Colapso total en Extranjería: 120 días para resolver expedientes que tienen que contestarse en 45

Colapso total en Extranjería para legalizar inmigrantes que, en no pocos casos, deben de esperar hasta 120 días para expedientes de reagrupamiento familiar que la Ley obliga a contestar en 45.

Y es que mientras Baleares batía récords en el año que acaba de concluir, en llegada de pateras (163 embarcaciones) e inmigrantes ilegales (2.387), aquellos extranjeros que quieren hacer las cosas bien, y regularizar su situación, no lo tienen nada de fácil. El colapso de la Oficina de Extranjería de Palma perteneciente a la Administración General del Estado no es nuevo pero, en las últimas semanas, se ha disparado.

Un expediente que tiene un plazo máximo de tres meses para su contestación, puede acumular ya más de seis, y los de reagrupación familiar que Extranjería debe culminar en un máximo de 45 días, ya acumulan, en muchos casos, más de 120 días de retraso.

En teoría, si no hay contestación de la solicitud en el plazo reglamentario, se entiende, que ese silencio administrativo es negativo y denegatorio. Pero en la práctica no ocurre así, dado que no se contestan por causa justificada, sino por colapso administrativo.

Esta situación de demora, obliga a los solicitantes a plantear recursos y más recursos contra la falta de respuesta de la Administración, con el consiguiente gasto económico que ello les supone.
Un caos sobrevenido que se produce bajo un Gobierno central y autonómico de la izquierda, acostumbrado a utilizar en Baleares el mantra de la «tierra de acogida» pero que es incapaz de dar respuesta a los solicitantes que quieren regularizar su situación.

Hay abogados especializados en esta tramitación que cuentan con más de 80 expedientes paralizados en cola, y bufetes con centenares, sin poder dar salida, ni respuesta a sus clientes. El problema que subyace, en este caso, es la reiterada falta de personal que padece la principal oficina de Extranjería del Gobierno central en Baleares, y otras dependencias de la Administración General del Estado. La falta de un plus de insularidad que compense los gastos derivados de la estancia en una de las comunidades más caras de España, hace que muchos funcionarios rechacen este destino.

El sindicato UGT presentó, hace ahora un año, una relación de firmas del personal que trabaja en la Oficina de Extranjería de Palma, expresando su profundo malestar por la situación laboral marcada por la insuficiente cobertura de los puestos de trabajo, la falta de medios materiales, sobrecarga de trabajo e imposibilidad de proporcionar a la ciudadanía servicios públicos de calidad, lo que provoca estrés, cansancio y frustración.

Una estado de cosas que esta central sindical calificaba de manifiestamente injusta, tanto para la ciudadanía en general como para el personal al servicio de Extranjería. Por ello instaba en enero del año pasado al Gobierno a dar respuesta urgente si no se quiere llegar al colapso de los servicios públicos. Han pasado doce meses, y lejos de mejorar, las demoras alcanzan ya cifras descontroladas.