Datos estremecedores

El Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión – antes empleo, o trabajo, ahora pues ya ven, Ministerio de la Invasión – ha publicado el informe trimestral sobre extranjeros «legalizados» en España.

Las cifras son estremecedoras. Y cuidado, que no son datos totales pues hay decenas de miles de personas extranjeras que viven en España sin poseer documentación de residencia, sí, esos que PSOE y PP, con el apoyo de oenegés y parte de la jerarquía eclesiástica quieren «legalizar», amnistiar, de golpe. Esta semana he podido ver a unos cuantos cientos de ellos, mayores de edad, varones todos, sin excepción, en edad militar, fuertes, sanos, entrenando en centros de «primera llegada» en Santa Cruz de Tenerife o Gran Canaria.

Como miembro de Patriotas por Europa, el grupo parlamentario que se ha conjurado en la Reconquista de nuestro continente, estuve en las Islas Canarias en una nueva misión sobre la inmigración ilegal en España. En mayo estuve en otra misión en El Hierro. Llevo a gala ser el único de los 720 eurodiputados que ha estado en ambas misiones. Escuchando la propaganda absurda e inmoral del gobierno, que presume de gestión, mientras es cómplice directo de la invasión inmigratoria. Y viendo de primera mano la realidad. La realidad que viven los vecinos del barrio de La Isleta o de La Laguna, por poner solo unos ejemplos.

El número de extranjeros con documentación de residencia en vigor a 30 de junio de 2025 es de 7.371.577 personas, un 4,9% más que un año antes; este dato incluye también a británicos – con su régimen especial post-Brexit – y a los nacionales de la Unión Europea más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza.

Si nos fijamos solo en los extranjeros de la Ley de Extranjería o los supuestos «asilados o bajo protección internacional», el incremento anual es del 9%; es decir, 274.838 inmigrantes «legales» más. En los últimos 4 años el crecimiento acumulado es del 43%. Un millón más de extranjeros en 5 años. Un millón.
La prueba de que PP y PSOE montaron y han desarrollado un sistema nefasto, abusivo y en perjuicio de los españoles que solo se ha podido mantener con kilos de oro repartidos en medios de comunicación, sindicatos y oenegés que han asegurado un viscoso manto de silencio la hallamos si buceamos en los tipos y motivos de concesión de las autorizaciones.

Tenemos más de 1,5 millones con autorizaciones de residencia permanente, lo cual no significa que estén trabajando, cotizando y pagando impuestos, pues no existe automaticidad en la condición. Al contrario, son extranjeros que suman años para conseguir la nacionalidad, por el mero transcurso del tiempo, cambiando el cuerpo electoral y quedando «blindados» a salvo una reformas legales absolutamente de imperiosa necesidad.

Entre las autorizaciones temporales, sólo 1 de cada 3 tienen una autorización concedida por motivos de trabajo; lo cual no significa que estén trabajando, cotizando y pagando impuestos; y el resto no se vinculan a ofertas y puestos de trabajo, desde autorizaciones por el famoso (por infame) arraigo, la reagrupación familiar, la protección internacional o asilo, la violencia de género o 105.000 autorizaciones por residencia no lucrativa, que ni siquiera pueden trabajar.

¿Se entiende ahora lo que sucede con las imágenes del metro de Madrid, el precio de la vivienda, la saturación de los servicios sanitarios, retraso en la atención, sobrecostes, colapso de la atención primaria y las subidas brutales de impuestos para pagar todo lo que supone esta llegada masiva e indiscriminada?

Datos estremecedores que sólo reflejan tímidamente el impacto brutal que está teniendo ya en el paisaje, la convivencia y la identidad de barrios, pueblos y ciudades; así como en el derrumbe del llamado estado del bienestar.