La familia de Begoña Gómez pidió una indemnización porque el ayuntamiento le quitó la licencia de un prostíbulo

La familia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, solicitó al Ayuntamiento de Madrid  «una indemnización» tras la anulación judicial de la licencia de un establecimiento de sauna prostíbulo en el Paseo de la Castellana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula en octubre de 2003 la autorización concedida por el Ayuntamiento capitalino por «falta de concreción» en la actividad desarrollada y los titulares reclamaron al Consistorio por «daños y perjuicios».

Los hermanos Sabiniano y Conrado Gómez Serrano habían obtenido el 30 de mayo de 1997 una licencia para «sauna con servicio de bar» en el número 180 de la Castellana, valorando la instalación en «1.257.830 pesetas». Sin embargo, el tribunal detectó discrepancias graves entre los planos presentados y la memoria descriptiva del proyecto. No aparecía ninguna sauna y sí cabinas de supuestos «masajes».

Un documento revela las alegaciones legales presentadas por Conrado Gómez Serrano tras la anulación judicial de la licencia. El texto argumenta que «en el fallo de la sentencia judicial se declara la anulabilidad de la licencia de instalación de la actividad por supuesta infracción de ley, y no así la nulidad radical».

La defensa de la familia de Begoña Gómez concluía que «el procedimiento de revisión de la licencia de funcionamiento de la actividad tal y como parece deducirse de la propuesta que ha sido notificada (declaración de nulidad o anulabilidad) producirá daños y perjuicios cuantiosos para el titular de la actividad e incluso de difícil reparación», solicitando que «deberán ser indemnizados por la Administración de conformidad con lo dispuesto en la Ley».

Inspección policial

Por otra parte, un informe policial de octubre de 2003 documenta una inspección. «Levanta acta de inspección por no presentar contrato de seguro obligatorio y no tener expuesto el cartel identificativo», apunta en primer lugar.

Los agentes constataron irregularidades en el funcionamiento, señalando que se realizó «inspección ocular a las dependencias del interior del local, y encontrando en la primera planta hasta cinco habitaciones de carácter reservado para los clientes y dos servicios públicos».

El documento detalla que «en la planta sótano se comprueba que la misma se halla dividida en varias estancias, encontrando en una de ellas varias camas, un televisor, un micrófono, un equipo de música y gran cantidad de prendas íntimas femeninas y demás objetos de las estancias».

Alegaciones vecinales

Otro documento consultado presenta las alegaciones de los vecinos afectados contra la licencia otorgada inicialmente. Afeaban que se habían hecho obras sin esperar a la licencia. Además, se realizaban actividades fuera de la ley. «Como se aprecia en los citados planos existen cinco cabinas para masajes con bañera de hidromasaje, tres de las cuales carecen de conducto de ventilación», agregaban. El documento también cuestionaba los horarios de funcionamiento y pedía la denegación de la licencia.

Los documentos que ha consultado OKDIARIO revelan un historial de irregularidades desde 1995. Las inspecciones técnicas, además de la discrepancia en la actividad principal del local, constataron también múltiples deficiencias estructurales y de seguridad.

Las actas de inspección municipal documentan deficiencias recurrentes. Un informe técnico constata: «Se ha suprimido un servicio higiénico de uso público existente en origen dejando una cabina» y advierte sobre problemas estructurales: «La escalera de bajada al sótano tiene cuatro peldaños virados».

El tribunal consideró que «la Administración demandada ha licenciado en blanco unos espacios físicos, las restantes cabinas, desconociendo qué elementos industriales se habrán allí de ubicar». Los planos mostraban cinco cabinas de masaje como actividad principal, cuando la solicitud mencionaba únicamente sauna y bar.

La familia Gómez Serrano presentó documentación adicional en noviembre de 1996 que apenas modificaba los originales, incorporando en una de las cinco cabinas de masaje reflejadas en los mismos una mínima ubicación de la sauna. Esta documentación parcial evidenció la intención de camuflar la verdadera naturaleza del negocio.

La Justicia concluyó que existía «absoluta falta de concreción, con la debida extensión y detalle, como exigen las ordenanzas, de la actividad que la actora pretende licenciar». Esta imprecisión constituyó una infracción del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961. El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón firmó un decreto para iniciar los trámites para retirar la licencia. Sin embargo, actualmente el prostíbulo sigue abierto tras el traspaso de la familia de Begoña Gómez.

La resolución judicial documentó cómo los hermanos Gómez Serrano utilizaron una estratagema para sortear la normativa municipal. La licencia concedida permitía de facto el funcionamiento de un prostíbulo bajo la cobertura legal de una sauna, burlando los controles administrativos.

La Comunidad de Propietarios del edificio interpuso el recurso que prosperó en los tribunales. No obstante, la sentencia aclaró que la anulación afectaba únicamente a la licencia de instalación, permitiendo que el negocio continuara tras obtener nuevos permisos.

El establecimiento, gestionado actualmente por la empresa Jomensa Fun SLU, mantiene una fachada negra con ventanales tintados en la misma ubicación. Según comprobó OKDIARIO, el local continúa funcionando como club de alterne las 24 horas con mujeres extranjeras, principalmente latinas y del este de Europa.