La burocracia de Sánchez hunde a las pymes: soportan 260 leyes más que en la era Rajoy

La burocracia bajo el mandato de Pedro Sánchez se ha disparado un 44%, afectando al conjunto de las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas, en comparación con la legislatura de Mariano Rajoy (2011-2018). En concreto, el número de normas de ámbito nacional ha aumentado de 588 a 849, entre 2018 y 2022.

Desde la llegada al poder del actual presidente del Gobierno, las pymes se enfrentan a un entorno regulatorio mucho más denso, con 261 leyes adicionales. El abuso de los decretos leyes ha incrementado una legislación ya de por sí ardua; un número récord de normativas mediante esta herramienta que suman más de la mitad de las iniciativas legislativas. Este enfoque, aunque permite una rápida implementación de las medidas, ha generado una sobrecarga regulatoria impositiva para las empresas.

La complejidad administrativa que ha originado este aumento del marco regulatorio dificulta la operativa diaria de las pymes, que deben destinar más recursos a cumplir con las nuevas normativas, en lugar de enfocar sus estrategias a la digitalización, sostenibilidad y el crecimiento, factores que el Ejecutivo de Sánchez lleva por bandera. Este entorno desfavorable se suma a los desafíos económicos que estas empresas ya enfrentan, exacerbados por la pandemia y otras crisis recientes -como la guerra de Israel, la invasión rusa a Ucrania o el reciente conflicto diplomático con Argentina- que, de una u otra manera, afectan a España.

Pero esta excesiva burocracia no es el único reto que enfrentan estas pymes: el aumento de los costes de personal, la sobrecarga del sistema tributario, o los las dificultades de acceso a la financiación, son otros de los escollos que dificultan el buen desarrollo de la actividad.

De hecho, el actual marco regulatorio español de las pymes, entre el que encontramos legislación laboral, contable y tributaria, está estructurado por escalones en función del volumen de facturación y del número de empleados, lo que representa una complejidad excesiva que dificulta su cumplimiento y perjudica el desarrollo de su actividad diaria. Un marco regulatorio que adquiere cada año mayor complejidad y que ha aumentado un 44,38% a nivel nacional desde 2018 y hasta 2022, año en el que se tienen los últimos registros.

Falta de personal

En segundo lugar, la dificultad para encontrar empleados es otro problema que dificulta el crecimiento de las empresas españolas y en especial de las pymes. Por un lado, están las dificultades a la hora de ajustar la oferta y demanda de empleo, que impide a las empresas encontrar perfiles adecuados a sus necesidades, una problemática que se acentúa en empresas de menor tamaño.

Por otro lado, el salario medio es menor en comparación con las grandes empresas, lo que las sitúa en una clara desventaja competitiva a la hora de atraer talento. En este apartado, cabe destacar también la tasa de absentismo laboral, que se situaba en el 7%, según los últimos datos ofrecidos por la patronal Cepyme.

Esta cifra lleva aumentando desde principios de siglo, cuando se situaba por debajo del 4%, dificultando el desarrollo de la actividad de muchas empresas, sobre todo de las pymes, ya que el impacto relativo del absentismo de sus trabajadores es mucho mayor debido a las dimensiones de sus plantillas.

Impuestos

Además, la elevada complejidad del sistema fiscal y un mayor gravamen en comparación con países de nuestro entorno hacen de España un país poco atractivo en términos impositivos para las empresas. Esta problemática afecta especialmente a las pequeñas empresas, pues disponen de menos recursos para gestionar de forma eficaz los tributos y la mayor carga impositiva dificulta su crecimiento y posterior desarrollo.

En un ranking elaborado por KPMG con datos del International Tax Competitiveness Index de la Tax Foundation que señala en qué medida el sistema fiscal de un país se ajusta a dos aspectos fundamentales de la política fiscal: la competitividad y la neutralidad; España obtiene una puntuación de tan sólo 55,8 puntos sobre 100, lo que indica un sistema impositivo poco eficiente, pudiendo detraer el potencial económico del país, limitando posibles inversiones extranjeras hacia otros destinos con más ventajas económicas.

De los 20 países que se analizan, España ocupa el puesto número 16. Sólo por detrás están Polonia (55,3), Portugal (52,1), Francia (49,1) e Italia (48,4). En la primera posición se encuentra Estonia, con 100 puntos, seguida de Letonia (88,5), República Checa (81,2) y Lituania (76,6).

Acceso a la financiación

Otro aspecto que dificulta el crecimiento de las pymes españolas es el acceso desigual a la financiación respecto a grandes empresas. En este sentido, su gran vulnerabilidad son los criterios que exigen las entidades bancarias a la hora de acceder a créditos, en comparación con las empresas de mayor tamaño; diferencias que se agudizan en periodos económicos recesivos como el actual.

Todos estos obstáculos provocan que las pequeñas y medianas empresas españolas sean, de manera general, menos rentables que las de otros países europeos. Esta situación dificulta, a su vez, la acumulación de capital que tendría que financiar el necesario crecimiento empresarial, por lo que favorecer el crecimiento de la facturación y el número de empleados de las pymes españolas debería ser una prioridad del Gobierno, ya que un crecimiento del tejido empresarial español no sólo ayudaría a prosperar a la industria, sino que también ayudaría a reducir la tasa de paro, aumentar el crecimiento esperado del PIB y reduciría el déficit fiscal y la deuda pública.