Vox lleva al Constitucional la ‘ley Rhodes’ que impulsó Iglesias y la califica como ‘ley Herodes’

Vox ha recurrido este martes por inconstitucional la ‘Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia’, la conocida como ‘ley Rhodes’ -en alusión a James Rhodes, el pianista icono del Gobierno de Pedro Sánchez- que impulsó el ex vicepresidente segundo y ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

La formación de Santiago Abascal ha llevado este texto -que califica como ‘ley Herodes’- ante el Tribunal Constitucional por atentar contra la Carta Magna tanto el concepto de «parentalidad positiva» introducido por el Ejecutivo socialcomunista como su pretensión de querer «adoctrinar a los alumnos».

A través de un comunicado, la tercera fuerza del país ha explicado que la ley habla de la importancia de «dotar a las familias de herramientas de parentalidad positiva» y de promover, por ejemplo, «la educación con enfoque inclusivo».

En esta línea, Vox también cuestiona que ‘ley Rhodes’ recoja que «las administraciones públicas impulsarán medidas de política familiar encaminadas a apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva … y elaborarán y/o difundirán materiales formativos (…) dirigidos al ejercicio positivo de las responsabilidades parentales o tutelares (…) con contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de género, como medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y adolescentes».

«Escrutinio de las familias»

A juicio de Vox, «estos preceptos abandonan la línea del constitucionalismo democrático de considerar el espacio familiar como un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos». Y, lo que es más, con esta norma, que debería llamarse ‘ley Herodes’, se convierte a la familia «en el objeto de un intenso escrutinio por parte de los poderes públicos recabando, en su caso, datos concretos sobre la vida familiar de las personas», denuncia Vox. Para la formación de Abascal, «este escrutinio se orienta a imponer lo que el legislador denomina ‘parentalidad positiva’».

Además, Vox considera inconstitucional que en el Título III de la ley, denominado ‘Sensibilización, prevención y detección precoz’, se señale que «los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, (…) una educación afectivo-sexual, adaptada a su nivel madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia y discriminación, con el fin de ayudarles a reconocerla y reaccionar frente a la misma».

Una «ideología estatal»

En opinión del partido de Abascal, esta recepción obligatoria y transversal supone sin duda que el legislador «incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos». «El Estado impone al alumnado y a sus progenitores una doctrina estatal que se incluye además en el currículo como contenido obligatorio en el que necesariamente habrán de ser evaluados los niños y ello aunque esas convicciones estatales puedan resultar frontalmente opuestas a las de sus progenitores», lamenta Vox.

La tercera fuerza del país recuerda aquí que la Constitución reconoce la necesidad de orientar la enseñanza «hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» y con respeto a las convicciones religiosas, ideológicas y filosóficas de los progenitores.

De este modo, Vox subraya la necesaria «neutralidad ideológica» del Estado, «de manera que la educación sirva a la transmisión de conocimientos y no al adoctrinamiento estatal en una determinada ideología partidista».

«Discriminación»

Por otro lado, el partido de Abascal también ha presentado este martes otro recurso ante el Constitucional contra la ‘Ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica’. Según Vox, esta «infame legislación» comete «discriminación» al establecer la prohibición de visitas de un padre a sus hijos por la «simple» denuncia de la mujer, «sin la más mínima prueba».

En declaraciones a la prensa delante de la sede del TC, la secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, acompañada de la vicesecretaria jurídica, Marta Castro, y la portavoz de Igualdad, Carla Toscano, ha remarcado que ambos «no son recursos políticos, sino que se sustentan en el rigor jurídico, en defensa de los derechos y libertades de los españoles, de la democracia», ha apostillado.