En Villanueva del Trabuco

Investigan acoso escolar a un menor con discapacidad en Málaga: fotos íntimas y ‘stickers’ en el baño

Educación asegura que el instituto actuó y mantiene un protocolo en marcha

Investigan acoso escolar a un menor con discapacidad en Málaga: fotos íntimas y ‘stickers’ en el baño
IES Sierra de San Jorge, instituto donde se habría producido el acoso.
David García de Lomana

La Guardia Civil investiga un presunto caso de acoso escolar continuado a un menor de 14 años con discapacidad en un instituto de Villanueva del Trabuco (Málaga). La denuncia, presentada por la madre del adolescente, apunta a episodios de bullying y a la difusión de imágenes íntimas del alumno tomadas en los baños del centro, con las que después se habrían hecho stickers (imágenes recortadas o animaciones usadas en aplicaciones de mensajería y redes sociales).

La familia sostiene que las fotografías comenzaron a circular por WhatsApp desde el verano de 2025. En su declaración ante la Guardia Civil, la madre afirma que no ha tenido acceso directo a esas imágenes, pero que le han comunicado que su hijo aparece «desnudo o en actitud íntima dentro del baño» del instituto, lo que considera una vulneración grave de su intimidad y de sus derechos.

El menor tiene reconocido un 65% de discapacidad y grado II de dependencia, y presenta además un trastorno del espectro autista (TEA). La denuncia, adelantada por Málaga Hoy, relata que habría sufrido situaciones de acoso desde el curso pasado sin que se comunicaran a la familia.

La madre, que trabaja como monitora del autobús escolar del propio instituto, asegura que tuvo conocimiento de lo ocurrido en diciembre de 2025 a través de comentarios de otros alumnos, que hablaban de la supuesta expulsión de tres estudiantes por lo sucedido con su hijo.

Con esa información, la familia acudió al centro el 7 de enero para solicitar formalmente la activación del protocolo contra el acoso escolar. Sin embargo, según consta en la denuncia, la Guardia Civil les habría indicado posteriormente que dicho protocolo no figuraba como abierto ni registrado en la plataforma de Educación. Desde el instituto, siempre según la familia, se habría alegado «carga de trabajo».

La denuncia detalla también un cambio significativo en el comportamiento del adolescente en los últimos meses, con episodios de mayor ansiedad y agresividad que la madre atribuyó inicialmente a su condición de TEA. Además, sostiene que un psicólogo del instituto habría interrogado a la hermana melliza del menor sobre el estado de éste sin conocimiento previo de la familia, y que el centro no informó a la Inspección Educativa ni contactó con las familias implicadas desde los primeros indicios, llegando a minimizar los hechos como «cosas de niños», según recoge el citado medio.

En paralelo, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo han señalado a Europa Press que el Servicio de Inspección educativa confirma la existencia de un protocolo en curso, activado por la dirección del centro el pasado 8 de enero. Estas fuentes sostienen que, con anterioridad, en diciembre de 2025, el instituto había adoptado «medidas de convivencia y protección» para el alumno, así como una sanción disciplinaria frente a un episodio considerado «aislado», actuaciones que –aseguran– fueron «debidamente comunicadas» a la familia.

Tras la vuelta de las vacaciones de Navidad y la aparición de nuevos episodios de bullying contra el menor, la dirección activó el protocolo específico de acoso escolar, que incluye reuniones con las familias del alumnado implicado y la adopción de medidas cautelares para garantizar la integridad del estudiante afectado. El centro ha puesto toda la información del caso a disposición de la Guardia Civil y continúa, según la administración educativa, con el «cumplimiento de los pasos» previstos en estos supuestos.

En un comunicado, la Red Condición Autista Andalucía ha calificado el caso como «grave» y ha denunciado la falta de información a la familia desde el inicio. La madre, por su parte, reclama más formación, protocolos eficaces y recursos suficientes en los centros educativos. También exige que se garantice la protección de su hijo y se evite cualquier contacto con los presuntos agresores mientras avanza la investigación.

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