Sánchez amenaza con actuar contra las comunidades del PP que no cumplan su podemita Ley de Vivienda

Pedro Sánchez ha defendido este miércoles la Ley de Vivienda, que blinda la okupación y fija un tope al precio del alquiler, entre algunas de sus polémicas medidas. Para salir al paso de las críticas, el presidente socialista ha recurrido a la amenaza para advertir al Partido Popular sobre su aplicación. «Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios y ya le puede ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la Ley de Vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país», ha afirmado en su respuesta a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, durante la sesión de control en el Congreso.

Las principales comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han anunciado que no aplicarán dos de las principales medidas de la ley, pactada por Sánchez con sus socios habituales, ERC y Bildu: el tope al aumento del precio de los alquileres y la definición de «grandes tenedores» de vivienda, que para el Gobierno son aquellos que tengan más de cinco propiedades. La vivienda es una competencia autonómica, por lo que las regiones podrán sortear las medidas de la ley, que pretende intervenir el mercado.

Una de las más críticas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha avisado que la recurrirá a los tribunales «siempre que ataque competencias de las comunidades autónomas». Ayuso ha denunciado que Sánchez «blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles». El entorno político de ETA hoy decidirá en España cómo va a ser la vivienda de todos», ha advertido.

La Ley de Vivienda impide a los propietarios subir el precio del alquiler de acuerdo con el IPC, de forma que en 2023 se aplicará un límite del 2% mientras que el año que viene será del 3%. En adelante, se creará un «nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta». Además, los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para otros nuevos.

Aunque el punto más polémico es el que complica el desalojo de los okupas. La ley impone innumerables obligaciones al propietario que quiera recuperar su vivienda, y que deberá, por ejemplo, acreditar si el inmueble constituye «vivienda habitual» del okupa o su situación de vulnerabilidad.