Junts se jacta de que con el control de la inmigración los extranjeros deberán hablar catalán

Junts saca pecho por las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez para permitir que salieran adelante el decreto ómnibus y el de anticrisis en una  votación de infarto en el Senado. El PSOE pactó con la formación de Carles Puigdemont, un partido al que el líder socialista definió en 2018 como «racista y xenófobo», la cesión de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña y Junts no oculta cual es el objetivo: que los extranjeros hablen catalán.

«La letra pequeña del traspaso no la podemos explicar, pero será en materia de documentación o permisos de residencia. Cataluña debe poder decidir los flujos migratorios. Es importante que la lengua sea un elemento de integración para las personas que llegan a nuestro país», ha defendido Miriam Nogueras este jueves en una entrevista concedida a Rac1.

La concesión de estas competencias se realizará «con una ley orgánica a partir del artículo 150.2 y delegando las competencias plenas y los recursos en inmigración». El artículo de la Constitución que menciona Nogueras recoge lo siguiente: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también ha defendido que la transferencia de estas competencias se hará a través del artículo mencionado previamente. «Vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración. Tenemos que trabajar una ley orgánica, con todos los detalles que eso conlleva, llevarla al parlamento y trabajar para que finalmente vea la luz», ha sostenido Bolaños en una entrevista a La Hora de La 1 de TVE.

Sin embargo, el artículo 149.2 de la Carta Magna señala que el Estado «tiene competencia exclusiva» sobre varias materias, entre las que se incluyen «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo». PSOE y Junts todavía no han explicado en profundidad cómo se realizará esta transferencia.

La formación de Carles Puigdemont se encuentra en la oposición en el Parlament de Cataluña. Junts optó por salirse del Ejecutivo autonómico de Pere Aragonés en octubre de 2022. Desde entonces, Aragonés y su partido, ERC, gobierna en solitario en la región. «Trabajamos por Cataluña y no mirando al partido. Se ha pasado un balón de gol a la Generalitat de Cataluña y esperamos que el Govern marque», ha remarcado Nogueras sobre esta cuestión.

«Expulsar a los reincidentes»

Junts aspira, con este traspaso del Gobierno de Sánchez, poder controlar la inmigración con el fin de que los extranjeros hablen en catalán para que se puedan unir a la causa separatista. Pero el carácter identitario del partido de Puigdemont no queda ahí, puesto que busca también tener la capacidad de decidir la expulsión de inmigrantes que hayan cometido varios delitos y que se encuentren en situación irregular.

El secretario general de la formación, Jordi Turull, defiende que el primer objetivo es evitar la multirreincidencia. «Si se expulsa o no multirreincidentes debe poder decidirse desde Cataluña. Tenemos que mirar en qué condiciones nosotros a estas personas se las puede echar», ha esgrimido este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio.

La población extranjera que reside en Cataluña es de 1.271.810 personas. Así lo aseguró el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Son datos del 1 de enero de 2022. Esto representa el 16,3% de la población catalana. Los últimos datos registrados indican que Cataluña cuenta con 617.453 musulmanes, la región de España que más tiene. Son datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De ellos, 250.000 tendrían la nacionalidad española. En la provincia de Gerona, el 13% de la población es musulmana. Con el traspaso de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, Junts quiere que Cataluña decida cuántos inmigrantes acoge y que aprendan el catalán.

Los alcaldes de Junts han denunciado en varias ocasiones el problema de inseguridad que genera la inmigración en sus municipios, así como la multitud de casos de reincidentes. Alcaldes de la formación de Puigdemont en la comarca del Maresme (Barcelona) defendieron hace unas semanas la expulsión de inmigrantes ilegales que hayan delinquido varias veces. Junts celebrará este mismo sábado un consejo del partido para debatir y votar la posibilidad de celebrar una convención en relación a la inmigración, con el objetivo de definir el discurso de la formación en este aspecto.

El alcalde de Calella (Barcelona), Marc Buch (Junts), realizó una comparecencia pública hace unas semanas escoltado por otros alcaldes del Maresme para denunciar la situación delictiva causada por la inmigración irregular. «Si no han venido a integrarse ya trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa», defendió Buch para pedir la expulsión inmediata de los delincuentes reincidentes.

«¿Qué pasa en estos casos? Que se va entrando y saliendo de los juzgados, que están colapsados. Hay inmunidad por una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga. Ningún alcalde está satisfecho de que haya personas en su pueblo que hayan reincidido 210 veces», ha asegurado Jordi Turull este lunes en Cataluna Ràdio.

Por su parte, Miriam Nogueras ha explicado que «la inmigración es una de las prioridades de Cataluña», para justificar el pacto de Junts con el Gobierno de Sánchez y así poder fomentar el catalán entre los inmigrantes. «Cataluña está preparada para asumir un tema en el que el gobierno español no ha estado a la altura», ha apostillado en su entrevista a Rac1.

El TC lo denegó

La última vez que el Gobierno central le cedió competencias a la Generalitat de Cataluña fue en 1997, con el traspaso de las de tráfico tras el pacto del Majestic entre José María Aznar (PP) y Jordi Pujol (CiU). El Congreso y el Senado aprobaron por unanimidad que se traspasara estas competencias a Cataluña. Para las competencias de inmigración, se tendría que elaborar una ley orgánica que explicara este traspaso a Cataluña, además de su posterior aprobación en el Congreso y el Senado. El Gobierno de Pedro Sánchez necesitaría el apoyo de todos sus socios para que saliera adelante. Previsiblemente, el Tribunal Constitucional (TC) tendría que pronunciarse sobre este asunto.

La Generalitat de Cataluña cuenta en la actualidad con las competencias muy limitadas en materia de inmigración y están repartidas entre el la Consejería de Igualdad de Tania Verge y la Consejería de Derechos Sociales de Carles Campuzano. El Tribunal Constitucional frenó en 2010 el intento de que Cataluña pudiera tener competencias en este ámbito a través del Estatuto. En la sentencia se recalcó que las competencia sobre inmigración «es de la exclusiva titularidad del Estado». Además, se señaló que el Estatuto debe interpretarse de forma que «no se atribuya a la Generalitat ninguna competencia en materia de inmigración».

Sí que se especificó que la Generalitat podía tener competencias en cuestiones que «se proyectan» sobre los inmigrantes, como los servicios sociales, la sanidad, la educación o vivienda. El TC esgrimió que la entrada y residencia de extranjeros es «competencia exclusiva de la Estado». Junts y la Generalitat tendrían que lidiar con la justicia para conseguir sus dos objetivos: controlar los «flujos migratorios» y que los inmigrantes aprendan el catalán antes que el castellano.