Ayuso llevará al Constitucional cualquier intento de Sánchez de subir los impuestos a Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera en el que establece que la Comunidad de Madrid se defenderá de cualquier ataque a su independencia en este sentido, como un intento de subir los impuestos, ante el Tribunal Constitucional, así como utilizando el resto de mecanismos, tanto nacionales, europeos como internacionales, a su alcance.

De esta forma, el Ejecutivo madrileño busca blindarse legalmente antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez, empiece a filtrar el próximo mes de febrero, tal y como publicó OKDIARIO, el informe, elaborado por un comité de expertos comandado por dos ex altos cargos del Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que pretende respaldar su plan de “armonización fiscal”, en la práctica, una subida de impuestos a los madrileños de cerca de 3.600 millones de euros.

Así, el anteproyecto de ley, aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno y al que ha tenido acceso este periódico, establece en su artículo 17 los «mecanismos de defensa de la autonomía financiera» de la Comunidad de Madrid. Este precepto dice que «cualquier ley, disposición normativa y acto del Estado con fuerza de ley» que «infrinja la autonomía financiera» de Madrid reconocida en la Constitución Española será «objeto de recurso de inconstitucionalidad» ante el Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurrirá con cualquier ley que infrinja la «corresponsabilidad fiscal de la Comunidad de Madrid», igualmente reconocida en la Carta Magna.

Con todo, la Comunidad de Madrid fija en la ley, con la finalidad de evitar la interposición de esos recursos, la posibilidad de solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral de cooperación de la Administración General del Estado-Comunidad de Madrid.

El texto fija asimismo que «cualquier actuación jurídica o de hecho que se realice por la Administración General del Estado o de otra comunidad autónoma y que infrinja las competencias de la Comunidad de Madrid en aspectos relativos a su autonomía financiera o corresponsabilidad fiscal, así como cualquier otra dirigida al examen o estudio de la modificación del régimen tributario de la Comunidad de Madrid» dará lugar a la interposición de «un requerimiento de incompetencia» y, en caso de no ser atendido, «de un conflicto positivo de competencia».

Además de blindarse jurídicamente ante cualquier intento de Sánchez de subir los impuestos, con esta ley Ayuso también pone límites a esa autonomía fiscal y establece que la Comunidad estará obligada a bajar los impuestos a los madrileños si se reducen los gastos.

Así lo señala el artículo 11 de la ley que dice que «el Consejo de Gobierno, como órgano competente para aprobar el proyecto de ley de presupuestos y la Asamblea de Madrid, como competente para la aprobación y control de la ley, deberán establecer sus ingresos con la estricta finalidad de cubrir los gastos necesarios para el ejercicio de sus competencias, cumpliendo escrupulosamente con el principio de corresponsabilidad fiscal. Si dichos gastos fueran inferiores a los ingresos, la Comunidad realizará las actuaciones necesarias para minorar los ingresos a fin de lograr el equilibrio de las cuentas públicas».

Según los cálculos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid el libre ejercicio de la autonomía financiera, ahora en peligro por «las continúas amenazas de Sánchez sobre la armonización fiscal», han permitido que Madrid encadene 17 años de bajas de impuestos que han repercutido en un ahorro de los madrileños de cerca de 53.000 millones de euros, es decir, 16.500 euros por contribuyente.