Dirigentes socialistas de Sierra Sur, implicados en la trama de corrupción del Consorcio de Estepa

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha elevado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa (Sevilla), que indaga las contrataciones presuntamente sin licitación acometidas por el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, en favor de «empresas fantasma» administradas por familiares de miembros de dicha entidad pública, un informe sobre las «irregularidades» detectadas en la gestión de la entidad, extremo revelado este martes por la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el secretario general del partido, Juan de la Rosa.

En la causa figuran como investigados el secretario del Consorcio, José Antonio Mañas, y el jefe de la planta de tratamiento de residuos e igualmente investigado, Manuel Ibáñez, pesando en los supuestos hechos el papel de la empresa Magno Medioambiental, otrora administrada por Mañas e Ibáñez y objeto de contrataciones por parte de la entidad pública investigada.

La Policía Nacional considera que estas personas consiguieron «un enriquecimiento mediante la autocontratación de servicios destinados al Consorcio y siempre al margen de cualquier licitación pública», siéndoles intervenida numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo en una de las dos tandas de detenciones acometidas por los agentes en sus actuaciones, figurando también como investigado el alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), al haber ostentado entre 2014 y 2019 la Presidencia de este ente.

En el informe hecho público por los dirigentes populares, recogido por Europa Press, dicha institución señala que con motivo de la elaboración del estudio de fiscalización denominado «Análisis de los Consorcios Públicos Locales de Andalucía 2014-2015», entró en contacto con José Antonio Mañas como secretario de la citada entidad, pero este funcionario habilitado nacional «no rellenó el cuestionario» remitido por correo electrónico en junio de 2014 ni «atendió a otra posterior petición de datos realizada el 9 de noviembre de 2015».

Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur han sido detectadas diversas «irregularidades», como el «incumplimiento de la obligación de adaptar sus estatutos a la Disposición Adicional vigésima de la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que no queda identificada la Administración Pública a la que queda adscrito este Consorcio», una adaptación que había de ser formalizada antes de finalizar 2014.

Consorcio

En el Inventario de Entes del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda, en cualquier caso, «este Consorcio aparece adscrito a la Mancomunidad Sierra Sur», precisa la Cámara de Cuentas. De cualquier modo, según dicho documento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, «el incumplimiento de la obligación de modificar sus estatutos impidió la identificación de la administración local a la que quedaba adscrito y, por tanto, la realización de la auditoría» de control de la citada entidad de adscripción.

Pero aún así, la institución avisa de que «consultado el estado de rendición en marzo de 2021 de las cuentas de la Mancomunidad Sierra Sur, esta entidad no ha rendido las de ningún ejercicio».

La Cámara de Cuentas avisa además de que para la realización del mencionado informe sobre los consorcios locales de Andalucía, quedó de relieve que a fecha de 15 de septiembre de 2015, este consorcio «no había rendido nunca sus cuentas anuales» a la primera entidad, «las de ningún año desde su constitución en 1997». Si bien una consulta en marzo de este año reflejaría que actualmente sí tiene rendidas «individualmente» tres de sus cuentas anuales, «no se tiene constancia de que haya intentado rendir de forma independiente las cuentas anuales de los años 2015 y siguientes».

Contratos

Además, la Cámara de Cuentas indica que «el Consorcio no ha aportado ninguna de la documentación e información» a la institución con relación a aspectos como su «obligación de remitir una relación anual de los contratos formalizados en el año y un extracto de los expedientes de contratación que superen los umbrales de contratación establecidos».

Ante este informe, Virginia Pérez ha expuesto que el mismo refleja «la absoluta opacidad administrativa del Consorcio de Medio Ambiente durante años y señala a la Mancomunidad de la Sierra Sur, dirigida exclusivamente por cinco alcaldes del PSOE, como el ente responsable» de la situación. «La Cámara de Cuentas da un paso más para cercar la responsabilidad sobre los posibles delitos cometidos en el Consorcio, señalando a la Mancomunidad de la Sierra Sur, dirigida de manera exclusiva por alcaldes socialistas y que hoy conforman cinco municipios: Algámitas, Villanueva de San Juan, El Saucejo, Los Corrales y Martín de la Jara», asevera.

Así, ha reclamado una vez más «apartar de sus funciones» al secretario del Consorcio como «principal responsable» de los hechos, avisando de que el presidente de la Diputación y del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, «no puede seguir en silencio cuando la Mancomunidad de la Sierra Sur lo conforman solo y exclusivamente políticos y alcaldes socialistas y cuando existen diputados provinciales como el exalcalde de Los Corrales Juan Manuel Heredia, que se negó a declarar como investigado pero que sigue teniendo responsabilidades en el gobierno de la Diputación».

«Heredia fue uno de los políticos necesarios para Mañas, tuvo que colaborar con Mañas para que Magno Ambiental consiguiera esos contratos de estas administraciones», ha sentenciado Virginia Pérez, avisando que este caso «afecta al PSOE de forma directa, a dirigentes del PSOE de la Sierra Sur, porque para que Mañas dirigiera la trama criminal desde el Consorcio necesitaba a un PSOE en las administraciones que mirara para otro lado».