El derecho al voto no puede ser anulado por ninguna circunstancia administrativa

En los últimos días, los sindicatos CCOO, CSIF y UGT han alertado sobre la alarmante situación que se está produciendo en Correos y que puede poner en riesgo el derecho efectivo de todos los ciudadanos a ejercer su libre albedrío en las elecciones generales del día 23 de julio.

Los tres sindicatos han denunciado que los refuerzos prometidos por Correos para hacer frente a una petición de votos por correos sin precedentes –no en vano jamás nadie convocó sorpresivamente elecciones en pleno periodo de vacaciones- no han acabado de materializarse en acciones concretas en las oficinas repartidas a lo largo de España, con lo que muchas de ellas «están desbordadas» ante el incremento de las solicitudes.  Y que a dos días de que finalice el plazo para repartir loas papeletas solicitadas, más de un millón de ellas están aún en Correos.

Según los últimos datos conocidos -UGT acaba de denunciar que la dirección amenaza con despedir a quien aporte datos sobre la situación- hay unos dos millones de votos solicitados que aún no han sido emitidos y casi un millón de votos  que aún no han sido repartidos a los demandantes para que puedan ejercer su derecho

Más allá de que los trabajadores de Correos se estén viendo obligados a enfrentarse a una situación laboral que les desborda, ante esta situación provocada por la irresponsabilidad del convocante y la desidia de los directivos de Correos (vasos comunicantes entre Sánchez y Serrano, su ex jefe de Gabinete), si esto no se resuelve satisfactoriamente, los principales perjudicados serán los ciudadanos que han solicitado votar por correo y no han podido hacerlo.

La ley electoral establece que cuando un ciudadano solicita el voto por correo ya no puede votar presencialmente. No recuerdo la argumentación que dieron los legisladores para modificar el sistema anterior que daba prevalencia al voto presencial, pero parece que no fue asunto conflictivo, pues la reforma se aprobó pacíficamente. Lo que resulta evidente es que el legislador no pudo prever que una parte de quienes solicitaran el voto por correo no iban a poder ejercerlo porque no les llegarían a su domicilio las papeletas para poder votar, por lo que no reguló en la ley -a través de una disposición transitoria o adicional- cómo se garantizaría el derecho fundamental al voto si tal circunstancia se produjera.

Resulta evidente que estamos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. Porque lo que bajo ningún concepto podemos aceptar es que a los ciudadanos se nos robe un derecho fundamental que es el de votar. Por eso creo que en este momento la pelota está en el tejado de la Junta Electoral Central. La institución que ha de velar por la limpieza del proceso y que debe garantizar que no se conculca ningún derecho de los ciudadanos  a la hora de ejercer su libre albedrío, también tuvo que actuar de forma extraordinaria tras los intentos de fraude detectado en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. En esa ocasión, y para garantizar la limpieza en el proceso, tuvo que llenar un vacío legal y dictó una instrucción exigiendo la presentación del DNI también a la hora de entregar el voto en las oficinas de Correos.

Ahora no se trata de que se haya detectado un intento de fraude sino que el hecho de que Sánchez haya convocado elecciones para un día en el que un enorme porcentaje de los españoles están de vacaciones –los trabajadores postales no son una excepción- ha venido a complicar más aún la precaria situación de Correos y a dificultar sobremanera el derecho de los españoles a ejercer su voto. Desde el mismo día en que Sánchez eligió el 23 de julio para la celebración de elecciones se sabía –y los propios sindicatos lo denunciaron- que este atasco se iba a producir si la dirección de Correos no actuaba con diligencia. Y así ha sido.

Desatadas todas las alarmas, Correos ha tenido que tomar la decisión de abrir sábado y domingo sus oficinas en el último fin de semana en el que se pueden repartir las papeletas, reconociendo de esa manera el atasco que niegan tanto sus dirigentes como los voceros del PSOE y el propio culpable de la situación, el presidente que decidió castigar a los españoles convocando elecciones en pleno verano. No sé si con estas medidas de última hora se superará el monumental atasco en Correos  y todas las sacas se repartirán a tiempo de que ejerzamos nuestro derecho quienes hemos decidido votar por correo. Lo que se es que si no se hubiera dado la voz de alarma cientos de miles de papeletas no hubieran sido repartidas.

Lo que resulta evidente es que el Estado Constitucional y de Derecho no puede permitirse  esperar a actuar si se produjera la circunstancia indeseable y quedaran sin repartir una, diez o diez mil sacas. La JEC tiene que hacer lo necesario para garantizar el ejercicio del derecho al voto de forma que todo ciudadano que habiendo solicitado votar por correo y no haya recibido las papeletas pueda votar presencialmente. Porque los derechos fundamentales no son negociables ni pueden ser anulados por una circunstancia administrativa, por incompetencia o por mala fe.