El Gobierno antidesahucios de Sánchez paga 18.190 euros en «puertas antiokupas» para Barcelona

El Gobierno ha gastado 18.189 euros en «puertas anti okupas» para el edificio del centro comercial de Barcelona Moda Shopping situado en el número 16 de Avenida Marina 16. Según el contrato menor consultado por OKDIARIO, el Ejecutivo pretende así «asegurar la integridad de los locales comerciales».

«La instalación de medidas se fundamenta en la necesidad de proteger el patrimonio público, prevenir delitos, garantizar el uso adecuado de los bienes, optimizar recursos y cumplir con las obligaciones legales», justifica en el pliego la Secretaría General de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Resulta llamativo que los de Pedro Sánchez, después de poner en jaque todo un paquete de medidas sociales por intentar colar por séptima vez una prórroga del decreto antidesahucios, gasten esa cantidad para evitar que el problema les afecte.

Además, no se trata de una contratación autonómica, sino estatal. El pasado 6 de febrero el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, adjudicó el contrato de protección por más de 18.100 euros a una empresa denominada «Oscar Casellas Puertas Anti-Okupa».

No da la razón a los propietarios

Esta preocupación llega tras permanecer seis años escurriendo el bulto y dejando a los propietarios de las viviendas como encargados de «mantener» a los okupas y sus gastos, tal y como recordaba la Plataforma de Afectados por la Okupación en su último comunicado:

«El decreto era una coartada para que el Estado no hiciera su trabajo. Al decaer la norma, el Gobierno ya no puede mirar hacia otro lado: ahora está obligado a buscar soluciones habitacionales dignas y reales para quien lo necesite, en lugar de obligar a un ciudadano particular a ejercer de servicios sociales sin ayuda ni compensación», advirtieron tras la derogación del Ómnibus.

Los okupas «no existen» para el Gobierno

También choca frontalmente con la realidad que ha estado defendiendo el propio Gobierno estas últimas semanas. Y es que, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, pedía hace tan sólo unos días que el decreto antidesahucios se «vuelva a traer las veces que sea necesario» hasta lograr la convalidación definitiva del Congreso.

Todo ello porque, en palabras de los socios de Sánchez, los okupas «no existen» y el problema en España «no es la okupación» sino la renta y el alza de precios que entorpecen el acceso a la vivienda.

Un relato que ahora se tambalea tras conocer que es el propio Ejecutivo el que busca protegerse de los okupas con puertas doblemente reforzadas los edificios que sí le conviene mantener en unas condiciones adecuadas.

De hecho, en el mismo contrato adjudicado «de manera directa» a Oscar Casellas Puertas Anti-Okupa se menciona literalmente la intencionalidad de «prevenir delitos». Cabe destacar que en la actualidad también está prohibido que los particulares afectados por la okupación contraten servicios de desokupas o similares para resolver su problemática.