El alcalde socialista de Galapagar pide a las autoridades acabar con el «jarabe democrático» a Iglesias

El Ayuntamiento de Galapagar en manos del socialista Alberto Gómez ha pedido a las autoridades que terminen con el «jarabe democrático» ante el casoplón del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El alcalde del PSOE, que gobierna con Cs, ha calificado como «acoso» las manifestaciones y caceroladas que se producen en las inmediaciones del chalet –la calle está cortada y no se puede pasar– de la pareja podemita. Por eso, ha pedido «a las autoridades competentes» que terminen con esta situación.

El PSOE ha utilizado el Ayuntamiento de Galapagar para intentar aliviar la presión ciudadana que sufren los dos miembros del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. A través de un manifiesto, leído en dependencias municipales, ha solicitado a los habitantes de la localidad que acuden a la urbanización La Navata que, por la convivencia en Galapagar, “cesen de personarse en dicha localización”. Eso sí, se cubre las espaldas asegurando que el Gobierno local “defiende la libertad de expresión y de manifestación”.

La protesta ciudadana que se produce ante el casoplón, pese a estar blindado por la Policía y la Guardia Civil,  “se ha convertido en una situación insostenible para ellos y para todos los residentes de esa calle y colindantes”, recalcan desde el consistorio. Y, de nuevo, piden que no haya manifestaciones ante la chaletazo podemita.

Además, han reclamado, como cargos públicos “defensores de la democracia, la tolerancia, el respeto y la convivencia ciudadana”, una respuesta “firme que ponga fin a la situación por parte de las autoridades competentes”, que en esta cuestión sería el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

Al manifiesto se suman los grupos municipales PSOE, Ciudadanos, Unidas por Galapagar (Podemos e IU) y Más Madrid Galapagar, y los vecinos de la Comunidad de Propietarios de Riomonte, pero ni el PP de Galapagar ni Vox se han unido al manifiesto.

El PP sí ha enviado un comunicado condenando los escraches y añade que el equipo de gobierno y el alcalde deben exigir al delegado del Gobierno el aumento de plantilla de Guardia Civil “de forma inmediata” para suplir en el resto del municipio los efectivos destinados al domicilio de los ministros.

La ministra Montero denunció a la concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez, por coacciones y acoso diario en su domicilio y redes sociales. Sin embargo, la Justicia ha dado la razón a la edil y archivó rápidamente la denuncia de la ‘número dos’ de Podemos.

Iglesias no debe tener protección

El edil socialista se encuentra ante una nueva situación. Y es que, mientras pide que cesen los escraches a Iglesias y Montero, por otro lado la Guardia Civil, tras realizar una evaluación de riesgos, considera que el casoplón de los dos líderes de Podemos no debe contar con protección estática. Hay que recordar que Marlaska puso una garita permanente de la Guardia Civil para proteger a la pareja.

El informe en cuestión ha sido elaborado a raíz de un análisis de seguridad del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero. Entre otras cosas, la evaluación de la Guardia Civil tiene en cuenta datos como la situación de la casa, el número de vecinos y el uso de las zonas de paso, además de la personalidad a proteger y si ésta cuenta ya con medidas de vigilancia privadas, como cámaras de seguridad y alarmas.

La conclusión principal considera que se han exagerado sin justificación las medidas de seguridad en el chalé. El responsable directo del exceso de recursos empleado en proteger a los dos miembros de Podemos en el Ejecutivo socialcomunista ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero el demandante de esas medidas extra ha sido el propio Pablo Iglesias.

Hay que recordar que, recientemente, el propio Pablo Iglesias reclamó un cambio de la Guardia Civil por una dotación de seguridad de la Policía, a raíz de las protestas que cada día se producían frente al casoplón. La gota que colmó el vaso fue, como han confirmado fuentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, la grabación de un vídeo del interior realizado la noche del 12 de julio, mientras Iglesias e Irene Montero seguían el batacazo electoral de Podemos en Galicia y País Vasco.