La obra Altsasu ‘amnistía’ a los agresores proetarras: «Les pidieron más años que a Bretón»

La obra de Altsasu (Alsasua) se ha estrenado este jueves en el Teatro de La Abadía de Madrid con una defensa sin fisuras de las tesis podemitas sobre el caso, en las que se culpa al Estado del «calvario» judicial que tuvieron que afrontar los jóvenes proetarras que el 15 de octubre de 2016 propinaron una brutal paliza a dos guardias civiles y a sus parejas en el bar Koxka de la localidad navarra. OKDIARIO ha asistido a su estreno.

Poco antes de que comenzara, un nutrido grupo de manifestantes de Vox han protagonizado una protesta por su representación en un espacio sufragado por la Comunidad de Madrid y, al otro extremo de la calle, otros manifestantes, mucho más escasos, clamaban por la «libertad de expresión» convocados por Podemos, cuya futura líder en Madrid, la condenada Isa Serra, ha acudido al estreno.

Al inicio del espectáculo, del que se han vendido todas las localidades, el director del teatro, Juan Mayorga, ha hecho un alegato a favor de «la humanidad» y de «la paz». «Antes que con discursos, la libertad se defiende ejerciéndola; antes que con discursos, la paz se defiende practicándola. Esta noche, en este teatro, vamos a realizar un acto de paz y de libertad y, haciéndolo, vamos a mandar un mensaje importante a todas las personas que hacen teatro en este país y fuera de este país», ha lanzado.

Altsasu, en la que sólo intervienen cuatro actores que representan a todo el elenco de personajes, acompañados por un puñado de taburetes, reproduce la paliza que sufrieron dos guardias civiles y sus novias en octubre de 2016 en Alsasua. Las referencias a Francisco Franco y al Cara al Sol no tardan ni un minuto en aparecer en escena.

Durante los 90 minutos de representación, prima la visión de los agresores, a los que se muestra la mayor parte del tiempo como víctimas y como damnificados por una justicia represiva y vengativa. Hasta tal punto esta es la imagen de la Justicia española que ofrece la obra, dirigida por María Goiricelaya -presente en la sala-, que en un momento dado la actriz que hace de juez apalea a los agresores mientras chilla las condenas.

Aunque la función trata, sin éxito, de mostrarse equidistante y de ofrecer también la visión de los guardias civiles -a los que pone como unos babosos con sus novias- y de sus familiares, lo cierto es que en todo momento el montaje está dirigido para que la empatía se dirija hacia los agresores.

Frases como «ahora todo lo que quiera el Estado es terrorismo» o «ni queremos ni necesitamos a la Guardia Civil», ponen de manifiesto su intencionalidad, rebajando lo sucedido por la otra parte a «un tobillo roto» frente a años de cárcel injusta y padecimiento por el otro lado.

Durante la reproducción del juicio, se trata de transmitir sin ningún tipo de disimulo que los guardias civiles habrían mentido en sus declaraciones, que los hechos denunciados no habrían sido tan graves como intentaron hacerlos parecer o incluso que los acusados ni habrían estado presentes en el lugar de los hechos.

Además, se lanza que las peticiones de penas a los agresores de Alsasua fueron mayores que las que se pidieron en su día para José Bretón por asesinar a sus dos hijos menores o para La Manada de los San Fermines de Pamplona.

En la mayor parte de las ocasiones, los policías y guardias civiles que aparecen en la obra hacen abuso de su autoridad. Cuando se representa las detenciones a los acusados se hace con extrema violencia, poniendo a los agentes como matones que incluso gritan a uno de los detenidos «¡Viva España!» cuando le mete en el coche policial.

Asimismo, se hace una representación burda, tosca y ridícula de peritos, abogados y jueces frente a la abogada defensora de los agresores, a la que se perfila como una gran profesional con argumentos imbatibles.

Del otro lado, se muestra a los familiares de los agresores sufriendo por tener que ir a ver a sus hijos a cárceles a Madrid, y a éstos pasando penurias en prisión por unos hechos que en ningún momento reconocen.

