La Generalitat ha colocado 60.000 funcionarios más desde el 1-O y gasta 3.000 millones más en sueldos

Los gastos de personal del Gobierno catalán superaron en 2023 los 10.000 millones de euros

Generalitat funcionarios
Pere Aragonés, presidente de la Generalitat.
Roberto Pérez
  • Roberto Pérez
  • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.

Alimentada por las decenas de miles de millones que el Estado le viene prestando en condiciones privilegiadas y que ahora quiere que le condone, la Generalitat independentista ha acelerado en los últimos años la contratación de funcionarios para redoblar su objetivo de dotarse de estructuras administrativas «nacionales». En seis años, el Gobierno secesionista catalán ha engordado su gigantesco aparato con la contratación de 60.000 empleados públicos más y ha disparado en 3.000 millones de euros el gasto anual en sueldos.

Según las cifras oficiales de la propia Generalitat, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, el 31 de diciembre de 2017 –tres meses después de la revuelta independentista– el Gobierno catalán tenía en nómina a un total de 266.173 funcionarios, entendido el término en su acepción genérica de empleados públicos. Cuatro años después, la cifra ya había rebasado los 300.000 asalariados. Y ahora, con toda seguridad la plantilla ya supera ampliamente los 320.000 empleados públicos. El dato exacto se sabrá cuando la Generalitat actualice los datos oficiales de los que tiene en nómina en su administración paralela formada por empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes que se rigen por el derecho privado. El último dato disponible al respecto es el cómputo al 31 de diciembre de 2021.

Sólo en lo que es el entramado estrictamente administrativo –sin contar empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes–, en junio del año pasado la Generalitat ya tenía en nómina a 194.786 personas. Son 10.000 más que dos años antes y 27.000 más que en diciembre de 2017.

Pero, como se ha apuntado, a esos 194.786 funcionarios hay que añadir las decenas de miles de colocados en esa extensa administración paralela en la que el Gobierno catalán hace y deshace con mayor margen de maniobra, porque los procesos de contratación se rigen a medio camino entre el derecho privado y el público.

La Administración y sus aledaños

Al gusto del independentismo, es enorme la dimensión de ese entramado de empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes de lo más diverso. En diciembre de 2017 daba cobijo salarial a 99.054 personas; a 31 de diciembre de 2021 la lista se había disparado hasta llegar a 127.915; es decir, 30.000 más en sólo cuatro años.

El entramado administrativo propiamente dicho y ese otro aledaño de empresas, fundaciones, consorcios y entes son los que conforman el sector público de conjunto que controla la Generalitat y que actualmente supera ampliamente los 320.000 asalariados.

Como se ha apuntado, la cifra exacta no se puede conocer porque la Generalitat lleva años sin publicar los datos actualizados de la plantilla de esa suerte de administración paralela en la que se desenvuelven sus sociedades mercantiles y entes de lo más diverso. El último recuento oficial que ha publicado es el relativo a diciembre de 2021. Al ritmo al que ha engordado la función pública catalana, todo apunta a que lo habrá hecho también en esa administración paralela.

Aunque no hubiera aumentado la plantilla en empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes desde diciembre de 2021 –hipótesis harto improbable–, en estos momentos la lista total de colocados a nómina de la Generalitat ya habría alcanzado los 325.000 funcionarios, entre los que abundan los interinos. Es decir, los que disfrutan de un sueldo de empleado público sin tener plaza en propiedad, en la mayor parte de los casos porque no han superado un proceso selectivo reglado según las normas del derecho público.

Casi 500 altos cargos y asesores

En la plantilla de asalariados de la Generalitat abundan los altos cargos políticos, asesores y altos directivos. Entre las tres categorías son casi 500. Exactamente, 475 en junio de 2023, último dato oficial disponible.

Los políticos independentistas colocados a sueldo del Gobierno catalán son 205, con Pere Aragonés a la cabeza. A su vez, los altos cargos tienen colocados como asesores a 166 afines. La lista de la cúpula de la Generalitat la completan 105 «altos directivos». Y esto contando exclusivamente el Gobierno catalán y la cúpula de la Administración autonómica controlada directamente por él, porque en el entramado de empresas públicas, consorcios, fundaciones y entes hay más, ya que abundan los mandos directivos designados al calor del favor político de turno.

Esa cúpula de altos cargos, asesores y altos directivos ha engordado también de forma ostensible en la Generalitat desde diciembre de 2017. Por entonces estaba intervenida por el Gobierno central, que, ante el golpe independentista, tomó las riendas de la Generalitat catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En ese momento, diciembre de 2017, la Generalitat seguía funcionando con normalidad, sin necesidad de tal cantidad de puestos políticos. Exactamente había un total de 241 altos cargos, asesores y altos directivos; la mitad que ahora.

Gasto desbocado

La continua contratación de funcionarios por parte de la Generalitat, a una media de unos 10.000 más por año en el último sexenio, tiene su reflejo inmediato en el desbocado gasto de personal que acumula el Gobierno catalán.

En 2017, el año de la revuelta independentista, la Generalitat se gastó en personal un total de 7.450,5 millones de euros. En 2022, esta factura ascendió a 9.855,7 millones. Y en el último ejercicio, el 2023, habrá rondado los 10.500 millones de euros: hasta noviembre llevaba gastado en sueldos 9.216 millones, un 6,5% que en el mismo período de 2022.

Desde diciembre de 2017, los gastos de personal de la Generalitat se han disparado un 41%, según se desprende de las cifras oficiales del propio Gobierno catalán.

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