Que se abra una investigación para depurar responsabilidades. La Asociación Española de Damnificados y Víctimas por el COVID-19 (ADAVIC-19) ha presentado una querella contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por varios delitos de homicidio, lesiones, prevaricación administrativa y denegación de auxilio. En un pormenorizado escrito de 22 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la presidenta y abogada de ADAVIC-19, Carolina Mata, pide a los juzgados de instrucción de Madrid que actúen contra Simón por «negar la propagación de la epidemia, con el propósito político de alcanzar la fecha del 8 de marzo, y poder celebrar en España las manifestaciones de carácter reivindicativo feminista del Gobierno del que depende».
A juicio de Mata y otros cinco letrados -todos ellos miembros fundadores de la plataformas de víctimas que han participado en la elaboración de la querella- Simón «no instó a que el Gobierno fuera previsor tanto en la acumulación de material sanitario como en la producción y realización de test de detección». Si el máximo responsable en España de la gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus «hubiese actuado diligentemente, habría procedido a recomendar que se adoptasen cuantas medidas sanitarias le exigía el RSI 2005 y las recomendaciones de la OMS», algo que no sucedió, asegura el documento.
El Centro que dirige Fernando Simón es responsable en España de coordinar la gestión de la información sobre la epidemia del COVID-19 y apoyar en la respuesta ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria nacional o internacional que supongan una amenaza para la salud de la población. Sin embargo, «pese a la alarma mundial lanzada por el Comité de Salud Municipal de Wuhan a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en diciembre de 2019, los casos registrados y las estadísticas en aquel país realizadas y en otros donde ya se había extendido el virus», como Italia, Simón hizo «caso omiso» de las advertencias «poniendo en riesgo la salud pública» de todos los españoles.
Además, Fernando Simón «desatendió absolutamente sus funciones, pese a conocer desde el 30 de enero de 2020 la peligrosidad del COVID-19», afirma la querella. Un comportamiento que permitió «su expansión por todo el territorio español, agravando la situación tras animar a la población a participar en reuniones, manifestaciones y actividades masivas, restándole importancia a la peligrosidad del virus» con sus declaraciones.
«España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será una transmisión muy limitada y muy controlada. Lo que sabemos es que por ahora no es excesivamente letal», aseguró el 31 de enero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. «Me sorprende este exceso de preocupación», manifestó el 16 de febrero durante una entrevista concedida a un programa de televisión.
Por ello, en la querella se pide que el juzgado tome declaración al propio Fernando Simón y cite como testigos: al representante de la OMS en España y al Jefe del Servicio de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, que fue destituido tras filtrarse el documento -de enero de 2020- en el que advertía a los agentes de las medidas de prevención contra el coronavirus.
Podría haberse evitado
«Con unas previsiones lógicas mínimas esta tragedia de proporciones descomunales podría haberse evitado. Estamos absolutamente convencidos de ello», asegura Carolina Mata de la Torre, abogada y presidenta de la Asociación Española de Damnificados y Víctimas por el COVID-19 (ADAVIC-19).
Carolina ostenta la triste doble condición de letrada y afectada por el coronavirus. Su padre, el doctor Jaime Mata Guijarro, falleció como consecuencia de la enfermedad el pasado 23 de marzo y, desde entonces, su hija tiene claro que «quienes se han ido, cuando todo esto pase, no pueden caer en el olvido». «Tienen que responder quienes debieron actuar y no lo hicieron en su momento», declara a OKDIARIO.
«Aquí lo que se hizo, y no hablo ya como abogada sino como perjudicada, fue intentar hacernos ver que no había riesgo cuando tenían conocimiento del peligro porque muchas organizaciones, algunas internacionales, lo advirtieron», añade. «El Estado, y su Gobierno, tiene la obligación de ser garante de nuestra salud. Ahora no pueden eludir responsabilidades y dejar a los ciudadanos a su suerte», reclama con una entereza y serenidad admirables.
Perjudicados y desamparados
«Somos una asociación que nació de una desgracia pero que quiere servir para dar voz y cariño a quienes de forma directa o indirecta han sufrido la crisis del Covid-19», arranca la página web de ADAVIC-19.
Los impulsores de la iniciativa adquieren un doble compromiso: «Queremos reivindicar a las víctimas y damnificados de toda índole, porque nuestro mundo ha cambiado de forma radical y nos vemos impotentes, perjudicados y desamparados con la situación que nos ha tocado vivir» pero, al mismo tiempo «defenderemos nuestros derechos e intentaremos que unidos, todo vuelva a la normalidad».
