Un teatro subvencionado por la Comunidad de Madrid acoge una obra que ampara el ataque proetarra de Alsasua

El Teatro de la Abadía de Madrid tiene programada la obra de teatro Altsasu (Alsasua) de María Goiricelaya para su representación el próximo mes de enero. Se trata de una obra basada en la brutal agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus novias en la localidad navarra de Alsasua en 2016 y que se saldó con ocho condenados por el Tribunal Supremo por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

La sinopsis de la obra, que puede verse en la página web de Teatro de la Abadía, subvencionado por la Comunidad de Madrid con 1,7 millones de euros, critica que en el juicio a los ocho agresores proetarras de Alsasua no se realizó una «reconstrucción de los hechos» y blanquea a los condenados llamándoles «jóvenes arraigados en su tierra condenados a vivir en prisión».

La síntesis de la representación esboza un escenario en el que los agresores son «unos vecinos del pueblo» mientras que los agentes de la Guardia Civil y sus parejas son «unos visitantes». Todos ellos coinciden en la noche del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka donde se produce lo que en la obra califican como «un altercado» que se salda con «un tobillo roto y varias contusiones entre los participantes». Horas después, la obra critica que el pueblo de Alsasua se convierte en un «plató de televisión».

La «culpa» de que los «hechos» se conviertan en un «espectáculo» y en un «asunto de Estado» la tiene el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) por denunciar lo ocurrido ante la Audiencia Nacional.

«Esta organización introduce la acusación de terrorismo y el operativo policial contra nueve jóvenes se pone en marcha. Siete de ellos ingresan en prisión inmediatamente. A la vista oral que comienza el 16 de abril de 2018 se llega con peticiones fiscales de entre 62 y 12 años de prisión para ocho jóvenes. El juicio es seguido con expectación en todo el estado español por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades y el abuso de la expresión terrorista que impulsa la Fiscalía», reza la descripción de esta obra que ahora va a representarse en un teatro de Madrid financiado con casi dos millones de euros de la Comunidad de Madrid.

La directora de la obra de teatro, María Goiricelaya, afirmó en una entrevista que pretende reflejar «el dolor» y el «cuestionamiento de la justicia» que califica en el caso ocurrido en Alsasua de «desproporcionada». «La obra pone la justicia en el centro para ver cómo funciona y qué significado tiene dentro de una sociedad democrática de la que todos formamos parte», señaló.

Aunque la diputada de Vox Ana Velasco Vidal-Abarca ha pedido su retirada en la Comisión de Cultura celebrada esta semana en la Asamblea de Madrid, el director general de Promoción Cultural de Madrid, Gonzalo Cabrera, ha defendido su proyección porque «los creadores tienen que ser libres para contar sus propias versiones de las cosas». Cabrera, que ha reconocido que no ha visto la obra, ha sostenido que no cree que haya en ella enaltecimiento del terrorismo pero, si hubiera algún indicio, ha asegurado que se perseguiría por la vía judicial.

Una posición que contrasta con la que tuvo el Partido Popular en 2021, cuando la portavoz de la formación en Vitoria, Ainhoa Domaica, pidió que se retirara la obra de teatro de Alsasua de la programación del Festival Internacional de Teatro de Vitoria porque el montaje era un ejemplo del «adoctrinamiento nacionalista» que el entonces alcalde de la capital vasca, Gorka Urtaran, quería «imponer a la sociedad vitoriana».

La verdadera historia de Alsasua

En noviembre de 2016, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza por un delito de terrorismo para 6 de los 8 detenidos como partícipes directos en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de ese año en Alsasua.

La juez decidió adoptar esta decisión a petición del fiscal José Perals, que veía indicios de delito en los seis acusados, concretamente de terrorismo según el artículo 573 bis.1 cuarto, consistente en «provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».

En 2018, la Audiencia Nacional condenó a los 8 acusados a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

El tribunal apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que los acusados actuaron movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos, pero entendió que no quedó plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA.

La sentencia de la Audiencia Nacional relata cómo la madrugada del 15 de octubre los dos guardias civiles, acompañados por sus parejas, fueron al bar Koxka de Alsasua con la intención de tomar unas consumiciones. Uno de ellos, el teniente, al dirigirse a los baños, fue interceptado por uno de los acusados; Ohian Arnanz, que le increpó llamándole “madero”.

Desde ese momento se fue incrementando la tensión en el interior del bar, hasta que las 4 víctimas fueron rodeadas por un grupo de unas 25 personas que les increpaban para que se fueran, con expresiones como «os vamos a matar por ser guardias civiles», «hijos de puta», «pikoletos», «cabrones» o «txakurras».

Ante los golpes y patadas, los cuatro intentaron salir del establecimiento, “haciéndose como una especia de ‘pasillo’ por donde pasaron los denunciantes y eran agredidos por los acusados antes mencionados que propinaban todo tipo de golpes, patadas y puñetazos, así como por otro número importante de individuos que se iban congregando y que no han llegado a ser identificadas totalmente”.

La pelea continuó en la calle, hasta que llegó una Patrulla de la Policía Foral de Navarra. La situación de crispación y violencia llegó a un nivel tan elevado que los dos policías forales temieron por su integridad física y tuvo que acudir la Unidad de Intervención de Antidisturbios de la Policía Foral.

El teniente permanecía inmóvil en el suelo porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné. La sentencia describe cómo una de las acusadas, Ainara Urquijo dirigiéndose a la novia del sargento y con el dedo en alto, en tono intimidatorio le dijo: «esto os ha pasado por bajar al pueblo, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo».

Pese a la «notabilísima gravedad de los hechos», el tribunal consideró que no quedaron plenamente acreditados los requisitos que recoge la jurisprudencia para condenar por delito de terrorismo.

La sentencia destaca la «significativa profesionalidad» de los guardias civiles que no respondieron con ningún tipo de actitud defensiva y no se dejaron llevar por la agresividad frente a las provocaciones y la violencia desplegada por los acusados. El tribunal también resaltó la valentía de las novias de los guaridas civiles «y el aplomo que demostraron igualmente al no contestar a las referidas provocaciones y no siendo ayudadas por ninguna de las personas allí presentes».

En 2019, el Tribunal Supremo condenó a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses a los 8 acusados por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y/o amenazas. La Sala estimó parcialmente los recursos de todos ellos y redujo las penas al suprimir la agravante de discriminación en su actuación y la agravante de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado (que se mantuvo en los delitos de lesiones). La sentencia contó con el voto particular de dos magistrados que consideran que debió mantenerse la agravante de discriminacion.