Las leyes de desconexión incluyen una amnistía encubierta para los Pujol y los corruptos del 3%

Las llamadas «leyes de desconexión» aprobadas ilegalmente por el Parlament el pasado mes de septiembre establecen una amnistía absoluta para todas las personas que hayan sido imputadas o condenadas por participar en el proceso de independencia de Cataluña.

Pero además la misma norma incluye una amnistía encubierta que permitiría evitar la cárcel a todos los corruptos catalanes procesados en la Audiencia Nacional: desde la familia Pujol al completo, hasta los Macià Alavedra y Lluís Prenafeta imputados por el caso Pretoria. Todos ellos dejarían de estar sometidos a la Justicia española.

En su declaración de independencia firmada el martes, Junts pel Sí y la CUP sostienen que se mantiene en vigor la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República aprobada el 8 de septiembre, a pesar de que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El artículo 79.4 de esta Ley establece que «los juzgados y tribunales anularán los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de forma democrática y no violenta».

Imputados por el referéndum ilegal

Este artículo libraría de responder ante la Justicia española a todos los imputados por la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Incluyendo al presidente Carles Puigdemont y todos los miembros de su Govern, y a los miembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell que desobedecieron los requerimientos del Tribunal Constitucional.

La norma aprobada por el Parlament también permitiría huir de la Justicia española al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los presidentes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que han sido citados a declarar de nuevo el próximo lunes ante la Audiencia Nacional, imputados por un delito de sedición. En el caso de Trapero, como cargo público le espera una pena de entre 10 y 15 años de cárcel si se confirma la acusación.

El mismo precepto anularía las penas de inhabilitación impuestas al ex presidente Artur Mas (dos años), su ex vicepresidenta Joana Ortega (21 meses), la ex consellera de Educación Irene Rigau (18 meses) y el ex diputado Francesc Homs (un año y un mes) por la organización del referéndum ilegal del 9-N.

La colecta de Artur Mas

Aunque ahora éste es el menor de los problemas para Artur Mas y sus compañeros de partido, que deben pagar de su bolsillo ante el Tribunal de Cuentas los 5,1 millones de euros públicos que gastaron ilegalmente en la organización de la consulta.

Pero las llamadas «leyes de desconexión» también establecen una amnistía encubierta para todos los corruptos catalanes que hoy se encuentran imputados en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

El artículo 79.2 establece que dejarán de estar sometidos a la Justicia española y sus causas serán asumidas por los juzgados ordinarios de Cataluña. De este modo, además, la Fiscalía Anticorrupción española dejaría de estar habilitada para mantener la acusación contra ellos, por lo que, previsiblemente, sus casos quedarían en nada.

En esta situación se encuentran todos los miembros de la familia Pujol (salvo Jordi Pujol Ferrusola, que ya se encuentra en prisión), imputados por el juez José de la Mata por un delito de blanqueo de capitales, por la fortuna que ocultaron en Andorra procedente del cobro de comisiones ilegales.

Oriol Pujol pacta dos años de cárcel

También se verían librados de esta causa que instruye la Audiencia Nacional empresarios como el ex vicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí o el ex presidente de Isolux-Corsan Luis Delso. Ambos están acusados de pagar comisiones a la familia Pujol. Otro de los hijos del ex presidente de la Generalitat, Oriol Pujol Ferrusola, ya ha pactado una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV.

Del mismo modo, las «leyes de desconexión» librarían de la cárcel a todos los acusados del caso Pretoria, cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. El ex conseller de Economía de la Generalitat Macià Alavedra y el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta han pactado con la Fiscalía una pena de dos años de cárcel, además del pago de sendas multas de 3 y 6 millones de euros, respectivamente.

Pero afrontan peticiones de pena más elevadas otros imputados en esta causa, como el ex diputado del PSC Luis Andrés García (la Fiscalía pide para él 13 años de cárcel), el ex alcalde de Santa Coloma Batomeu Muñoz (8 años de cárcel y una multa de 6,7 millones de euros), el empresario Manuel Carrillo (que amañó la contrata de basuras de Santa Coloma) o el ex administrador de la promotora Proinsa Josep Singla.

Los principales implicados en la financiación ilegal del PDeCAT seguirían imputados ante el Juzgado del Vendrell que instruye el caso del 3%. Pero de acuerdo con la Ley de Transitoriedad la Fiscalía Anticorrupción ya no tendría ninguna potestad para acusarles, por lo que muy probablemente también se verían libres de la acción de la Justicia.

El jefe de campaña de Puigdemont

Entre ellos se encuentran los ex tesoreros del PDeCAT Andreu Viloca y Daniel Osàcar, el ex director de Infraestructuras de la Generalitat Josep Antoni Rosell (acusado de amañar concursos públicos a cambio de comisiones para el partido), el presidente del Puerto de Barcelona y ex vicepresidente del Barça Sixte Cambra, el ex concejal del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives y Josep Manel Bassols, que fue jefe de la campaña electoral de Carles Puigdemont en Gerona.

La independencia de Cataluña sería una gran noticia para todos ellos. En la misma causa también está imputado el ex conseller de Justicia de Artur Mas Germà Gordó, acusado de negociar con los empresarios el pago de comisiones ilegales.