Las prioridades de Sánchez: 48 millones para subvencionar gafas y cero euros para los enfermos de ELA

Mientras miles de familias esperan desesperadamente la aplicación efectiva de la Ley ELA, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado con entusiasmo una nueva medida: una ayuda de 100 euros para la compra de gafas o lentillas dirigida a menores de 16 años, con un coste total de 48 millones de euros. La iniciativa, que se implementará de cara al próximo curso escolar, ha sido presentada como un avance en equidad sanitaria. Sin embargo, para muchos, es una muestra más de la miopía política de un Ejecutivo que elige la estética del titular por encima de la urgencia humanitaria. 

La medida será gestionada a través del Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas y forma parte del paquete de nuevas prestaciones del Sistema Nacional de Salud. «Damos un paso más», dijo Sánchez, acompañado por miembros del ministerio de Sanidad. Pero el paso que no se da —el que claman desde hace más de un año los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica— sigue en punto muerto.

«Damos un paso más para ampliar las prestaciones del sistema público», ha afirmado Sánchez, que ha descrito la medida como un avance social en salud visual. Sin embargo, el anuncio ha provocado indignación en muchos sectores, especialmente entre asociaciones de pacientes y familias afectadas por enfermedades neurodegenerativas como la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), quienes denuncian la ausencia total de financiación para la aplicación de la Ley ELA (230 millones de euros), aprobada por el Congreso hace más de un año y medio.

4.000 personas padecen ELA

La paradoja no ha pasado desapercibida: mientras el Ejecutivo destina 48 millones de euros a ayudas ópticas, no ha habilitado ni un sólo euro para cumplir una ley que podría mejorar drásticamente la calidad de vida de más de 4.000 personas que padecen ELA en España. Muchos de estos pacientes, completamente dependientes, siguen esperando asistencia, atención domiciliaria especializada o acceso a dispositivos vitales, como respiradores, que no están cubiertos por el sistema público.

La crítica no se dirige a la necesidad de mejorar la salud visual de los menores —una medida con sentido social— sino a la falta de coherencia y prioridades del Ejecutivo, que exhibe generosidad con medidas de impacto mediático mientras posterga ayudas urgentes para quienes no pueden esperar.

Otros colectivos como ELA

Un niño sin gafas puede tener dificultades en clase, pero «una persona con ELA sin cuidados puede morir en condiciones indignas», denuncian afectados, que acumulan promesas rotas y reuniones vacías. Sin embargo, dejan claro que no están en contra de otras ayudas a colectivos, pero hacen comparación de su dramática situación.

En un país donde las políticas sociales se anuncian con titulares, pero rara vez se sostienen con presupuesto, el caso de la Ley ELA se ha convertido en un símbolo del abandono institucional. Y ahora, más que nunca, la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve ver mejor, si el Estado sigue eligiendo no mirar?

Estas ayudas han sido aprobadas unas semanas después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a una propuesta del Parlamento de Andalucía, que busca reformar la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para incluir en la cartera común las gafas y las lentillas.

Se pretende dar apoyo a 721.000 niños que necesitan gafas o lentillas, pero que no pueden permitírselas, lo que puede acabar repercutiendo en sus estudios y es que un 30% de los casos de abandono escolar están relacionados con las alteraciones de la visión, según datos del Consejo.