El Consell de Mallorca pone en venta el chalet que la izquierda compró para abrir un centro de menores

En plena polémica por el reparto obligatorio de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando a través de una reforma legal, el Consell de Mallorca ha puesto en venta al mejor postor el chalet que el anterior gobierno de izquierdas compró en la urbanización de Puntiró, en Palma, para abrir un centro de menores.

Un uso que nunca pudo tener al carecer de licencia para esa actividad en lo que fue una fracasada operación inmobiliaria que tuvo un coste de 1,2 millones de euros para las arcas públicas insulares. Sin duda, ha sido el almacén más caro de Mallorca, ya que desde su adquisición sólo se ha podido destinar a este fin.

En estos momentos, el Consell está pendiente del resultado de una tasación inmobiliaria que fije el precio actual de mercado que tiene esta finca.

En concreto, 412 metros cuadrados construidos en una amplia parcela de 1,56 hectáreas dotada de garaje, almacén y equipamientos diversos que fueron adquiridos por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en 2018 para convertirlo en centro de menores.

Una chapuza más del anterior gobierno de izquierdas, en aquel momento presidido por el independentista Miquel Ensenyat de Més per Mallorca (formación de la que ya se ha dado de baja), que no tuvo en cuenta antes de su adquisición que ni el antiguo Plan General de Ordenación Urbana de Palma ni el nuevo permitían que en esta finca de Puntiró se pudiera desarrollar una actividad como la que pretendía el Consell de Mallorca.

A ello hay que unir que la adquisición del inmueble ya vino precedida de polémica. El anterior gobierno insular convocó primero un concurso para la compra o alquiler de un inmueble en un lugar indeterminado de Mallorca para la construcción de un centro de menores. Una convocatoria pública que quedó desierta porque ninguna de las cinco propuestas que se presentaron cumplían con los requisitos.

Posteriormente, por adjudicación directa, se hizo un contrato de alquiler con opción a compra al titular de esta finca de Puntiró para convertirla en un centro de acogida de menores con medidas de protección.

Uno de primera acogida, y otro de residencia, para adolescentes entre 13 y 17 años. Unas instalaciones, que en total iban a contar con 15 plazas, abierto 24 horas, con la finalidad de ofrecer cobertura y supervisión de todas las necesidades de los menores. Pero todo se torció desde el principio.

A las irregularidades urbanísticas, se le sumó la oposición vecinal de esta urbanización del extrarradio de Palma, que tras conocer las intenciones del gobierno insular de izquierdas, denunciaron que el inmueble ya adquirido por el Consell no contaba ni con licencia de actividad, ni con la declaración de interés general.

Además, habilitar unas instalaciones de estas características en Puntiró estaba prohibido en los estatutos de la comunidad de propietarios, según los cuales, allí únicamente pueden ubicarse viviendas unifamiliares.

Tampoco el entorno geográfico y urbano era el más favorable para acoger a menores de ese perfil, dado que se trata de una urbanización a 20 kilómetros del centro de Palma, que carece de todo tipo de servicios públicos y donde no hay ni instalaciones deportivas públicas, ni de ocio, biblioteca, y donde los vecinos llevan años exigiendo un simple casal de barrio.

Finalmente el centro no pudo habilitarse a tiempo, pese a que el anterior gobierno insular en base a la Ley de Urbanismo de Baleares declaró de interés general esta finca de Puntiró, pisoteando las competencias municipales e ignorando los recursos que presentaron los vecinos.

Sin embargo, las elecciones insulares de 2023 y el cambio de gobierno que trajeron las urnas, frustraron la apertura de este centro de acogida de menores en un inmueble cuyo valor en el mercado, en estos momentos, rondará el doble de lo pagado hace seis años por el Consell.