Madrid rechaza retirar la obra que blanquea el ataque proetarra de Alsasua: «Sería censura»

El director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Cabrera Martín, defendió que el Teatro de la Abadía, subvencionado con cerca de dos millones de euros por el Gobierno regional, tenga programada la obra Altsasu, de María Goiricelaya, que blanquea el brutal ataque que sufrieron dos guardias civiles y sus novias en la localidad navarra de Alsasua en 2016 por parte de ocho jóvenes proetarras y que cuestiona la acción de la Justicia, porque en «en Madrid no hay censura».

Cabrera compareció esta semana en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, donde Vox le pidió que esta obra de teatro fuera retirada de la programación del Teatro de la Abadía, en el que está previsto que se represente el próximo mes de enero.

Desde la formación liderada por Rocío Monasterio, la diputada Ana Velasco Vidal-Abarca, justificó esta petición en que este montaje «ampara a los agresores y criminaliza a los guardias civiles» en una localidad como Alsasua donde la Benemérita «ha sido atacada implacablemente» por la banda terrorista ETA y por su entorno.

Sin embargo, el director general, a pesar de reconocer que no había visto la obra, mostró su confianza en que esta tendrá la «excelencia artística» que caracteriza a toda la programación del Teatro de la Abadía y defendió que en Madrid «no hay censura» y hay que «respetar la libertad» de los creadores.

Además, en un ejercicio de absoluta contradicción, a pesar de reconocer que la obra en cuestión se basa en «un hecho histórico», que se saldó con 8 condenados por el Tribunal Supremo por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, acto seguido enfatizó que se trata de «una ficción».

Por otra parte, Cabrera comparó la obra de María Goiricelaya con el libro Patria, de Fernando Aramburu, intentando poner ambas creaciones en el mismo plano, como si fuera lo mismo una obra que blanquea las actuaciones del entorno de ETA y que tacha de «desproporcionada» a la Justicia que se representa en un teatro subvencionado por todos los madrileños que una obra literaria llevada a cabo de forma privada, que ha gozado de un éxito sin precedentes y que supone una condena sin ambages del terrorismo.

Una postura por parte de la Comunidad de Madrid que contrasta con la del PP en el País Vasco, donde la portavoz del Ayuntamiento de Vitoria, Ainhoa Domaica, pidió en 2021 que esta misma obra se retirará del Festival Internacional de Teatro de la capital vasca por ser un ejemplo de «adoctrinamiento nacionalista».

Urtaran politiza hasta el Teatro Principal de Vitoria con ‘Altsasu’.

“Estamos hartos de este Nacionalismo que lo impregna todo. No queremos un alcalde del PNV que nos adoctrine. Queremos vivir en una Vitoria en Libertad”.
🎥 @DomaicaAinhoa

Nacionalismo o #Libertad. pic.twitter.com/nASNRtoMz5

— PP Vitoria-Gasteiz (@PPVitoria) November 9, 2021

Sinopsis de la obra

La sinopsis de la obra, que puede verse en la página web de Teatro de la Abadía, critica que en el juicio a los ocho agresores proetarras de Alsasua no se realizó una «reconstrucción de los hechos» y blanquea a los condenados llamándoles «jóvenes arraigados en su tierra condenados a vivir en prisión».

La síntesis de la representación esboza un escenario en el que los agresores son «unos vecinos del pueblo» mientras que los agentes de la Guardia Civil y sus parejas son «unos visitantes». Todos ellos coinciden en la noche del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka donde se produce lo que en la obra califican como «un altercado» que se salda con «un tobillo roto y varias contusiones entre los participantes». Horas después, la obra critica que el pueblo de Alsasua se convierte en un «plató de televisión».

La «culpa» de que los «hechos» se conviertan en un «espectáculo» y en un «asunto de Estado» la tiene el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) por denunciar lo ocurrido ante la Audiencia Nacional.

«Esta organización introduce la acusación de terrorismo y el operativo policial contra nueve jóvenes se pone en marcha. Siete de ellos ingresan en prisión inmediatamente. A la vista oral, que comienza el 16 de abril de 2018, se llega con peticiones fiscales de entre 62 y 12 años de prisión para ocho jóvenes. El juicio es seguido con expectación en todo el estado español, por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades y el abuso de la expresión terrorista que impulsa la Fiscalía», reza la descripción.