La cocinera asesinada por un preso en Tarragona alertó del peligro pero la Generalitat la desoyó

Nuria, la cocinera asesinada en la cárcel de Tarragona por un preso del programa de reinserción, había alertado en un informe de la peligrosidad y conflictividad del interno que ha terminado matándola a puñaladas, pero el departamento de prisiones de la Generalitat la ignoró. El preso fue dado de baja en el programa de cocina por un tiempo y al poco volvieron a reintegrarlo y la asesinó.

Nuria tenía 48 años, era la responsable del taller de cocina y estaba contratada por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). Iulian, el preso asesino que la mató y posteriormente se suicidó, se encontraba en el módulo de los internos más violentos, pero por buen comportamiento se le permitió trabajar elaborando la comida diaria del centro penitenciario. En la cocina había todo tipo de utensilios potencialmente peligrosos, como cuchillos. Uno de ellos es el que usó para matar a Nuria.

Ahora, los compañeros de Nuria lloran su muerte y se declaran en pie de guerra contra la Generalitat, la responsable de las prisiones en Cataluña tras la cesión de las competencias penitenciarias. Los funcionarios llevan años demandando más protección y personal ante la ola creciente de graves agresiones que sufren por parte de los presos y no comprenden cómo se había permitido el acceso a armas blancas a un preso condenado previamente por un horrible asesinato machista.

Antes mató a una prostituta

En abril de 2016, Iulian, el preso que ha asesinado a Nuria en prisión antes de quitarse la vida, ya  mató a una prostituta degollándola con un cuchillo. Fue en un piso de la localidad de Valls. Él se enamoró de la mujer y le pidió que abandonada la prostitución, pero ella se negó.  Tras beber varias botellas de vino, la mató porque ella no quería enseñarle unas fotografías en el teléfono móvil. Luego se entregó a la Policía Local de Valls.

Iulian ingresó en prisión provisional y en 2018 la Audiencia de Tarragona lo condenó a 11 años de cárcel por asesinato con alevosía. Fiscalía le pedía 20 años de cárcel, pero la sentencia tuvo en cuenta que había confesado el asesinato y el elevado consumo de alcohol para reducirle la pena. El procesado se aseguró de pedir perdón en el juicio y dijo que «si no fuera porque estaba tan bebido, eso no habría pasado».

Cadáveres en la nevera

Fue un funcionario de prisiones el que este miércoles, antes de las cinco de la tarde, localizó los dos cadáveres en la cámara frigorífica de las cocinas de la prisión de Mas d’Enric, en Tarragona.

Eran los cuerpos de Nuria, la jefa del taller de cocina, con múltiples puñaladas. Junto a ella, estaba el cadáver del asesino de la cocinera, el preso Iulian que se había cortado el cuello de un solo tajo. El recluso mató a la trabajadora acuchillándola con saña y luego se quitó la vida. Es la hipótesis de los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.

Se le pagaba un sueldo

Desde entonces, Iulian cumplía condena en la prisión de Mas d’Enric y, según fuentes penitenciarias, por su buen comportamiento había conseguido ser uno de los internos de confianza que trabaja en la cocina, en la que hay instrumentos peligrosos como cuchillos. Tuvo que pasar una formación de manipulación de alimentos para conseguirlo y se le pagaba un sueldo.

Sin embargo, los compañeros de Nuria han denunciado que la víctima hizo un informe negativo alertando de la conflictividad y peligrosidad del preso y solicitando su alejamiento. El Departamento de Prisiones de la Generalitat lo ignoró, puntualizan fuentes de prisiones. El preso fue dado de baja en el programa, pero poco después regresó a la cocina con los cuchillos.

Funcionarios en pie de guerra

El crimen de la cocinera a manos del preso de la cárcel de Mas d’Enric es un punto de inflexión para todos los sindicatos penitenciarios como CSIF o Tú Abandono Me Puede Matar (TAMPM), que llevan años denunciando el incremento de la violencia en las cárceles catalanas, tanto entre presos como contra los trabajadores.

Los funcionarios y trabajadores de las cárceles de Cataluña «le han declarado la guerra» a la Generalitat y piden la dimisión irrevocable de la consejera de Justicia, Gemma Basart, y del secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amén Calderón, para que cambie la errática política del Gobierno Catalán en materia penitenciaria.

Este viernes hay concentraciones previstas en 81 centros penitenciarios de Cataluña y sólo es el principio de una ola de movilizaciones.

Los sindicatos creen que el asesinato de Nuria se habría podido evitar, pero «la Administración de Cataluña no ha hecho nada para frenar la violencia en las cárceles», cuyas cifras se han triplicado desde 2016.

Así lo expresan en un comunicado desde CSIF tras el asesinato de la cocinera a manos del preso: «No puede expresarse con palabras la profundidad de todo lo que sentimos. La rabia, la impotencia y la tristeza nos invaden. Hemos perdido a una compañera. Nos la ha matado un interno, pero también la desidia, las políticas profundamente equivocadas e irracionales, voluntaristas, disfrazadas de un buenismo incomprensible y a la postre criminal que ha puesto fin a la vida de Nuria».

A renglón seguido, señalan como responsable al Gobierno Catalán: «Mucha gente, empezando por los gestores de nuestra propia administración, han ignorado desde hace muchos años lo que es trabajar en una cárcel. Han ignorado las tensiones, los problemas, el estrés, el sacrificio de horarios, pero sobre todo el gran peligro al que estamos sometidos todos los trabajadores y trabajadoras. Desde hace años las agresiones a los trabajadores y trabajadoras penitenciarias catalanas crecen sin freno. En número, pero sobre todo en gravedad».

«Llevamos años sufriendo una política penitenciaria que no sólo no reduce el peligro sino que lo aumenta renunciando a las medidas de protección necesarias, que no protege la integridad y la vida de los trabajadores y trabajadoras así como de las personas internas, que está enfocado sólo a los resultados vistosos, la retórica vacía y la fuga de la realidad», concluyen desde el sindicato penitenciario, y sus compañeros expresan una realidad similar.