El jefe del CNI catalán dio 430 millones en contratos de la Generalitat a su antigua empresa

CESICAT
El ex director general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich.

La Guardia Civil sospecha que dos organismos públicos de la Generalitat, la agencia de ciberseguridad CESICAT y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), han servido de embrión para crear el "CNI catalán", una suerte de servicios de inteligencia del Ejecutivo autonómico. Ambos organismos han jugado un papel clave en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Pero sobre todo, han servido para adjudicar contratos millonarios de la Generalitat a empresas vinculadas a altos cargos del PDeCAT. Entre las empresas más favorecidas se encuentra T-Systems, que ha participado activamente en la gestión del voto electrónico de los referéndum ilegales de independencia del 9-N y el 1-O.

Artur Mas nombró en enero de 2011 director general de Telecomunicaciones de la Generalitat a Carles Flamerich, quien según su currículum oficial había sido directivo de T-Systems durante dos años, entre 2005 y 2007. Desde ese momento, y a lo largo de los años 2011 y 2012, el CTTI de la Generalitat (de cuyo consejo de administración formaba parte el propio Carles Flamerich) adjudicó a T-Systems contratos que suman 430 millones de euros.

En un solo día, el 10 de agosto de 2012, la antigua empresa del alto cargo de la Generalitat obtuvo cuatro contratos del CTTI que suman 192 millones de euros. De esta cantidad, 99,2 millones corresponden a un contrato para suministrar los equipos informáticos para los funcionarios de las Consellerias de Interior, Justicia, Agricultura, Territorio y Gobernación.

Contratos adjudicados con "diálogo"

Los 92 millones de euros restantes corresponden a los lotes A1, A2 y A3 del contrato licitado para adjudicar el "aprovisionamiento y mantenimiento de aplicaciones" informáticas de la Generalitat.

Tan sólo dos meses después, el 5 de octubre de 2012, el organismo público dependiente del entonces director general Carles Flamerich adjudicó otros dos contratos que suman 205 millones de euros a su antigua empresa, T-Systems: los lotes CPD4 y Núcleo Lote 2 del expediente licitado para el "aprovisionamiento de infraestructura de proceso de datos (CPD) de la Generalitat".

En tan sólo dos meses, la antigua empresa de Carles Flamerich obtuvo seis contratos que suman 397 millones de euros de un organismo de la Generalitat que dependía directamente de él.

En todos los casos, estos contratos no se adjudicaron a la oferta más barata, sino por el procedimiento de "diálogo competitivo" de "colaboración entre el sector público y privado", que permitía a la Generalitat una discrecionalidad mucho mayor a la hora de seleccionar a las empresas contratistas.

La UDEF ya conoce los hechos

La Dirección General de Telecomunicaciones creó una "mesa de diálogo" que celebró varias rondas de contactos con las empresas aspirantes, para evaluar su capacidad y solvencia técnica. Los expedientes de contratación se habían iniciado en 2011, cuando Carles Flamerich ya era director general de Telecomunicaciones y presidente del CESICAT.

Flamerich era además vocal del consejo de administración del CTTI, que estaba presidido por el entonces conseller de Empresa, Francesc Xavier Mena López. También formaban parte del consejo de administración los consellers Joana Ortega (que ha sido condenada a dos años de inhabilitación por organizar el referéndum ilegal del 9-N) y Germà Gordó (que está investigado en la causa sobre la financiación ilegal del 3% del PDeCAT).

A lo largo de 2011 y 2012, T-Systems se hizo con otros contratos adjudicados por el CTTI, hasta alcanzar la cifra de 430 millones de euros. Carles Flamerich era además, en ese momento, responsable de la sectorial TIC de su partido, el PDeCAT. Todos estos hechos han sido denunciados ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por un antiguo colaborador del CESICAT.

En 2014, el entonces presidente Artur Mas recurrió a la misma empresa que había cobrado 430 millones de euros de la Generalitat, T-Systems, para organizar y gestionar el censo de votantes de su referéndum ilegal de independencia del 9-N.

Ha gestionado el voto del 1-O

Y de nuevo, el Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont ha recurrido ahora a la misma empresa, T-Systems, para gestionar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero en el referéndum ilegal del 1-O.

El sumario que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona recoge numerosas conversaciones en las que una directiva de T-Systems, Rosa María Rodríguez, comenta con responsables de la Generalitat los preparativos técnicos de la consulta. En uno de los pinchazos telefónicos, Rosa María Rodríguez afirma incluso que está ocultando su trabajo al consejero delegado de la compañía, Osmar Polo, para evitar que tenga que revelarlo a la Guardia Civil.

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