio de Seguros y la solicitud a la Unión Europea para que se flexibilice el requisito de mínimos para facilitar los apoyos a las empresas afectadas por la DANA.