Madrid estima perder 1.600 millones al año de inversión extranjera por el nuevo Impuesto de Patrimonio

La Comunidad de Madrid calcula perder entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año en inversión extranjera con la aplicación del nuevo Impuesto de Patrimonio «encubierto» que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que antes de que termine el mes de enero va a presentar un recurso de inconstitucionalidad porque considera que este nuevo tributo, llamado Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, va contra la Carta Magna.

Además, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid han calculado esa reducción millonaria de la inversión, un rango que ha resultado de aplicar una reducción del volumen de inversión extranjera de entre el 5,5% y el 7,5%, de acuerdo con las estimaciones elaboradas sobre la reintroducción del impuesto sobre la riqueza en diferentes países, tal y como señalan a OKDIARIO.

«Ese menor volumen de inversión extranjera supondrá también menor crecimiento económico y creación de empleo y, en última instancia, menor recaudación fiscal que sin la aplicación de dicho impuesto», agregan.

Además, calculan que el Producto Interior Bruto (PIB) de Madrid puede sufrir caídas de hasta 1.420 millones de euros, lo que equivale al 0,6% del total, así como una reducción del crecimiento potencial de 19.500 empleos.

En cuanto al impacto en la recaudación, la combinación de la caída de la actividad económica, la menor creación de empleo y los menores salarios puede provocar, sostienen, en el medio plazo, una pérdida de al menos 190 millones de euros. «Suponiendo que no se perdería recaudación vía impuesto de patrimonio tras la reintroducción del impuesto, lo cual es mucho suponer», apostillan.

«Y lo peor es que transmite un mensaje de gran inseguridad y desconfianza hacia los inversores del que España tardará en recuperarse. La inversión se instala en donde es bien tratada y huye de donde la maltratan y penalizan, y el problema es que no vuelve hasta pasado mucho tiempo», agregan desde el departamento comandado por Javier Fernández-Lasquetty.

En otro orden de cosas, los seis aspectos de inconstitucionalidad que va a alegar el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en el recurso contra este nuevo impuesto son, en primer lugar, la invasión de las competencias autonómicas «al crear un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de patrimonio que tienen las comunidades autónomas, quebrando el principio de lealtad constitucional».

En segundo lugar, el Gobierno autonómico va a alegar que rompe con la «autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que afecta a la política fiscal de cada región».

Asimismo, Ayuso considera que este impuesto viola el principio de igualdad porque «no trata por igual a todos los contribuyentes españoles, sino que es un impuesto contra los madrileños y los andaluces».

La vulneración del procedimiento al haberse aprobado el impuesto «mediante un procedimiento que ha impedido que los diputados puedan presentar enmiendas, además de no contar con memoria económica ni dictamen de ningún órgano consultivo», es otro de los argumentos en los que se va a apoyar el recurso, así como el de la «lesión de la seguridad jurídica, al aprobar un impuesto con efectos retroactivos».

En último lugar, la Comunidad de Madrid sostiene que «no está justificada la creación del impuesto, porque no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, saltándose lo recogido en la Constitución Española en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos».