Ayuso rescata el proceso para ilegalizar a Bildu que Rosa Díez intentó en 2012 con el rechazo del PP

Unión Progreso y Democracia (UPyD), el extinto partido que capitaneaba Rosa Díez, presentó en 2012 una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para promover las iniciativas legales necesarias para la ilegalización de Bildu. En ese escrito se aludía al artículo 11 de la Ley de Partidos (LOPP), el mismo que ha esgrimido 11 años después la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, para pedir lo mismo, que Bildu, «que es ETA», no tenga cabida en el tablero político español.

La formación magenta se quedó sola en la defensa de la ilegalización del partido de Arnaldo Otegi, ni siquiera el Partido Popular apoyó la iniciativa en la que se pedía al Congreso de los Diputados instar al Gobierno -en aquel momento encabezado por Mariano Rajoy- a iniciar el procedimiento para ilegalizar a Bildu por «fraude de ley» respecto a la LOPP. Así, el texto pedía que el Ejecutivo del PP presentara a través de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo una demanda por incumplimientos de los artículos 11 y 12.3 de la citada ley, «a fin de hacer efectiva la declaración de ilegalidad y disolución de los citados partidos y evitar su fraudulenta sucesión o continuidad por la coalición electoral Bildu y por la coalición electoral Amaiur».

La proposición, que firmaba Rosa Díez, recordaba en su exposición de motivos que «desde siempre la estrategia de la organización terrorista ETA ha pasado por combinar el asesinato, la extorsión y otras prácticas criminales con otra serie de iniciativas y proyectos políticos ‘legales’ que, aprovechándose de las garantías y mecanismos del Estado de Derecho, coadyuvaran a la consecución de su fin último, que no es otro que subvertir el orden constitucional y conseguir por la vía de la fuerza sus particulares fines políticos».

Díez recopiló en esa PNL hasta 25 indicios que apuntaban a que Bildu estaba cometiendo un «fraude de ley» y era realmente la continuación de partidos ilegalizados por ser, a su vez, la continuación de la banda terrorista ETA. «El objeto de la moción no es ilegalizar ideas, sino ilegalizar a aquellos que justifican asesinar a los que no comparten sus ideas, eso es lo que defendemos en esta moción», subrayó desde la tribuna de oradores del Congreso.

Además, la portavoz de UPyD recordaba que el Tribunal Constitucional, en la sentencia en la que legalizó a Bildu dejaba una puerta abierta a su posterior ilegalización. «Conviene concluir resaltando que la simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política. Puede que en el futuro la sospecha quede confirmada, pero para el enjuiciamiento actual, la misma no podría conducir a un resultado limitador (…)», señalaba la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó a Bildu.

Más de una década después de que UPyD tratara, sin éxito, de ilegalizar a Bildu, el debate ha vuelto a saltar a la palestra tras conocerse, gracias a un informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), que 44 condenados por pertenencia a ETA, siete de ellos por delitos de sangre, concurren en las listas de Bildu a las próximas elecciones municipales de Navarra y el País Vasco.

El escándalo ha sido tal, que los asesinos se han visto obligados a anunciar que si logran el acta de concejales renunciarán a ellas -ya no era legalmente posible sacarles de las listas electorales-, y ha reabierto un melón en el que dentro del Partido Popular hay opiniones dispares.

Así, por una parte, Isabel Díaz Ayuso defiende sin ambages que el PP trate, en base a ese artículo 11 de la Ley de Partidos al que también recurrió Rosa Díez, de promover la ilegalización de Bildu, un partido del que siempre ha opinado, desde que fue legalizado en 2011, que «es ETA».

Sin embargo, por otra parte, la dirección general del partido no cree que la ilegalización de la formación tenga cabida legal. «Es un brindis al sol», han llegado a declarar fuentes de Génova, mientras que su portavoz nacional, Borja Sémper, ha afirmado que hay que «aceptar con naturalidad democrática» que Bildu esté en las instituciones, aunque la gobernabilidad de España no debería descansar en pactos con ese partido, como ocurre en la actualidad con el Gobierno de Pedro Sánchez.