El alcalde socialista de Algete se gasta 9.600 € públicos en su defensa por malversación

El alcalde socialista de Algete, Juan José Valle, que gobierna de la mano de Ciudadanos, se ha gastado 9.680 euros públicos en contratar un despacho de abogados para su defensa como imputado en un caso por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Según ha denunciado el Partido Popular de la localidad madrileña, Valle ha decidido contratar a un bufete que pertenece al histórico socialista y sindicalista de UGT Manuel de la Rocha Rubí, quien fue alcalde de Fuenlabrada, consejero de Educación y diputado nacional durante tres legislaturas por el PSOE, a pesar de que el Ayuntamiento de Algete ya cuenta con una defensa jurídica externa por la que paga 26.000 euros al año.

Un servicio jurídico que el alcalde socialista no ha querido utilizar porque, según declaró él mismo en la Comisión Informativa previa al Pleno al resto de representantes de los grupos municipales, «no se fía».

La investigación sobre Valle que está realizando el Juzgado de Instrucción de Torrejón de Ardoz parte de la puesta en conocimiento del PP en marzo de este año a la Fiscalía y en junio al propio Juzgado sobre el levantamiento de 70 reparos suspensivos por vulnerar la tramitación legal en la contratación municipal y en las nóminas del ayuntamiento.

Aunque Valle ha repetido en diversas ocasiones que sobre él no pesa «ninguna imputación por el levantamiento de los reparos en las nóminas y en la contratación municipal, simplemente, era una declaración en la Fiscalía y quedaría todo aclarado», los populares de Algete sostienen que «no solamente mintió en sus declaraciones sobre que no estaba investigado, sino que los vecinos soportarán los costes de su abogado particular elegido a dedo por casi 10.000 euros».

El portavoz del PP de Algete, César de la Puebla, ha declarado que “si quiere un abogado de confianza que lo pague de su bolsillo o lo pague el grupo municipal socialista. Ese dinero debería utilizarse para mejorar los servicios públicos de Algete”.

Para la oposición este caso es una «acumulación de despropósitos éticos y legales» al que, además, se suma que el Ayuntamiento ha rechazado el ofrecimiento del Juzgado de Instrucción de Torrejón de personarse como posible perjudicada por el presunto delito de malversación de caudales públicos.

Según fuentes del PP consultadas por OKDIARIO, desde septiembre de 2019, «el alcalde repetidamente ha actuado en contra de los informes de la Intervención municipal; levantando los reparos suspensivos a las nóminas de trabajadores cuyo nombramiento vulneraba el procedimiento legalmente previsto u ocupaban una plaza inexistente». Además, tales fuentes populares denuncian «facturas cuyo reconocimiento excedía de la consideración de contrato menor» y «prestaciones de servicios sin crédito presupuestario.»

Afirman que hay más de 70 expedientes de levantamiento de los reparos suspensivos, entre decretos de Alcaldía, acuerdos de junta de gobierno y acuerdos plenarios. Y ello, vulnerando la ley de contratos del sector público.