«Hay mucha gente que no quiere que la Guardia Civil esté aquí, en el pueblo, y yo me incluyo, no quiero que estén en Altsasu, ni por lo que suponen, ni por lo que hacen, ni por lo que pueden hacer en un futuro. Tengo mil razones políticas para pensar que estaríamos muchísimo mejor sin la Guardia Civil pero, por favor, esto es un posicionamiento ideológico y político, esto no es odio. Mi hijo sigue en la cárcel, son más de 1.400 días. Nunca piensas que esto te puede pasar a ti», esgrime la madre de uno de los agresores casi al término de la obra, mientras que la madre de uno de los guardias civiles recuerda que su hijo necesitó más de 6 meses de recuperación porque «lo molieron a palos».

Para terminar, después de un extraño baile tribal, dos de los protagonistas de Altsasu claman: «Enseñando los dientes, reclamo con toda fiereza, que la fuerza sin ley siempre fue tirana, que soy capaz, desde mis entrañas, de que despierte la tierra, que puedo hacer que se siembre con fortuna y que vuelva la luz tras el tormento, que la nieve arda y la cría continúa porque mi lado humano un día comprendió que sólo siendo animal, lluvia o tierra sobreviviríamos, porque la supervivencia de un pueblo está en mirarse y poder decir quién es».

¿Qué pasó en Alsasua?

En noviembre de 2016, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza por un delito de terrorismo para 6 de los 8 detenidos como partícipes directos en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de ese año en Alsasua.

La juez decidió adoptar esta decisión a petición del fiscal José Perals, que veía indicios de delito en los seis acusados, concretamente de terrorismo según el artículo 573 bis.1 cuarto, consistente en «provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».

En 2018, la Audiencia Nacional condenó a los 8 acusados a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

El tribunal apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que los acusados actuaron movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos, pero entendió que no quedó plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA.

La sentencia de la Audiencia Nacional relata cómo en la madrugada del 15 de octubre los dos guardias civiles, acompañados por sus parejas, fueron al bar Koxka de Alsasua con la intención de tomar unas consumiciones. Uno de ellos, el teniente, al dirigirse a los baños, fue interceptado por uno de los acusados, Ohian Arnanz, que le increpó llamándole “madero”.

Desde ese momento se fue incrementando la tensión en el interior del bar, hasta que las 4 víctimas fueron rodeadas por un grupo de unas 25 personas que les increpaban para que se fueran, con expresiones como «os vamos a matar por ser guardias civiles», «hijos de puta», «pikoletos», «cabrones» o «txakurras».

Ante los golpes y patadas, los cuatro intentaron salir del establecimiento, «haciéndose como una especie de pasillo por donde pasaron los denunciantes y eran agredidos por los acusados antes mencionados, que propinaban todo tipo de golpes, patadas y puñetazos, así como por otro número importante de individuos que se iban congregando y que no han llegado a ser identificados totalmente».

La pelea continuó en la calle, hasta que llegó una Patrulla de la Policía Foral de Navarra. La situación de crispación y violencia llegó a un nivel tan elevado que los dos policías forales temieron por su integridad física y tuvo que acudir la Unidad de Intervención de Antidisturbios de la Policía Foral.

El teniente permanecía inmóvil en el suelo porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné. La sentencia describe cómo una de las acusadas, Ainara Urquijo, dirigiéndose a la novia del sargento y con el dedo en alto, en tono intimidatorio le dijo: «Esto os ha pasado por bajar al pueblo, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo».

Pese a la «notabilísima gravedad de los hechos», el tribunal consideró que no quedaron plenamente acreditados los requisitos que recoge la jurisprudencia para condenar por delito de terrorismo.

La sentencia destaca la «significativa profesionalidad» de los guardias civiles, que no respondieron con ningún tipo de actitud defensiva y no se dejaron llevar por la agresividad frente a las provocaciones y la violencia desplegada por los acusados. El tribunal también resaltó la valentía de las novias de los guardias civiles «y el aplomo que demostraron igualmente al no contestar a las referidas provocaciones y no siendo ayudadas por ninguna de las personas allí presentes».

En 2019, el Tribunal Supremo condenó a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses a los 8 acusados, por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y/o amenazas. La Sala estimó parcialmente los recursos de todos ellos y redujo las penas al suprimir la agravante de discriminación en su actuación y la agravante de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado (que se mantuvo en los delitos de lesiones). La sentencia contó con el voto particular de dos magistrados, que consideran que debió mantenerse la agravante de discriminación.