Bolaños miente: el Constitucional sentenció que la inmigración es «competencia exclusiva del Estado»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves que el acuerdo con Junts incluye traspasar a Cataluña las competencias de inmigración. Asegura que eso engloba todas las atribuciones en esta materia que a día de hoy están en manos del Estado. Sin embargo, el estrecho colaborador de Pedro Sánchez oculta que tanto la Carta Magna como la sentencia del Tribunal sobre el Estatut de 2006 recogen que «el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

El Constitucional se pronunció en 2010, a cuenta del citado estatuto catalán, apuntando que «el artículo 138 [sobre Inmigración] sería inconstitucional en su conjunto por atribuir a la Generalitat competencias en materia de inmigración y vulnerar así la Constitución, que inequívocamente confiere al Estado la competencia exclusiva al respecto». Todo parece indicar que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, tendrá que dar un volantazo en la doctrina histórica de la Corte de Garantías para acomodar los deseos de Junts.

Fuentes judiciales remarcan que «la Constitución establece claramente que la inmigración es competencia exclusiva del Estado. No todas las competencias son delegables y además es lógico que lo sea». «Imaginemos que en el corto plazo, se adopta por las autoridades de Cataluña la medida de la expulsión de todos los inmigrantes a Aragón o se acuerda el rechazo de Cataluña a recibir ni un inmigrante más. ¿Alguien ha pensado un poco en estas eventualidades?», reprochan. Avisan de que lo siguiente podría ser ceder competencias de Defensa. «Seguramente no se ha pensado mucho en esto con el sistema de patada hacia adelante para seguir. Los separatistas saben que éstos son pasos, eludiendo el mecanismo de la reforma constitucional, suficientes para conseguir de facto y por la puerta de atrás, la independencia», agregan estas voces que califican de «alucinante» lo acontecido.

«Causa bochorno»

Por su parte, Javier Pérez Minaya, juez decano de los Juzgados de Huelva, se ha pronunciado de forma similar. «Fronteras, inmigración y derecho de asilo son competencia exclusiva del Estado según la Constitución y, como tales, no susceptibles de transferencia ni de delegación en nadie. Causa bochorno leer que un Gobierno haya pactado algo que todos sabemos es manifiestamente ilegal», zanja en sus redes sociales.

Ajeno a estas posiciones, Bolaños ha afirmado tajantemente: «Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración».

Además, ha avanzado que este mismo jueves ha contactado con el Govern para hablar sobre este tema. Tras el pacto de última hora con Junts para salvar dos Reales Decretos-Leyes, la maquinaria de La Moncloa se pone en marcha para contentar a los secesionistas.

Ante el hecho de que hayan pactado este asunto con Junts y ahora sea el Govern controlado por ERC –rivales políticos en Cataluña– el que tenga que llevar a cabo lo acordado, Bolaños ha resaltado que en el contexto actual hay un parlamento «con muchos grupos parlamentarios» y por otra parte los gobiernos autonómicos «luego tienen que ejecutar los acuerdos que se adoptan».

Control de flujos

El ministro no ha entrado en detalles sobre lo que implica el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. De todas formas, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha insistido en que Cataluña tendrá poder de decisión en el reparto de inmigrantes hacia su territorio. Jordi Turull, en la misma línea, ha declarado que la cesión de competencias inmigración les permitirá controlar flujos migratorios –decidir quién entra y no entra– y expulsar inmigrantes irregulares «multireincidentes».

Bolaños ha indicado que esta cesión se hará a través de una ley orgánica en la que se dará «detalle» de las consecuencias concretas que acarrea esta decisión. «Vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración y por tanto ese es el acuerdo al que ayer llegamos», ha remarcado. Dice, además, que tiene que trabajar «todos los detalles que eso conlleva» y trabajarla para que finalmente vaya al Parlamento y vea la luz.

Finalmente, Bolaños ha enfatizado que este acuerdo retrata una nueva etapa con los partidos catalanes y están hablando de asuntos como la inmigración, el ingreso mínimo vital o el IVA del aceite –cuya supresión se también se pactó en la víspera con Junts– y ya no hablan de los asuntos que trataban hace cinco años, en referencia a la independencia de Cataluña. «Afortunadamente esa etapa que no aportó nada para Cataluña ni para el resto de España pues obviamente terminó y ahora estamos en una nueva» ha zanjado.