¿Racismo inmobiliario?

racismo, Okupas, Barcelona, Cataluña
  • Teresa Giménez Barbat
  • Escritora y política. Miembro fundador de Ciutadans de Catalunya, asociación cívica que dio origen al partido político Ciudadanos. Ex eurodiputada por UPyD. Escribo sobre política nacional e internacional.

Qué contentos estamos en Cataluña. Tenemos otra muestra de lo muy avanzados que estamos en cuanto a la lucha por los derechos de las personas y contra los prejuicios más inveterados. Hace unos días, la Generalidad de Cataluña, a través de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND), impuso una multa de 10.001 euros (la mínima prevista por la ley) a una agencia inmobiliaria de Mataró, en Barcelona, por discriminación en el acceso a la vivienda por motivos «étnico-raciales». El perjudicado era un hombre de origen marroquí, residente en esa ciudad, con más de 20 años en España.

En enero de 2024 solicitó visitar un piso en alquiler, pero la agencia le dijo que ya estaba arrendado. Para probar la discriminación que sospechaba, un compañero de trabajo con nombre catalán hizo la misma consulta y a él sí que le dieron cita. Cuando Hamid, que así se llama el marroquí en cuestión, acudió a la visita, el administrador admitió que los propietarios no querían alquilar a personas de su país de origen. A partir de aquí, Hamid denunció a 13 agencias en total por prácticas similares, aunque muchas se archivaron por cuestiones de burocracia o de prescripción. Pero la denuncia de Mataró avanzó gracias al apoyo del Observatorio DESCA y SOS Racismo, y se ha resuelto ahora en 2026 como infracción grave bajo la Ley 19/2020 catalana de igualdad de trato y no discriminación. Además de la multa, la agencia no podrá recibir ayudas públicas ni contratar con la Generalitat durante un año.

No seré yo quien defienda los prejuicios, las prácticas discriminatorias ni cualquier hecho que vulnere el principio de igualdad entre los ciudadanos. Pero, primero, veamos qué es un prejuicio. Varios autores en Psicología Evolutiva defienden que los prejuicios y los estereotipos no son meros errores cognitivos, sino paquetes de información o mecanismos adaptativos forjados por la evolución para permitir una toma de decisiones rápida en entornos ancestrales inciertos y peligrosos, donde la velocidad importaba más que la precisión absoluta.

Steven L. Neuberg y Mark Schaller destacan en su enfoque de «gestión de amenazas evolutiva» (evolutionary threat- management approach) que los prejuicios son adaptaciones diseñadas por la selección natural para manejar amenazas relevantes para la supervivencia y la reproducción. Generan respuestas rápidas y específicas ante categorías de personas percibidas como riesgos, por ejemplo. Martie G. Haselton y David M. Buss, con su Teoría de la Gestión de Errores (Error Management Theory), explican que los sesgos cognitivos -y eso son los prejuicios- evolucionaron para inclinarse sistemáticamente del lado de la precaución (como un detector de humo que da falsas alarmas pero evita incendios reales). Esto minimiza los daños graves en decisiones rápidas bajo información limitada, pero genera falsos positivos en contextos modernos.

Otros como Andrés Tobeña, Isaac Marks y Reuven Dar argumentan que los prejuicios aceleran la detección de objetivos, facilitan elecciones prácticas a corto plazo y crean categorías estables en entornos cambiantes, actuando como herramientas neurocognitivas adaptativas. Eso que ellos llaman «heurísticos evolutivos» empaquetan conocimiento ancestral para decisiones veloces y de bajo coste computacional, aunque hoy puedan ser desadaptativos o injustos en sociedades complejas. Como en el caso, precisamente, de una inmobiliaria o de unos clientes que creen tener razones, basadas en la corazonada o en la vivencia, para defenderse de un perfil humano concreto ante un riesgo potencial para su patrimonio.

Así que, no, seguramente no es del todo irracional la actuación de una inmobiliaria que tiene experiencia y estadísticas. Los motivos que denuncia la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND) no tienen que ser necesariamente «étnico-raciales», tampoco. En vez de sancionar a la gente, incluso de criticar, como hacen, que la multa sea la mínima (el rango va hasta 40.000 euros o más en casos graves), deberían trabajar para que el arrendador tenga más instrumentos de defensa ante los múltiples perjuicios que una mala elección de arrendatario le pueda causar. En esa oficina de la Generalitat, al parecer, no habrán oído hablar nunca de este fenómeno tan escandaloso y que tanto daño causa llamado «ocupación».

Ya sabemos que no vamos escasos de caraduras autóctonos, y que ser marroquí no es ni debería ser una amenaza per se. Efectivamente: es un prejuicio. Pero todos sabemos que a un arrendador le da igual que el arrendatario sea blanco, negro o verde: lo que quiere es cobrar cada mes y que no le estropeen la propiedad. Y que, como cualquier agente que razona y aprende de la experiencia, es posible que se sienta más tranquilo ante ciertos colectivos que ante otros. El racismo no tiene nada que ver.

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