El PSOE exige declarar Móstoles zona tensionada tras paralizar 430 licencias del Plan Vive para jóvenes
Estaban bloqueadas desde 2022, cuando gobernaba la socialista Noelia Posse, y se han tenido que desbloquear en un mes
El PSOE de Móstoles ha exigido declarar el municipio como zona tensionada para aliviar el problema de los precios del alquiler, pese a que el Gobierno socialista -predecesor al del alcalde Manuel Bautista (PP)- dejó paralizadas las licencias de construcción para sacar adelante 430 viviendas del Plan VIVE, dirigido principalmente a los más jóvenes, según fuentes consultadas por OKDIARIO.
Estas licencias se encontraban bloqueadas desde 2022, a pesar de que el proyecto de edificación se destina a viviendas de promoción pública que se ofrecen en régimen de arrendamiento, con un alquiler que marca un 40% menos respecto al precio de mercado. El Ejecutivo de la socialista Noelia Posse inmovilizó las obras, que se levantan en suelos de titularidad de la Comunidad de Madrid, mientras que de la gestión de las licencias se encarga el Ayuntamiento.
El equipo de Gobierno del popular Manuel Bautista se encontró con el pufo y tuvo que desbloquear la concesión de todas las licencias en sólo un mes, para sacar las 430 viviendas protegidas, con una concesión temporal de 50 años tras los cuales las promociones vuelven a ser propiedad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Se han diseñado en conciencia para adaptarlas a diferentes estilos de vida y a las preferencias de los jóvenes y las familias de renta baja a las que están dirigidas, por lo que las hay con piscina, con garaje, con zona infantil, con jardines, con trastero, con gimnasio e incluso con zonas de coworking, mientras que otras están adaptadas para personas con discapacidad.
Aun habiendo desatendido esas construcciones, el grupo municipal socialista llevó al pleno del Ayuntamiento su solicitud para declarar Móstoles como zona tensionada, ya que la reciente Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez dota a las comunidades autónomas de mecanismos que posibilitan contener el incremento de los precios, aunque para ello hay que intervenir el mercado inmobiliario.
El PP, incluida Isabel Díaz Ayuso, rechaza esta medida por entender que va en contra de la libertad de mercado y la propiedad privada, por lo que la Comunidad de Madrid ha decidido impulsar el plan VIVE y otras 10 medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Otros ‘pufos’
Asimismo, según fuentes consultadas por OKDIARIO, el Ejecutivo socialista también mantuvo paralizado el Urbanismo. A su llegada había más de 1.700 registros en el área de Urbanismo sin atender y las licencias tardaban hasta 18 meses en concederse con el Gobierno municipal del PSOE. En la actualidad, las licencias se conceden en un plazo medio de tres meses.
Estos no serían los únicos agujeros negros de los socialistas, que generaron gran revuelo con el caso ITV. De hecho, el pasado mes de marzo, a propuesta del Ejecutivo de Manuel Bautista, el Ayuntamiento de Móstoles acordó revertir la condonación de la deuda a la empresa adjudicataria ITV Móstoles S.L., en una sesión extraordinaria del pleno, con los votos del PSOE en contra. La cifra era cercana a los 2,5 millones de euros y se tuvo que tomar la decisión de revertirla al considerar «lesivo» para las arcas municipales el acuerdo que se alcanzó en la Junta de Gobierno Local anterior, el 20 de octubre de 2020, con la socialista Noelia Posse como alcaldesa.
El acuerdo de la Junta de Gobierno salió adelante pese a los informes desfavorables del Interventor Municipal y la Secretaría General del Ayuntamiento de Móstoles. La empresa concesionaria había dejado de abonar el canon al Ayuntamiento en 2013, y debía las cuotas desde entonces. Al declarar lesivo el acuerdo, el Ayuntamiento de Móstoles puede reclamar a la empresa la deuda correspondiente a los ejercicios incluidos entre 2015 y 2023.
Una vez que se ha aprobado la lesividad, será el Tribunal Contencioso-Administrativo el que revierta o no el acuerdo de la Junta Local del 20 de octubre de 2020. Por el momento, Noelia Posse y otros cuatro concejales socialistas involucrados en este asunto continúan sentados en el salón de plenos de Móstoles.