El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa ha tardado más de un mes en realizar un informe sobre la cepa británica que ha sido desmontado por el mismísimo Boris Johnson en menos de 24 horas. A media tarde, el departamento de Illa, que está pensando más en las elecciones catalanas que en hacer frente a la pandemia, hacía público un documento en el que, a grandes rasgos, aseguraba que la cepa británica «es más transmisible», pero «no tiene mayor riesgo» de causar una enfermedad grave. Pues bien: horas después, el primer ministro británico aseguraba que «nos han informado que, además de propagarse más rápidamente, ahora hay evidencias científicas de que la nueva variante, descubierta por primera vez en Londres y el sureste de Inglaterra, puede ligarse a un mayor grado de mortalidad». Ese mayor grado de mortalidad se cifra en un 30%, de modo que el estudio del Ministerio de Sanidad que asegura que la cepa británica  «no tiene mayor riesgo» de causar enfermedad grave ha quedado absolutamente en entredicho nada más ver la luz. O sea, que ha durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio.

Si ésta es la eficacia de los estudios de Sanidad, que Dios nos coja confesados. Vamos a ver: si se tarda un mes en elaborar un estudio sobre los riegos de la nueva cepa, lo que no puede ser es que el documento esté lleno de lugares comunes y obviedades. Para decir que «es más transmisible, pero no tiene mayor riesgo de enfermedad» no hacía falta tomarse tanto tiempo. Eso es lo que se aseguraba sobre la nueva variante a finales de diciembre. El problema está en que ese «estudio» del Ministerio de Sanidad es un corte y pega carente de hondura, un churro desde el punto de vista técnico y profesional.

Boris Johnson ha triturado el informe del departamento de Salvador Illa en un santiamén. Por decirlo suavemente, lo ha dejado desnudo de argumentos. Aunque, en realidad, argumentos no tenía ninguno.