Sánchez y sus socios aprueban la Ley de Vivienda que blinda a los okupas

El Gobierno ha sacado adelante en el Congreso su polémica Ley de Vivienda, que eterniza el desalojo de los okupas e impone un sinfín de obligaciones al propietario que quiera recuperar su vivienda. Entre otras medidas, la ley pone tope a la subida de los alquileres y obliga a reservar más suelo para vivienda protegida. Todo ello ha sido aprobado por Sánchez con el apoyo de sus habituales socios parlamentarios, ERC y Bildu. La ley será remitida al Senado antes de su aprobación definitiva, con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

El debate ha venido precedido de la tormenta política por el blindaje a quienes ocupen ilegalmente una vivienda. Desde el Partido Popular, la diputada Ana Zurita ha cargado contra el acuerdo de Sánchez con independentistas y proetarras y ha alertado de que los alquileres pueden subir un 25% con el control de precios. «Esto es un robo a mano armada. Saben del daño que están haciendo a jóvenes, a propietarios. Sólo favorece a los okupas», ha aseverado. Zurita ha reprochado que la norma «vulnera el derecho a la propiedad» y ha advertido que «caerá como la casa de los tres cerditos ante el primer recurso». Las regiones del PP ya han advertido que recurrirán la invasión de competencias autonómicas y no aplicarán las medidas que no sean obligatorias.

La diputada popular también ha denunciado la «dejación de funciones» del Gobierno con la construcción de vivienda pública. «No han construido ni una», ha señalado ante las sucesivas promesas electorales de Sánchez. «Lo que hace falta es construir vivienda de verdad, no humo», ha concluido.

Okupas

La nueva ley obliga al propietario que quiera recuperar su vivienda a un embrollo burocrático. El demandante tendrá que demostrar si la propiedad es «vivienda habitual» del ocupante que quiere desalojar y si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Para acreditar esa situación tendrá que recibir la autorización del propio ocupante y, si no la tiene, recurrir a los servicios sociales para que acrediten que no dispone de permiso. Además, el propietario tendrá que especificar si es o no un «gran tenedor», la definición que PSOE y Podemos aplican a los dueños de más de cinco inmuebles. La nueva norma incluye además que se deberá informar del «día y hora exacta» del desalojo, lo que favorecerá la protesta social para tratar de impedirlo.

En el PSOE defienden que la okupación «no es un problema real» para los españoles y atribuyen el fenómeno a mafias que invaden viviendas deshabitadas y propiedad de bancos, fondos buitre o grandes tenedores. El diputado José Luis Ramos ha celebrado la aprobación de la ley en «un día marcado en rojo socialista». «Nos han atacado por tierra, mar y aire», se ha quejado, defendiendo que la norma «fortalece la relación» entre dueños e inquilinos.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha agradecido el apoyo de ERC y Bildu para aprobar una «ley de esperanza», según la ha calificado.