La vida (no) sigue igual

Es curioso ver cómo a ciertos sectores les entra un repentino celo constitucionalista, una pasión por el derecho procesal casi mística, justo cuando el acusado es el dueño de la banda sonora de sus vidas. Tenemos una investigación periodística seria, con testimonios detallados, sobre agresiones sexuales y maltrato laboral por parte de un hombre de influencia tectónica. La Fiscalía ya ha abierto diligencias por agresión sexual y posible trata. Ante esto, algunos reaccionan reprochando que se «viole» la presunción de inocencia por el simple hecho de contarlo y analizarlo. 

Por supuesto, nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas suficientes y sin un proceso con todas las garantías. Pero la presunción de inocencia no exige silencio a la prensa (hasta que un tribunal hable dentro de una década, cuando el caso esté cubierto por telarañas). Informar de una denuncia, contextualizar patrones de abuso y decir que «tiene mala pinta» no equivale a dictar una condena penal. Tampoco ayuda la consigna de que «el testimonio de la víctima debe bastar por definición» si eso implica prescindir del contraste. Pero quienes escribimos sobre esto estamos confesando un sesgo razonado: cuando juntas a una deidad del bronceado eterno acostumbrada a que el mundo sea su buffet particular con mujeres vulnerables en islas privadas, el olfato no te falla. No es falta de rigor, es memoria histórica de la piel femenina, sumado al trabajo que nos ocupa.

Estoy abierta a discutir si hacemos bien o mal mojándonos, he hablado con varios abogados sobre el tema, pero fingir neutralidad ante un desequilibrio de poder tan obsceno no es rigor, es mimetismo con el paisaje. El periodismo que espera a la sentencia para opinar no es periodismo, es notaría de guardia. Al callarnos, solo fortalecemos el viejo pacto que a lo largo de la historia ha protegido más la reputación de los poderosos que la integridad de las víctimas. Existe un riesgo de error, claro, pero el riesgo contrario hace mucho más daño estructural.

¿Por qué no denunciaron en su momento en comisaría? Esa pregunta, que asoma siempre con una pátina de sospecha, ignora que el dolor no siempre tiene oficina de registro inmediata. En el caso de Iglesias, hablamos de empleadas desvalidas en mansiones de ultramar, aisladas y bajo una jerarquía asfixiante. Para ellas, los medios de comunicación no son un atajo morboso, sino el único muelle capaz de sacudir el letargo de la Fiscalía antes de que el caso se pudra en un cajón de conveniencia. También parece que escuece ver el nombre de Julio en la plaza pública mientras ellas se resguardan en el anonimato. Pero el pseudónimo es la única trinchera posible en una partida donde el rival tiene todas las fichas. Si dan la cara, pierden el pan y la paz para siempre. Que la opinión pública ignore sus nombres no las convierte en fantasmas, el medio y la justicia sí saben quiénes son, han podido verificar sus datos y tienen la capacidad de hablar con ellas, investigar y, si procede, someter su relato a contradicción. Su anonimato es el contrapeso necesario en un tablero donde casi todo, hasta el aplauso, juega en su contra.

Aquí el verdadero agujero negro no está en la inflación de denuncias, sino en la infradenuncia. La mayoría de las agresiones sexuales y de los abusos de poder jamás llegan a un juzgado: hay miedo, dependencia, vergüenza, temor a no ser creídas, a ser arrastradas por la prensa, a ser llamadas directamente putas o, en este caso, al fanatismo de los defensores del famoso. 

Nuestra obligación, como liberales, feministas y demócratas, no es blindar al mito, sino proteger a las pocas que se atreven a romper el cristal. Escucharlas con respeto y exigir que la justicia trabaje es el mínimo ético. Se puede respetar el derecho de un individuo a no ser condenado sin pruebas y, al mismo tiempo, negarse a tratar como ruido la voz de las mujeres que, por fin, han decidido que su vida ya no siga igual.