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El Defensor del Pueblo, en manos del ex dirigente socialista Ángel Gabilondo, asegura que no se respetaron las «garantías legales nacionales e internacionales» al rechazarse frontera a 470 personas durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla registrado el pasado 24 de junio, cuando murieron más de 20 inmigrantes y se registraron decenas de heridos.
La institución ha avanzado, en un comunicado, las primeras conclusiones de una investigación que está realizando y destaca que ese día se registró «una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos». El Defensor del Pueblo destinó a una expedición al lugar para investigar lo sucedido hace cuatro meses en la ciudad autónoma, tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Recuerda el Defensor que el Tribunal Constitucional ha establecido que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con «pleno control judicial» y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió y que está recogido en la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social que, además, en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla.
Desde la institución se lamenta «la pérdida de vidas humanas» y los heridos causados en la tragedia, y se insiste en que» ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos».
Del visionado de las imágenes recibidas en la institución se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.
Recordatorios «legales»
El Defensor del Pueblo no ha dado por concluida esta actuación y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad la remisión de más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo que, a su juicio, «podrían ayudar a aclarar algunos extremos».
El escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad, el Defensor ha incluido también varios recordatorios «legales». Entre ellos el de «aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes».
También que «se impida cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de su actuación profesional»; o que se «dicten las órdenes oportunas par que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén siempre identificados».