El alcalde de Galapagar tampoco se retracta ante el juez de sus ataques a los vecinos de Iglesias

El alcalde de Galapagar, Alberto Gómez (PSOE), ha reafirmado ante el juez sus duras acusaciones contra los vecinos de su municipio que, viviendo en las proximidades del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero, protagonizaron paseos con cacerolas para protestar contra la gestión del Gobierno.

A pesar de que varios jueces han archivado demandas registradas por los líderes de Podemos contra los supuestos escraches, el regidor leyó un manifiesto en el Pleno contra estos vecinos sin el aval de la unanimidad de los grupos municipales (PP y Vox no se unieron).

Por ello, los vecinos afectados denunciaron al alcalde de Galapagar por calumnias. Consideran que el regidor tiene que retractarse de la lectura de un manifiesto que realizó en el Pleno local contra esas protestas. En primer lugar, se dirigieron al Juzgado de Paz de Galapagar para el preceptivo «acto de conciliación» con el fin de «evitar la interposición de una querella por un presunto delito de calumnias con publicidad del artículo 205 y 206 del Código Penal». Sin embargo, como ha podido confirmar OKDIARIO, el edil socialista se ha enrocado y, por tanto, ya se está preparando la querella para que responda ante la Justicia.

«Concedida la palabra a la parte demandada se opone a las pretensiones, en base a las alegaciones que formulará en su momento procesal oportuno y, en todo caso, por estar radicalmente en desacuerdo en los hechos que lo sustentan. Manifiesta que no considera que deba retirar sus manifestaciones porque estas no han generado ninguna de las acusaciones de la demanda. En ningún momento hace mención a ninguna persona concreta. La parte conciliada manifiesta que continuará con los procedimientos que permita la Ley. Se hace constar que el acto terminó sin avenencia», recoge el acta del encuentro.

En concreto, los vecinos señalan que el pasado 10 de septiembre, a las doce del mediodía, el Ayuntamiento de Galapagar emitió por su canal en YouTube, la lectura de un comunicado por parte el alcalde Alberto Gómez donde aseguraba que los paseos en la calle donde vive Pablo Iglesias son muestras de «acoso al vicepresidente y su familia».

Estos vecinos defienden que sus «reuniones de amigos, que la mayoría son de edad avanzada» en la célebre calle de Galapagar se enmarcan en un municipio «libre de odio y discriminación». «Nos emplazan a renunciar a nuestro derecho a la libre circulación bajo la entelequia de que así mejoraría la convivencia en ese municipio sin dar más explicaciones», agregan.

En su escrito manifestaban ante su señoría que «en ningún caso son manifestaciones, son reuniones manteniendo las medidas de seguridad sanitarias, como forma pacífica de protestar por la situación política actual». Además, apuntaban que «dichas reuniones no tienen, en ningún caso, la finalidad de acosar a nadie y se hacen bajo la premisa del propio vicepresidente de ser una forma de expresión de la democracia». Recuerdan que Pablo Iglesias apoyó los escraches a modo de «jarabe democrático» cuando él estaba en la oposición.

Además, recalcan que «el Juzgado número 4 de Collado Villalba y la Audiencia Provincial de Madrid ya archivaron en firme recientemente una demanda por acoso y coacciones contra una antigua asistente a esta reuniones, Cristina Gómez Carvajal (concejal de Vox) donde la magistrada consideró que los hechos estaban amparados por la libertad de expresión y que la vía penal no era la oportuna para analizarlos».

Por otra parte, comentan que Pablo Iglesias también se querelló en esos mismos juzgados contra Miguel Frontera, otro de los habituales de la famosa calle de Galapagar. «Le consideraba instigador de esas ‘protestas’ al que atribuyó seis delitos: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Esa querella también fue archivada. La Fiscalía apoyó las decisiones judiciales y se opuso a los recursos», recoge el texto.

Los vecinos insisten en que las reuniones «no alteran la vida cotidiana de ningún vecino ni hay perturbación del orden público como acreditan los mencionados autos». «Las reuniones pueden molestar como a otros vecinos el tener un parque o una terraza de bar cerca de su vivienda y no por ello se hacen comunicados señalando a los vecinos con subtextos tan graves como el odio, la discriminación o el acoso», comentan.

A más ahondamiento, señalaban que «son públicos y notorios» estos archivos judiciales porque medios de comunicación escritos y de televisión se han hecho eco de estas decisiones. «Estas reuniones no se encuadran dentro de ninguno de los conceptos delictivos que Alberto Gómez insinúa en su manifiesto. No puede alegar desconocimiento ni no ser consciente de la repercusión que ha tenido», apuntaban.

Enfatizan que el requerimiento de retirar sus afirmaciones no va hacia la institución municipal «sino a Alberto Gómez, al ser una decisión personal la lectura del manifiesto y no haber sido aprobado en Pleno la representación del Ayuntamiento».

«Nuestra pretensión en este acto de conciliación es que el alcalde retire sus afirmaciones y emita otro manifiesto rectificando y dejando claro que nuestras reuniones de amigos ni son ningún tipo de acoso previsto en el Código Penal ni fomentan el odio o la discriminación al no ajustarse a ningún ilícito penal y evitar una querella por un supuesto delito de calumnias», concluían su texto fechado el día 15 de septiembre. Agregaban un listado de 16 vecinos que firman la solicitud.