cárcel de Villahierro (León)

Brotes de sarna en las prisiones de Marlaska: la negligencia llega al Tribunal de Vigilancia Penitenciaria

Los expertos alertan de la ausencia de protocolos epidemiológicos efectivos y la falta de personal sanitario

cárceles sarna Marlaska
El ministro Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados (EP)
Diego Buenosvinos

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La cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), vuelve a situarse bajo el foco de la justicia y la opinión pública tras la aparición de sucesivos brotes de sarna entre los internos. La situación ha llevado al Tribunal de Vigilancia Penitenciaria número 3 de León a exigir al centro que investigue las condiciones higiénico-sanitarias de sus instalaciones, tras recibir denuncias formales respaldadas por documentación notarial.

Especialistas y colectivos de derechos humanos consideran que estos incidentes reflejan la falta de actuación efectiva por parte de la Administración Penitenciaria, cuyo deber legal es garantizar la salud de los reclusos. En este contexto, la responsabilidad recae en Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, como máximo responsable de la gestión de los centros penitenciarios. Los expertos alertan que la ausencia de protocolos epidemiológicos efectivos y la falta de personal sanitario suficiente agravan la situación, generando un riesgo real para la salud de internos y trabajadores del centro.

Según el escrito presentado por un abogado en representación de dos internos afectados, la sarna no sólo ha contagiado a una parte significativa de la población reclusa, sino que los esfuerzos de la dirección del centro para contener la plaga han resultado insuficientes. Desde agosto de 2025 se han registrado contagios recurrentes, generando problemas dermatológicos, fiebre e irritabilidad, así como restricciones adicionales a los derechos de los internos, quienes deben permanecer confinados mientras se intenta controlar la enfermedad.

La sarna es una enfermedad cutánea altamente contagiosa causada por el ácaro Sarcoptes scabiei, que se introduce en la piel y provoca picazón intensa, irritación, erupciones y lesiones. Se transmite principalmente por contacto directo prolongado con personas infectadas, aunque también puede propagarse a través de ropa, sábanas o superficies compartidas. Si no se trata adecuadamente, la sarna puede generar infecciones secundarias y complicaciones, especialmente en ambientes cerrados o con condiciones de higiene deficientes, como ocurre en algunos centros penitenciarios.

En este contexto, considera que las medidas profilácticas adoptadas por la Dirección del Centro se muestran «insuficientes» a fin de «erradicar la plaga detectada». En el caso de los internos a los que representa, ha señalado, se han producido contagios recurrentes en apenas unos meses. «Podemos situar el primero en agosto de 2025, habiéndose reproducido otros en fechas recientes», ha apostillado.

Para el letrado, esta situación es «grave», ya que «en algún caso, incluso se ha tenido que lamentar la muerte de algún recluso, entre denuncias de desatención médica, como la producida en fecha 2-5-2023».

«El cúmulo de sucesos sugiere un problema grave que bien justifica la intervención de este tribunal para garantizar el respeto y atención al derecho a la salud de la población penitenciaria de Mansilla de las Mulas», expone el escrito.

Faltan médicos

Pero a este problema que se arrastra desde los últimos siete años en España, se le añade otro que Grande Marlaska tampoco ha querido frenar, como es la grave carencia de médicos, con sólo alrededor del 30 % de las plazas cubiertas en 2025. Esto significa que muchos centros funcionan con un único facultativo para cientos de internos, lo que provoca retrasos en consultas, seguimiento insuficiente de enfermedades crónicas y urgencias demoradas.

Según sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos de los reclusos, esta situación estructural aumenta el riesgo de brotes de enfermedades, compromete la salud de la población penitenciaria y genera traslados frecuentes a hospitales externos.

Aunque la cobertura de enfermeras es relativamente mejor, con un 83 % de puestos ocupados, las ratios siguen siendo insuficientes, y muchas profesionales deben asumir funciones que superan su formación específica. La combinación de falta de personal sanitario y condiciones higiénico-sanitarias deficientes evidencia la necesidad urgente de reforzar las plantillas, mejorar las instalaciones y garantizar protocolos efectivos de salud, para proteger tanto a internos como a los profesionales que los atienden.

Un problema crónico y estructural

No se trata de un caso aislado. Las denuncias apuntan a deficiencias crónicas en la atención médica y en las condiciones de higiene, que afectan gravemente a la salud de la población penitenciaria. Incluso se recuerda la muerte de algún recluso en mayo de 2023, relacionada con la desatención médica.

La situación pone de relieve un problema estructural en las cárceles españolas, donde la combinación de instalaciones saturadas, falta de recursos y medidas sanitarias insuficientes puede generar brotes epidémicos que comprometen la integridad física de los internos.

Medidas urgentes y perspectivas

El Tribunal ha solicitado al centro penitenciario que implemente medidas epidemiológicas efectivas, que incluyan tratamiento médico adecuado, higiene reforzada y protocolos de vigilancia para evitar futuros brotes. Los especialistas apuntan que una intervención rápida y coordinada es clave, y advierten que la repetición de incidentes similares podría ser evitada con recursos suficientes y supervisión estricta.

El caso de Villahierro refleja la necesidad de un plan integral de salud penitenciaria que combine atención médica, higiene, formación del personal y seguimiento epidemiológico. Sin medidas contundentes, brotes como el de sarna podrían reproducirse en otros centros, poniendo en evidencia una crisis silenciosa en el sistema penitenciario español que afecta tanto a internos como a los profesionales sanitarios que trabajan en su cuidado.

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