Sánchez y su devoción por los pobres perpetuos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha decidido eliminar el ingreso mínimo vital en todo el país. El argumento es impecable: «Hay muchas personas que se lucran de esta medida sin necesitarlo». Ya sabemos que, según el pensamiento políticamente correcto, Meloni es una fascista, lo contrario al progresismo benefactor dominante en España. Pero no hay que ser demasiado perspicaz para pensar que en nuestro país pasa lo mismo que en Italia, aunque el Ejecutivo esté dispuesto a alentar la impunidad del subsidio irregular.

La diferencia respecto a Meloni es que el Gobierno de Sánchez ha aprobado un aumento del 15% de la cuantía de este ingreso pretendidamente solidario, o sea que ha azuzado el interés por seguir lucrándose de tal regalía, que entraña el peligro cierto de inducir a la corrupción, esa lacra social que el pueblo llano siempre endosa al rico, al que tiene dinero, pero que, a la menor oportunidad, la gente corriente practica a diario, puede que en cantidades pecuniarias menores pero igual de dolosas y de repugnantes.

Todo el plan social de Sánchez para combatir la crisis ahonda en aquello que me dice el profesor Juan Ramón Pin, al que tengo en gran estima: consiste en dar limosnas, y ya sabemos desde tiempo inmemorial que no hay que dar peces a los pobres, sino enseñarles a pescar. El presidente, a fuerza de proteger a los más vulnerables -como no se cansa de repetir- está determinado a instalarlos a perpetuidad en esa situación de indigencia que puede llegar a ser tan cómoda que no invita a abandonarla, pues salir de ella exige el trabajo y el sacrificio que el socialismo repudia como modo de vida, si se puede optar por la protección a cargo del Estado en la espera del sufragio favorable correspondiente.

El tuitero Jon escribe con razón: «Si compran tu voto con un cheque de 200 euros, dejas claro cuál es tu precio. Si no eres consciente de que esos 200 euros los has puesto tú antes, dejas claro que no se han equivocado al ponerte ese precio». Me parece una descripción perfecta de lo que está sucediendo. Sánchez se ha ocupado durante toda la legislatura de legitimar la pobreza, que realmente es un estado penoso y lamentable, pero del que se puede salir si ofreces a la gente los instrumentos adecuados para superarla. El gran Pericles, en su famosa Oración Fúnebre por los muertos en la guerra del Peloponeso, nos lo recordó muchísimos siglos atrás: «Los atenienses no nos avergonzamos de la pobreza, sino de aquellos que no hacen lo posible para salir de la misma». Pero ya escribí el otro día que esta clase de enseñanzas equivale a echar margaritas a los cerdos.

El programa de Sánchez para combatir la crisis tiene un asqueroso aroma electoral, y de hecho caduca -aunque sin duda se prolongará- en el primer semestre de 2023, en los prolegómenos de los comicios locales y autonómicos. El economista Luis Garicano, antes en Ciudadanos, ahora buscando un destino en el PP de Feijóo, ha escrito al respecto: «Pura compra de votos. Sin tapujos. Sin ninguna consideración sobre las consecuencias para la estabilidad presupuestaria de España». Porque esa es otra. Ya comprendo que el común de los mortales tiene escasa preocupación por la higiene fiscal de las cuentas públicas, por la marcha del déficit y el aumento hasta cotas inéditas de la deuda del Estado, pero esto no quiere decir que estos hechos dejen de tener una trascendencia brutal y condicionen el desempeño futuro del país, empujándolo a impuestos aún mayores en un estado que ya se ha convertido en básicamente confiscatorio, con la presión fiscal efectiva más alta de la Unión Europea en términos de renta per cápita, o a una reducción drástica del gasto, que es lo que debería aplicar un Gobierno decente y lo que tendría que hacer Feijóo si tenemos la suerte de que gane las próximas elecciones generales y llegue a la Moncloa.

Porque el caso es que Sánchez se va a gastar 10.000 millones en este enésimo plan anticrisis que va contra el sentido común, la estabilidad económica y, sobre todo, contra los pobres, a los que va a perjudicar gravemente. Para empezar, los topes al alquiler impedirán a los jóvenes y a los ciudadanos en situación más precaria encontrar una vivienda, tras dañar previamente a los propietarios, gran parte de los cuales compensan su renta con el alquiler del piso o de los pisos que han comprado gracias a su trabajo, y que ahora optarán por venderlos ante la falta de rentabilidad recurrente de su inversión, dada la escalada de los precios. Aunque forma parte de una evidencia empírica legendaria, si no permites a los propietarios obtener el rendimiento que esperan poniendo su vivienda en alquiler dejarán de hacerlo, la oferta se restringirá intensamente, y sólo se podrá obtener un alquiler a precio mucho más elevado, que es lo que promete evitar el comunismo instalado en La Moncloa con el apoyo del presidente.

La reducción del IVA, que es el impuesto más eficiente de los posibles, provocará distorsiones en el mercado, empujando a la gente a adquirir bienes que no desean, contra su voluntad, a la vista de las discriminaciones establecidas. Y daña igualmente la libertad de las empresas, que tienen todo el derecho del mundo a fijar los precios según la santa ley de la oferta y de la demanda, después de calcular los costes de todo tipo que soportan, que en las circunstancias provocadas por la guerra, posteriores a las de la pandemia, son altísimos. El cheque de 200 euros es un anzuelo tan frágil como peligroso. Irónicamente, incluso está por debajo de la monstruosidad del bono de 400 euros aprobado para los jóvenes que cumplan 18 años, esos cachorros de nueva generación malversados por las leyes educativas de González, Zapatero y Sánchez sin solución de continuidad, y, por tanto, adictos a la protección general y permanente del Estado e incapacitados para emprender una aventura creadora de riqueza, enchufados a la multiplicidad de derechos de nueva hornada, pero reacios a cualquier obligación con ellos mismos y mucho menos con la comunidad en la que viven, cuyos eventuales problemas endosan al Estado, al que urgen a salir en su socorro.

¿Por qué comete Sánchez todas estas tropelías? Primero, porque se lo está permitiendo la Unión Europea, que mantiene aparcadas las reglas fiscales, y así alienta el desbarajuste presupuestario de los gobiernos, sobre todo de los más adictos al gasto y menos honrados intelectualmente con sus ciudadanos, como el español. En segundo lugar, Sánchez se puede permitir todo este ejercicio furioso de electoralismo porque, previamente, ha esquilmado a todos los contribuyentes, al negarse a descontar la inflación del Impuesto de la Renta, gracias a la que ha engordado hasta niveles récord las arcas del Estado, que luego utiliza en fines espurios. ¿No les parece un completo despropósito?

Cómo dice otro tuitero, «primero te quitan diez y luego te dan cinco, y a pesar del engaño tienes que estar muy agradecido a este gran hombre que tanto se preocupa por nosotros». Pero esto es una política completamente equivocada, además de inmoral. El objetivo primordial de un Gobierno, al menos en términos económicos, no debe ser la protección de la gente, que suele desembocar en la molicie, sino el de aupar a los individuos, incluso a aquellos que están postrados, con las leyes precisas que les permitan dar el salto adelante que tácitamente ansían y que desde luego merecen.