Si el déficit ya asusta, la deuda total del Estado, ¡se desmelena!

Todo es relativo en esta vida y el déficit público también. Repican las campanas: España cerró 2018 con un déficit público de “sólo” – entre comillas -, el 2,63% sobre nuestro producto interior bruto que ascendió a 1.208.248 millones de euros según el Banco de España y la Intervención General de la Administración del Estado, por debajo de la cota infernal del 3%. ¡Gran dato!, se oye decir a los sumos sacerdotes de nuestras finanzas públicas. Por cierto, que, en Portugal, su déficit público se ha quedado, entre dimes y diretes de unos y otros, según el color político, en el 0,5% del PIB luso. ¡Los portugueses, siempre con humildad y seriedad, sufriendo la severidad de su intervención, cumplen con sus compromisos!

Empero, todo tiene también su valor absoluto, ahí donde las cosas se dejan de relativismos y la crudeza, a veces crueldad, se impone. Nuestro déficit público en 2018 fue de 31.805 millones de euros; en números redondos, las administraciones públicas gastaron 32.000 millones de euros más de lo que ingresaron. ¡Fracaso estrepitoso de los guardianes de nuestras cuentas públicas que desde 2008 a 2018 acumulan más de 789.000 millones de déficit!

El gasto público en 2018 ha superado la barrera de los 500.000 millones de euros, incrementándose respecto a 2017 en 22.515 millones. Y eso que entre impuestos y cotizaciones sociales, los españoles hemos pagado 23.000 millones más que en 2017. En total, la suma de impuestos y cotizaciones pagados por los españoles en 2018 fue de 426.000 millones de euros. ¡Bravo ahí, y qué no se rompa el jolgorio deficitario!

Entre las distintas partidas que conforman el gasto público destaca el gasto en consumo final: 222.643 millones de euros, lo que quiere decir que Papá Estado vuelve por sus fueros con marcadas ínfulas políticas. Porque en 2017 tal consumo público fue de 215.690 millones de euros y si nos remontamos a aquellos tiempos en que los ajustes prevalecían bajo el férreo yugo de Montoro, en 2013 y 2014, tal consumo fue, respectivamente, de 201.899 y 202.048 millones de euros. En 2015, la cosa ya se animó y el consumo público se cifró en 208.923 millones de euros, en 2016 de 211.241 millones y ahora, en 2018, se ha disparado a los antedichos 222.643 millones de euros. Algo de rigurosidad, por consiguiente, se está perdiendo. Y de nuevo, hay que invocar aquella figura a la que tan a menudo nos referimos al hablar del gasto público que es la del presupuesto base cero. En definitiva, que se trataría de que por parte de expertos independientes y sin vínculos con la clase política se marcaran los conceptos y cuantías que han de conformar el gasto público de España. Sin duda, que se pondría freno a tanto desmán derrochador y a tantas veleidades frívolas.

Si golpea el déficit, la deuda se desmadra. Y si en cuestiones de déficit, las Comunidades Autónomas solo generaron en 2018 un saldo negativo de 2.810 millones de euros y la Administración Local, en cambio y como viene siendo habitual, siguió haciendo escrupulosamente sus deberes y obtuvo un superávit de 6.292 millones, el foco deficitario se concentra en la Administración Central, con 18.199 millones de euros perdidos, y, ¡ojo ahí!, en la Seguridad Social cuyo déficit fue de 17.088 millones, lo que confirma, bajo su actual statu quo, la insostenibilidad del sistema y que, tarde o temprano, habrá que enmendar su sesgo negativo. No entremos en detalles que eso nos lleva a replantearnos la edad de jubilación y posibles ajustes en las pensiones…

Si el déficit asusta, la deuda total del conjunto del Estado, es decir, los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas, ¡se desmelena! Cerramos 2018 debiendo 1.656.673 millones de euros, 53.000 millones más que en 2017 y ¡1.061.000 millones más que en 2008! La larga sombra de la deuda total de España equivale, al cierre de 2018, al 137,1% del PIB.
Precisemos que en los pasivos en circulación se incluyen, además del endeudamiento de las administraciones públicas, los pasivos comerciales netos de éstas, las deudas entre administraciones y las diferencias de valoración entre el valor nominal y el de mercado de los instrumentos representativos de la deuda. En todo caso, ¡la deuda trota!