La UE pide recortes obligatorios de energía en ministerios pero no en comercios como hace Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes un plan de ahorro energético -que presentará próximamente al Gobierno- con medidas obligatorias para el sector público al considerar que tanto la administración local como la autonómica son unos de los grandes consumidores de energía. Feijóo defiende, al mismo tiempo, que no debe haber, al menos por el momento, medidas obligatorias para los sectores económicos. «Serán recomendaciones y no imposiciones», ha destacado el líder del PP, remitiéndose al reglamento de la Unión Europea. «Sólo en caso de extrema gravedad entraríamos en fase de alerta, donde podrían pasar a obligaciones», ha insistido.

La comunicación de la UE a los países miembros sobre las medidas de ahorro fija en efecto, distintas fases para su aplicación, desde la «prealerta» a la «emergencia». Por el momento, los países sólo se han comprometido a una reducción del gas -del 7% en el caso de España y del 15% en el resto- ante un posible corte del suministro por parte de Rusia. En este contexto, estaríamos en el nivel inicial -más aún teniendo en cuenta que el propio Gobierno presume de la escasa dependencia del suministro- que no determina medidas obligatorias específicas en los comercios, como ha adoptado España. Sí se refiere con claridad a «la obligación de que los edificios públicos limiten las temperaturas de la calefacción y la refrigeración, a menos que sea técnicamente inviable».

El documento de la Comisión Europea insiste en varias ocasiones en la voluntariedad de las medidas. Así, se indica que «antes de aplicar restricciones a los clientes no protegidos, como la industria, los Estados miembros, junto con las partes interesadas, deben agotar todas las posibilidades de sustitución, los planes de ahorro no obligatorios y la utilización de las fuentes de energía alternativas existentes». «Estas deben priorizarse siempre que desde el punto de vista económico, social y medioambiental sigan siendo preferibles a las alternativas de reducción obligatoria de la demanda», añade.

Sobre el «ahorro en calefacción y refrigeración», insta a poner en marcha «campañas de sensibilización» dirigidas a «consumidores, industrias, empresas, autoridades públicas y hogares por igual».

En un nivel de «alerta», los países sí podrían aprobar una «reducción nacional obligatoria del consumo en el sector de la calefacción y la refrigeración». En ese caso la Comisión señala que «una forma eficaz y aplicable es exigir una reducción selectiva de la calefacción y la refrigeración de la temperatura y del agua, en edificios que son propiedad o están gestionados por las autoridades públicas o en su nombre, en los centros comerciales, los edificios de oficinas y los espacios públicos». 

En otro momento, también se apunta que «cuanto mayor sea la reducción a través de acciones voluntarias, menor será la necesidad de restricciones obligatorias para la industria en el futuro». Y sugiere que «también se puede ahorrar imponiendo la reducción de la calefacción de los edificios públicos, las oficinas, los edificios comerciales y los espacios abiertos, como las terrazas al aire libre, cuando sea técnicamente viable y aplicable», aunque en ningún caso como una obligación impuesta desde Europa. En este sentido, «el papel de las autoridades públicas a la hora de predicar con el ejemplo es clave», se destaca.

Pese a que desde Europa insisten en las medidas voluntarias, el Ejecutivo ha impuesto por la vía del decreto varias medidas dirigidas al comercio, la hostelería y las empresas, como la limitación de la temperatura y el apagado de escaparates.

«Si Europa establece medidas que deben ser recomendaciones y hasta marzo de 2023, ¿por qué usted nos trae imposiciones y hasta noviembre de 2023?», espetó la semana pasada Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados. El plan del Gobierno incorpora un régimen sancionador, de hasta 100 millones (si bien se ha descartado llegar a esas multas) que, advirtió Gamarra, «se puede llevar por delante a muchos autónomos, pymes y empresas que incumplan estas imposiciones».

Nucleares

En tercer lugar, dicho plan del PP, según ha comentado Feijóo, emplazará al Gobierno a «asumir una posición energética en el contexto europeo», puesto que «hemos mantenido una posición exterior lamentable», ha criticado.

En este punto, ha denunciado que desde julio del 2018 el Gobierno ha reducido las fuentes de energía, ha promovido el cierre de centrales térmicas, ha puesto fin al alargamiento útil de las nucleares, ha renunciado al aprovechamiento de residuos agrícolas para biogás y ha establecido nuevas cargas fiscales a las hidráulicas. También, ha añadido, que ha renunciado a las interconexiones eléctricas y gasistas aprobadas por los socios de la UE.

«El plan de contingencia debe contener una reformulación de la política energética, centrarse sólo en el ahorro y no en la búsqueda de producción es caer en el chantaje de Rusia», ha advertido Feijóo. Así, ha pedido al Ejecutivo que «España utilice al máximo todas sus capacidades energéticas para priorizar el suministro a las familias a precios asequibles y para poder mantener nuestro sistema productivo».