La Fiscalía de Colombia embargó 66,6 millones de una filial del Canal siendo Garrido presidente

La mala gestión de Ángel Garrido mientras fue presidente del Canal y de la Comunidad de Madrid, entre 2015 y 2018, ha provocado la caída del valor de las filiales de la compañía en Colombia y otros países americanos. El estallido de la ‘operación Lezo’ y las investigaciones de los casos de corrupción relacionados con el Canal colocaron a las sociedades participadas de Colombia en el punto de mira de la justicia colombiana. Sin embargo, ha sido, finalmente, la nula estrategia del gobierno madrileño la que ha propiciado que Fiscalía General de Colombia intervenga parte del accionariado de Inassa y Triple A, las dos compañías que suministran el agua a Barranquilla.

El Ministerio Público del país suramericano decidió a finales de 2018 embargar y secuestrar con “fines de extinción de dominio” las acciones de propiedad de la sociedad Inassa en la empresa colombiana Triple A, que corresponde al 82% de su capital. Las acciones estaban valoradas en 202.000 millones de pesos, unos 66,6 millones de euros.

OKDIARIO publicó este martes que la Fiscalía General incluía al menos dos años de la etapa de Ángel Garrido al frente de la Presidencia del Canal de Isabel II en la investigación que inició a finales de 2018 por los delitos de “concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito” y “enriquecimiento ilícito de particulares”.

En las pesquisas contra las filiales colombianas de la empresa pública madrileña, que abarca el periodo 2000-2017, los fiscales colombianos incluían a los gerentes españoles del Canal del periodo en el que Garrido era su máximo responsable. Entre ellos estaban Carlos Roca García, entonces gerente de Inassa, y Alberto Muguiro Eulate, presidente ejecutivo de la sociedad de aguas colombiana, ambos colocados en sus cargos directamente por Ángel Garrido.

Beneficios anuales de 20 millones

En 2015, cuando Garrido se hizo cargo de la compañía madrileña de suministro de aguas, la empresa facturaba algo más de 1.000 millones de euros, de los que unos 200 procedían de Inassa. Entonces, el Canal proporcionaba a la Comunidad de Madrid unos dividendos de alrededor de 200 millones anuales, de los que el 10% -unos 20 millones- correspondían a Inassa y sus filiales colombianas.

Inassa y otras empresas anexas gestionaban el suministro de agua a grandes urbes como Barranquilla (a través de Triple A), Santa Marta (Metroagua) o Riohacha (Avanzada Soluciones de Acueducto y Alcantarillado) pero, según la Fiscalía, prestaban de una manera deficiente los servicios mientras algunos de sus directivos llenaban sus bolsillos de manera ilícita.

Ahora la Fiscalía acusa a la cúpula de Inassa y Triple A de los delitos de “enriquecimiento ilícito”, acusación que implica directamente al equipo designado por Garrido.

En marzo de 2018, cuando el actual candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid aún era el presidente del Canal con los colores del Partido Popular -dos meses antes de convertirse en el máximo ejecutivo de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cifuentes por el escándalo del robo de unas cremas en un supermercado- el procurador de la República Carrillo realizó un inventario del desfalco que había perpetrado Triple A en Barranquilla.

Según la Fiscalía, la empresa nunca cumplió el contrato de asistencia técnica firmado en el año 2000, como habían llegado a reconocer los propios ejecutivos de Inassa.

La cifra investigada ascendía a más de 60 millones de euros, según el fiscal Carrillo, como consecuencia de unos contratos que nunca vigiló la Alcaldía de Barranquilla, desde el 2000 hasta 2018.

El Canal negó los hechos y manifestó que había prestado el servicio desde hacía 17 años con «total eficiencia y responsabilidad». Así mismo manifestó su rechazo a las medidas cautelares de embargo con el fin de preservar «sus derechos económicos y patrimoniales»

Tras su compra en 2004, Inassa se convirtió en la joya de la corona para el Canal. La sociedad colombiana suministraba agua a la cuarta ciudad más poblada de Colombia, con dos millones de habitantes, tras Bogotá, Medellín y Calí.

Entramado societario en Colombia

Inassa era accionista de Triple A (Agua, Acueducto y Alcantarillado), la empresa que tenía la concesión del Ayuntamiento, en la que participaba con un 85%. Y, a través de Inassa, el Canal también invirtió en otras sociedades suramericanas que son investigadas por corrupción: el 94,12% en Recaudos y Tributos de Barranquilla (R&T) y el 75% en la brasileña Emissao.

En 2015, cuando Cifuentes llegó a la Comunidad de Madrid, Inassa tenía unos activos valorados en 126 millones de euros. El Canal es el propietario del 81,24% de la sociedad colombiana y el resto de las acciones pertenecía a la colombiana Slasa. Esta sociedad fue constituida en Panamá en 2001 por el bufete de abogados panameños De Obaldía & García de Paredes, el mismo despacho que también registró las filiales en Panamá de Inassa y R&T, en busca de opacidad fiscal.

En las grabaciones de la UCO en el despacho de Ignacio González, en plena ‘operación Lezo’, se le escucha al ex presidente de Madrid decir sobre la inversión de Gallardón en el proyecto del agua en Colombia: “No soy como esta gilipollas que me ha sustituido -en referencia a Cifuentes- Yo dije: ‘Me encontré a alguien muerto y tenemos dos soluciones, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Y tratamos de arreglarlo”.

González se quejaba de que la actuación de su sucesora en la Comunidad de Madrid, en el caso del Canal, había colocado a la empresa pública madrileña en un punto sin retorno, que fue aprovechado por la Administración colombiana para intervenir sus activos.