Golpe mortal del alcalde socialista de Palma a la construcción al aprobar un plan urbanístico a medias

Golpe mortal del alcalde socialista de Palma, José Hila, a la construcción al aprobar un plan urbanístico a medias que dispara la inseguridad jurídica y el precio de la vivienda, entre otras cuestiones, porque reduce a la mitad el suelo residencial disponible en relación al Plan General anterior (1998), pasando de 494,71 hectáreas a las 280,54 ahora previstas.

Pero nada de ello ha sido tenido en cuenta por un gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, que en ocho años han convertido la que fue calificada en 2015 por la revista The Times como la mejor ciudad para vivir, en la más sucia de España, según la encuesta nacional de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU,) y que hoy ha aprobado la mitad del nuevo Plan General.

Se trata de un disparate jurídico perpetrado por la concejala independentista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, secundada por el alcalde y el resto del gobierno municipal, que deja en el aire para su aprobación, dentro de meses o años, el Plan urbanístico de Ordenación Detallada (POD). Es decir, el diseño y definición de lo que se podrá construir en cada suelo o parcela urbanizable, dado que hoy en un pleno extraordinario sólo se ha avalado la parte estructural del Plan General, sus pilares y líneas maestras.

Una forma de proceder que, según un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la UIB, Avel·lí Blasco, «comportará numerosos problemas aplicativos e incluso de legalidad». La aprobación por separado de la tramitación de cualquier expediente urbanístico o de obras «creará una gran inseguridad jurídica que afectaría a promotores, constructores, profesionales del ramo como arquitectos e ingenieros y a los ciudadanos en general», apuntaba Blasco.

Este plan urbanístico aprobado a medias marcará el futuro diseño de la ciudad, tramitado sin consenso alguno con los partidos de la oposición (Ciudadanos, Vox y PP), redactado de espaldas a promotores, constructores, asociaciones de vecinos y demás entidades que no fueron consultadas antes de su aprobación inicial, y que ha salido adelante con el rodillo de la mayoría absoluta que tiene en el pleno un gobierno municipal con 15 regidores, frente a los 14 que votaron en contra.

El equipo de gobierno rechazó la petición del PP de que la votación fuese nominativa, por si el asunto acaba en los tribunales y los concejales que han votado a favor, llegado el caso, tienen que sentarse ante un juez para dar las pertinentes explicaciones.

Desde las filas del principal partido de la oposición (PP), su portavoz Mercedes Celeste, fue contundente al respecto. «Lástima que el señor Hila quiera cerrar su etapa como alcalde generando el mayor problema a los ciudadanos que se puede generar. No sólo deja un reguero de cadáveres urbanos, sino que nos deja la ciudad más sucia de España, nos abochornan con sus conflictos internos y lo único que le faltaba por hacer es un Plan General sin consenso, ni participación, que provocará inseguridad jurídica y un colapso mayor si cabe en la tramitación de licencias urbanísticas».

Respecto a las modificaciones entre la aprobación inicial y definitiva en relación a los urbanizables, se suprimen los urbanizables de Son Sardina y sa Indioteria Sud, y se reducen las superficies afectadas por los urbanizables de Son Cladera Norte, Son Cladera Sur, Son Puigdorfila y Son Pardo.