Golpe a la vivienda: el nuevo contexto normativo frena el 37% de las adquisiciones previstas en España

El nuevo contexto normativo sobre el que se rige la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez  ha provocado una desaceleración significativa en las adquisiciones de viviendas en España. En concreto, ha frenado 4 de cada 10 adquisiciones previstas.

La Ley estatal de Vivienda ha provocado que el 37% de las compras que se tenían previstas para este año no se estén llevando a cabo debido al nuevo marco regulatorio, según el II informe El viaje del comprador de vivienda en España, elaborado por la plataforma inmobiliaria Culmia. Esta cifra pone en evidencia el impacto que las nuevas regulaciones tienen en el sector y plantea nuevos interrogantes sobre el futuro del mercado inmobiliario. En la misma línea, un 15,7% ha retrasado sus planes de adquirir una vivienda debido a la «indefinición jurídica».

La desaceleración en las adquisiciones de viviendas tiene implicaciones económicas de gran alcance. La construcción de viviendas es un pilar fundamental de la economía española, generador de empleo y actividad en sectores como la construcción, la arquitectura y los servicios asociados. Por tanto, la caída en las ventas puede llevar a una reducción en la actividad económica, despidos en el sector de la construcción y una disminución en la inversión inmobiliaria.

De hecho, según el Consejo General de Economistas de España (CGE) y  la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) consideran que dado el contexto actual «nos encontramos  ante un problema de oferta» que la nueva ley por el derecho a la vivienda no sólo no ha ayudado a mitigar, sino que «lo ha incrementado», «al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su puesta en venta o alquiler». Al respecto, los expertos consideran que el control de precios del alquiler reducirá la oferta y dificultará el acceso a la vivienda a muchos inquilinos, especialmente a los que tienen rentas más bajas.

En este sentido, tanto el CGE como Fedea subrayan que la Ley por el derecho a la vivienda fue aprobada sin debate y sin consenso, «como lo demuestra el que hayan sido presentados ocho recursos ante el Tribunal Constitucional», han destacado. Si bien ambas instituciones entienden que, en tiempos de crisis, es lógico y necesario atender las necesidades de las personas vulnerables, consideran que no lo es el cargar esa tarea colectiva sobre las espaldas de los operadores privados.

Ante la falta de protección e incentivos, «estos tienden a abandonar el mercado, lo que reduce la oferta y aumenta los precios», detallan. Los que continúan en el mercado, por su parte, «tenderán a seleccionar con más cuidado a sus inquilinos». Como resultado, «las familias potencialmente vulnerables empiezan a tener muchas dificultades para encontrar vivienda», puntualizan.

Nuevo marco normativo

Dado el contexto actual, habría que llevar a cabo una «verdadera política» de vivienda a largo plazo, que «persiga un cambio estructural del modelo, no simples medidas de carácter coyuntural a corto plazo» que no solucionan el problema, enfatizan los expertos.

Así, Benito Arruñada- catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, profesor afiliado de la Barcelona School of Economics e investigador asociado de Fedea-, ha explicado que «en los últimos años, las restricciones de origen político sobre los mercados de vivienda se han intensificado notablemente, con crecientes restricciones a la contratación de alquileres y mayor tolerancia con los impagos y la okupación», en la sesión celebrada con el objeto de examinar el futuro del mercado de la vivienda.

Como consecuencia, «se ha reducido la oferta y han aumentado los precios y las dificultades de buena parte de la población para encontrar vivienda». Con base en esta experiencia intervencionista, «que está teniendo consecuencias claramente negativas, procedería cambiar la estrategia de intervención pública», ha apuntado. De modo que, en vez de restringir más y más la contratación privada, «empecemos a pensar en facilitar la actuación del mercado». Para ello, «no se requiere la abstención del Estado», pero sí que éste «se centre en desarrollar aquellas tareas para las que cuenta con una ventaja comparativa real» ha detallado; como son el proveer bienes públicos y extender una red efectiva de seguridad social.

En materia de vivienda, esos bienes públicos se concretan «en una planificación urbana orientada a asegurar que haya suelo disponible para construir y a contener los daños que generaría la anarquía urbanística» ha recalcado. Por otro lado, la red de seguridad exige atender a las necesidades que, democráticamente, «decidamos satisfacer a todos los ciudadanos, asegurando su acceso a la vivienda digna a costa de los presupuestos públicos, y no de otros ciudadanos a título individual», ha advertido Arruñada.

Con todo, el mercado de la vivienda en España está en un punto crítico. Mientras que las nuevas normativas han frenado una parte significativa de las adquisiciones previstas; la falta de suelo público para construir vivienda crea un entorno desafiante tanto para promotores como para compradores. La capacidad de adaptación del sector y la disposición del Gobierno para ajustar las regulaciones serán factores clave para determinar el camino a seguir.