El alcalde socialista de Palma dispara la inseguridad jurídica al aprobar sólo la mitad del Plan General

El alcalde socialista de Palma, José Hila, dispara la inseguridad jurídica y pone en jaque la política urbanística, inversiones y proyectos de desarrollo futuro, al aprobar por partes el nuevo Plan General de Palma (PGOU), que tras ocho años de gobierno ha sido incapaz de rubricar en tiempo y forma.

El Consejo de Gerencia de Urbanismo presidido por la imputada concejala independentista, Neus Truyol, dio luz verde este martes, para su posterior aprobación en un pleno extraordinario que tendrá lugar el 28 de abril, a la parte estructural del nuevo planeamiento urbanístico, dejando para el nuevo equipo de gobierno que surja de las urnas en las elecciones del 28 de mayo la tramitación del Plan de Ordenación Detallada (POD). Es decir, el diseño y definición de lo que se podrá construir en cada suelo o parcela urbanizable.

Una decisión que sólo contó con el visto bueno de los representantes del gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, que fue rechazada en bloque por la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) y muy criticada por los representantes de los colegios profesionales, asociaciones de promotores, constructores y entidades vecinales como ARCA. Todos ellos advirtieron de los perjuicios que ocasionará esta forma de proceder para la seguridad jurídica.

Y es que si bien se han aceptado alegaciones e introducidos cambios notables en el documento aprobado inicialmente hace un año, el gobierno municipal considera que no son significativos, pese a que su alcance real se  desconoce. Esta decisión se ha adoptado exclusivamente para no volver a sacar a exposición pública el nuevo planeamiento con las modificaciones ahora realizadas.

El Plan General, que define la ciudad a 20 años vista, es un documento que nace sin consenso alguno y cuya tramitación y aprobación parcial sólo obedece a la inminencia de las elecciones y la necesidad del primer edil de hacerse la foto con un nuevo planeamiento urbanístico que, no obstante, seguirá sin estar aprobado.

Anteponiendo el interés electoral a cualquier principio, el equipo de gobierno encabezado por Hila desoye, además, un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Avel·lí Blasco, encargado por la asociación de Constructores y Promotores, que advertía de que esta forma de proceder «comportará numerosos problemas aplicativos e incluso de legalidad».

La aprobación por separado de la tramitación de cualquier expediente urbanístico o de obras, según Blasco, «crearía una gran inseguridad jurídica que afectaría a promotores, constructores, profesionales del ramo como arquitectos e ingenieros y a los ciudadanos en general».

De hecho, el presidente del PP de Palma y candidato de esta formación a la Alcaldía de la capital balear, Jaime Martínez, advirtió el pasado mes de febrero de que los concejales que apoyen la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbano palmesano mediante esta fórmula podrían incurrir en responsabilidades penales.

En rueda de prensa, el alcalde Hila se ha limitado a indicar que estaba «muy contento» porque esta parte estructural «es compartida por el gobierno municipal, pero también por la ciudadanía, dado que se han estimado total o parcialmente el 60% de las alegaciones presentadas, el 74% en el caso de las registradas por las asociaciones de vecinos».

Por tanto, continuó, el nuevo PGOU «es un plan compartido» para que la Palma del año 2040 «sea una ciudad compacta, sostenible, inclusiva, igualitaria y con un modelo de economía diversificada».