Ayuso amplía hasta los 40 años la edad para acceder a una hipoteca avalada por la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este miércoles las novedades del programa Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a una hipoteca a los jóvenes de hasta 40 años. Díaz Ayuso ha destacado que este plan está dirigido especialmente a «jóvenes solventes y con empleos fijos que no disponen de ahorro y tienen grandes dificultades para afrontar la compra, pasando largos años con alquileres». En 2022, ese límite se había fijado en los 35 años y el porcentaje sobre el que se avalaba era del 95%. Con esta nueva reforma, este porcentaje se amplía hasta el 100% y la edad se sube a los 40 años.

Asimismo, se incluye que los compradores que formen parte de familias numerosas o monoparentales no tendrán limite de edad para acceder a esta ayuda.

Las modificaciones aparecerán publicadas este mismo jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) para su entrada en vigor inmediata. El programa, respaldado por siete entidades financieras (CaixaBank, Ibercaja, Banco Santander, ING, Kutxabank, Abanca y Unicaja), permite la concesión de préstamos para hipotecas de hasta 390.000 euros a personas que no estén en propiedad de ningún otro inmueble dentro del territorio nacional.

En concreto, el programa está dirigido a personas de entre 18 y 40 años, que adquieran por primera vez una vivienda y acrediten su residencia legal en la Comunidad de Madrid, de manera continuada e ininterrumpida, durante al menos las dos anualidades inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

1.300 hipotecas firmadas

Durante el acto de firma del aval número 1.300 de este plan en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras en la que Ayuso ha estado acompañada del consejero del ramo, Jorge Rodrigo, la líder regional ha explicado que, hasta el momento, se ha permitido la firma de 1.300 hipotecas y la concesión de 1.500, con importes medios en un umbral de 184.187 euros, que han beneficiado a 2.095 personas. Este refuerzo estará acompañado por un presupuesto de 25 millones de euros en 2024, que se suma a los 36 ya invertidos desde 2022, posibilitando la concesión de 235,5 millones en préstamos hipotecarios.

«La preocupación por la vivienda es una prioridad para la Comunidad de Madrid, por eso estamos defendiendo un marco de colaboración público-privada donde se garantiza el acceso a la vivienda, pero respetando la propiedad la libertad y sin intervencionismo ni ocurrencias políticas que lo único que están haciendo es aún multiplicar más los problemas», ha asegurado Ayuso, cargando contra la Ley de Vivienda nacional. En su opinión, esta ley «no se ha aplicado en ningún momento en la capital, porque ha provocado un descenso de la oferta de pisos, ha incrementado los precios de manera desorbitada, ha disparado la ocupación y ha generado todavía mayor inseguridad jurídica».

En este sentido, la presidenta regional ha rechazado la intervención del Gobierno en la vivienda, la Justicia y los medios de comunicación. «La seguridad jurídica es la condición mínima para vivir en libertad y servir al interés general», ha dicho antes de agregar: «No se puede hacer esto al servicio de las administraciones. No podemos hacerlo porque una democracia liberal necesita unas instituciones fuertes, unos contrapesos, unos contrapoderes donde no puede haber autoritarismo y tampoco arbitrariedad en la toma de decisiones. Creo que no hay que prohibir por prohibir, ni limitar sin más, sin criterio».

Pisos turísticos

En la relación a lo anterior, Ayuso ha dicho que es lo mismo que está pasando con los pisos turísticos, donde «tiene que haber una regulación, una intermediación y una seguridad, pero no puede haber una prohibición total, como se pretende ahora, puesto que el problema va a ir a mayor si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo de las administraciones».

La presidenta cree que va a haber un momento en el que los dueños no van a querer comprar viviendas para ponerlas en alquiler y «vamos a hundir todavía más la oferta y, por tanto, disparar los precios». En este sentido, ha apostado por regular las cosas de manera «comedida, con contrapesos, preservando la seguridad y la convivencia en las viviendas, el descanso vecinal, pero también teniendo en cuenta las nuevas formas de turismo las nuevas necesidades de los propietarios».