Ayuso blindará ya la Autonomía Fiscal para frenar el intento de Sánchez de subir los impuestos en Madrid

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pedro Sánchez pretende revelar en febrero su plan para forzar a Madrid a subir impuestos. Isabel Díaz Ayuso reaccionará en dos semanas para impedirlo. La presidenta madrileña ultima ya una Ley de Autonomía Fiscal que blindará la capacidad de Madrid de bajar impuestos argumentando su política en la Constitución Española y la propio Ley Orgánica de Financiación Autonómica. De ese modo, si Sánchez quiere desafiar los planes de Madrid de seguir bajando impuestos a sus contribuyentes mientras el Gobierno socialcomunista los sube, tendrá que hacerlo, cargando contra una ley autonómica, una ley orgánica y la propia Carta Magna nacional.

Febrero es el mes elegido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para empezar a filtrar el informe con el que pretende avalar una subida de impuestos a los madrileños de cerca de 3.600 millones de euros. Para ello, la ministra creó un comité de expertos comandado por dos ex altos cargos del Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Los dos independientes tienen sus trabajos para elevar en Madrid el Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones prácticamente finalizados. Y, en cuanto ese informe esté concluido, Montero quiere anunciar su plan de “armonización fiscal”. Traducido: de bombardeo a las regiones que bajan impuestos y de equiparación al alza de todos los impuestos autonómicos.

El comité de expertos se convocó en pleno comienzo de la precampaña electoral del 4M. El comité está presidido por el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Ruiz-Huerta y tiene como secretario al director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca.

El primero de ellos, Ruiz-Huerta, fue el director del Instituto de Estudios Fiscales entre 2004 y 2008: en plena etapa de mandato de Rodríguez Zapatero y en un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. De hecho, Ruiz-Huerta fue el encargado de frenar buena parte de la inercia de ese departamento lanzada bajo el Gobierno de José María Aznar.

El segundo de los cargos es aún más obvio. Alain Cuenca es en estos momentos la cabeza de ese mismo centro dependiente de la propia ministra Montero: es el actual director general del Instituto de Estudios Fiscales y ejerce como secretario del comité de expertos. Sus conclusiones son obvias: subidas de impuestos para Madrid.

Blindar la capacidad de las autonomías

Y Díaz Ayuso ha decidido pasar una vez más a la ofensiva antes de que perpetren su ataque a la capacidad legal de Madrid de bajar impuestos. Lo hará con su Ley de Autonomía Fiscal. Una norma que “blindará legalmente la autonomía de las comunidades para bajar o subir impuestos dentro del margen permitido por las leyes de financiación y, sobre todo, de la Constitución Española”, como detalla una fuente conocedora de la elaboración de esa ley. Y es que Sánchez no ha criticado, sino todo lo contrario, las subidas de impuestos masivas de comunidades autónomas como Cataluña, pero sí el uso de esa misma capacidad normativa autonómica para bajar los tributos.

La ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, por su parte, ya ha explicado que espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos de inmediato, con «especial interés» en los tributos referidos a los grandes patrimonios. «Tenemos que ver cómo se tiene que expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas», señaló hace ya más de medio año Montero. Y es que esta medida que ha planteado la ministra está diseñada directamente por Moncloa para penalizar a la región que preside Isabel Díaz Ayuso.

Aunque los expertos tienen hasta el 28 de febrero para presentar sus conclusiones, Montero ha avanzado que la idea del Ejecutivo es que el comité vaya anticipando recomendaciones sobre las figuras fiscales para que el Gobierno las pueda incluir en los Presupuestos de 2022 y, con ello, lograr el objetivo de acercar la presión fiscal de España a la media europea, inferior a entre 7 y 8 puntos del PIB. Es decir: para subir los impuestos.

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