Sánchez recoloca en La Moncloa a la mano derecha de la ex alcaldesa de Móstoles imputada por corrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado en su Gabinete de Presidencia a Vicenta Palomo, la que fuera directora de Alcaldía de Móstoles y mano derecha de la socialista Noelia Posse. Esta última está imputada por corrupción en contratos públicos durante los años en los que fue alcaldesa de esta localidad madrileña.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, Vicenta Palomo dejó hace un mes su puesto como técnico de Cultura en el museo de la ciudad de Móstoles para irse a Moncloa por mandato de Iván García Yustos, ex concejal socialista de Móstoles, persona de confianza de Pedro Sánchez y sostén de Noelia Posse.

Se trata de un movimiento que no resulta extraño, ya que fuentes conocedoras del caso confirman que desde Moncloa buscan ahora proteger a Vicenta Palomo que este martes tuvo que declarar como testigo en la macrosala de Boadilla del Monte por la investigación judicial a Noelia Posse que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles.

García Yustos forma parte desde septiembre de 2018 del grupo de asesores del Gabinete de Presidencia. Este Gabinete cuenta con asesores en distintas materias y, especialmente, en asuntos políticos y económicos. En este contexto, García Yustos estaría coordinando el área de asesoría política.

Noelia Posse imputada por corrupción

La socialista Noelia Posse ha estado inmersa en diferentes casos de presunta corrupción. En el más reciente de todos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la sitúa entre 2018 y 2023 en un hotel de parejas con un empresario de la comunicación que recibió decenas de contratos supuestamente fraccionados durante su etapa al frente del Consistorio de Móstoles.

Como publica este martes El Confidencial, la causa gira sobre la presunta licitación fraudulenta de contratos menores de comunicación a un grupo de empresarios del entorno del ayuntamiento. Los hechos se habrían producido durante los mandatos de David Lucas (2015-2018), actual secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, y la propia Posse. Entre los investigados figuran varios concejales y cargos municipales del PSOE, como el ex edil de Hacienda Javier Gómez; la ex teniente de alcalde, Jéssica Antolín, y el ex concejal de Presidencia, Roberto Sánchez.

Posse habría presionado a sus subordinados para que dieran contratos a tres empresarios. El dinero salió del Consistorio y de un ente público local llamado Móstoles Desarrollo. Para teledirigir las licitaciones, se fraccionaban presuntamente los contratos y se manipulaban los concursos para que ganara la empresa previamente seleccionada.

La dirigente imputada y procesada en otro caso, que tiene el apoyo de Moncloa, declara la próxima semana como investigada por esas adjudicaciones por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Caso ITV

El año pasado, en septiembre, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles decidió abrir juicio oral contra la ex alcaldesa socialista de esa localidad, Noelia Posse, acusada de prevaricación y malversación de fondos en el conocido como caso ITV.

El Ministerio Público solicitaba 12 años de inhabilitación para ella y otros ocho miembros del Gobierno municipal de la anterior legislatura, todos ellos del PSOE.

Se investiga si se perjudicaron las arcas municipales cuando el Ayuntamiento decidió de forma arbitraria presuntamente condonar la deuda de una empresa encargada de realizar las inspecciones técnicas de vehículos. En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los acusados «causaron un perjuicio económico» al Ayuntamiento de Móstoles, estimado en 615.000 euros, al perdonar la deuda adquirida por esta empresa y reducir el canon anual a 60.000 euros.

Además, subraya que el Gobierno municipal tomó esta decisión «a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor», quien había alertado sobre la ilegalidad del procedimiento.

La alcaldesa de los enchufes

La polémica ex alcaldesa de Móstoles, contrató como responsable de redes sociales del Ayuntamiento a su propia hermana por 55.000 euros anuales. También actuó y movió hilos para que nombraran como encargado general de la empresa pública de Servicios de limpieza en Alcorcón (Esmasa) a Fidencio Prieto Moro, hermano de la ‘número 3’ de la lista del PSOE mostoleño, Rebeca Prieto Moro.

Por otro lado, Gonzalo Sánchez Oliva, ex pareja de la regidora, también se encargó, gracias a ella, del área de nueva creación de Emergencias de Mantenimiento, apareciendo como otro de los conocidos a los que Posse benefició en el Ayuntamiento de Móstoles. A él le dieron el puesto de jefe de grupo con un plus de 800 euros.

Una ex alcaldesa que sigue siendo concejal en la oposición y que tiene múltiples frentes judiciales abiertos.