El Gobierno no se fía de las oficinas de empleo y ficha a una empresa para recolocar a militares en paro

El Gobierno pagará 300.000 euros al año a una empresa privada para ayudar a encontrar empleo a los militares profesionales que se van al paro tras agotar su compromiso contractual con las Fuerzas Armadas. Así consta en un nuevo expediente de contratación pública que ha activado el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que ha sido recopilado por OKDIARIO. De esta forma, el Gobierno desviará a una consultora externa los servicios de asesoramiento, acompañamiento y mediación laboral que son parte de las funciones atribuidas a la extensa red púbica de oficinas de empleo que pueblan la geografía española.

Entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los que tienen las comunidades autónomas suman una plantilla de más de 15.000 funcionarios. Pero, a la vista del expediente de contratación que ha lanzado el Gobierno, no confía lo suficiente en esa red pública y prefiere que sea un servicio privado el que ayude a los militares en paro a reinsertarse en el mercado laboral.

Esta privatización ya está en marcha y está siendo gestionada a través de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. El contrato, que está actualmente en fase de licitación, supondrá la puesta en marcha de un «servicio de elaboración y ejecución de un plan de integración laboral dirigido al personal militar de tropa y marinería de carácter temporal y reservistas de especial disponibilidad en situación de desempleo».

«Prospección y mediación»

Las funciones que llevará a cabo la empresa privada que se seleccione entran dentro de las competencias de mediación que les corresponden a las oficinas públicas de empleo. Por ejemplo, el pliego de condiciones detalla que el personal de esa consultora realizará una «acogida y entrevista inicial» a los militares que están en paro y tienen que reinsertarse en el mercado laboral civil. También un «diagnóstico de empleabilidad y propuesta de itinerario personal de inserción laboral». Y, por último, llevar a cabo labores de «prospección y mediación» para conseguir la «inserción laboral» efectiva.

«Los servicios objeto del presente contrato están destinados a la integración laboral y se deberán ajustar a las necesidades de cada usuario y comprenderán cualesquiera actuaciones de intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva», detalla el Gobierno en las condiciones que ha especificado para esta licitación.

El pliego indica igualmente que la empresa seleccionada deberá contar con instalaciones que permitan tanto el trato individualizado como actividades de grupo. Deberá remitir informes mensuales y trimestrales para dar cuenta a Defensa de los resultados de su actividad, por la que cobrará anualmente 247.934 euros más IVA. Es decir, 300.000 euros al año en total.

El contrato se adjudicará inicialmente por un año, pero se contempla específicamente su prórroga por otro más, lo que supone que el Gobierno contempla gastarse hasta 600.000 euros en total en esta oficina privada de empleo para militares que se quedan en el paro.

Siete contratados

El pliego de licitación detalla igualmente qué plantilla deberá tener este nuevo servicio de mediación laboral personalizada y al margen de las oficinas públicas de empleo: un coordinador de proyecto, dos orientadores laborales, otros dos «prospectores» de empleo y dos auxiliares administrativos.

Cada año son cientos los militares profesionales de tropa y marinería que se ven obligados a dejar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años de edad. Por ejemplo, en 2018, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) cifraba en 700 los que ese año iban a quedar en paro tras agotar la edad máxima tras haber ingresado en su día como soldados o marineros profesionales.