La UE aprieta a Sánchez: le recuerda que quiere conocer los bienes de los cónyuges de altos cargos

La Comisión Europea se ha dirigido al Gobierno español para conocer qué medidas piensa poner en marcha para cumplir con las exigencias de transparencia y ética de los altos cargos. En un anexo incorporado al último informe sobre el Estado de derecho, Bruselas se refiere, en concreto, a las recomendaciones del Consejo de Europa, que ha instado a España a «incluir información sobre los cónyuges y los familiares» en las declaraciones de bienes de los miembros de los altos cargos.

Como reveló este periódico, en 2022 el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa reprendió al Gobierno de Pedro Sánchez por «no cumplir satisfactoriamente» ninguna de sus recomendaciones. Entre ellas, reclama conocer los bienes de los cónyuges de sus altos cargos, como ocurre en otros países.

El Ejecutivo español rechazó esa petición argumentando «restricciones derivadas de la normativa de protección de datos». Pero Europa insistió: «Siguiendo la experiencia de otros miembros de GRECO, se puede buscar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de privacidad individual y el interés general de la publicación de la información. GRECO no está convencido de que se haya prestado suficiente atención a este asunto, como se recomendó. En consecuencia, se pide a las autoridades que hagan más».

Hace unos meses, el Consejo de Europa presentó un nuevo informe sobre el cumplimiento de esas recomendaciones y mostró la misma decepción con el Gobierno de Pedro Sánchez, instándole a resolver esas deficiencias, entre ellas la relativa a los cónyuges de los altos cargos. Le dio de plazo hasta el 31 de diciembre de este año.

En su último informe sobre el Estado de derecho, conocido esta semana, la Comisión Europea retoma la petición. Y recuerda al Gobierno de Sánchez que el GRECO le exigió «un mayor nivel de detalle» en las declaraciones de los altos cargos. Pero, una vez más, el Gobierno evita cualquier compromiso con la información relativa a los cónyuges. En su lugar, se remite con vaguedades al Plan de Gobierno Abierto, aprobado en 2020, y asegura que su disposición es «construir un sistema de integridad pública» para «fortalecer los valores éticos» y «afianzar la confianza en las instituciones públicas».

Entre las medidas, el Ejecutivo destaca ante Europa la aprobación de «un código de buena administración para los empleados públicos, un código de buen gobierno para los altos cargos, canales internos de información y buzones de ética institucional o un sistema de gestión de riesgos de integridad».

«Conflictos de interés»

Una de las cuestiones en las que insiste la Comisión Europea en su último informe sobre el Estado de Derecho es la prevención de los «conflictos de interés». Un asunto que entra de lleno en la polémica por las actividades profesionales de Begoña Gómez, imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Las autoridades comunitarias advierten al Gobierno sobre la «falta de avances» en la prevención de los conflictos de intereses, con especial mención a los cargos que ocupan «altas funciones ejecutivas». «No se han tomado medidas para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y sobre el patrimonio de las personas con altas funciones ejecutivas, y reforzar la facultad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses», recoge, en concreto, en el último dosier publicado, instando expresamente al Ejecutivo español a «fortalecer las normas sobre conflictos de intereses».

Otro de los puntos sobre los que Bruselas pone el foco, estrechamente vinculado con la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez, son las actividades de lobby. La UE pide una mayor regulación en este ámbito y reprocha también al Gobierno que «no se haya avanzado» en esta legislación, que debe incluir «un registro público obligatorio de lobbistas», es decir, los grupos y actores con ciertos intereses que presionan al Ejecutivo para adoptar medidas legislativas o decisiones a su favor. «No ha habido avances en la ley sobre los lobbies», se recoge en el informe, en el que se pide una mayor regulación sobre las «actividades de influencia» sobre los cargos.

Sánchez, cabe destacar, se habría reunido en dos ocasiones en Moncloa con Carlos Barrabés, el empresario que impulsó la cátedra de su mujer. Así lo reveló el propio Barrabés ante el juez Juan Carlos Peinado, sin concretar la fecha de dichos encuentros. Sí explicó que, en ellos, se habló de temas de innovación empresarial. Moncloa ha evitado facilitar información sobre dichos encuentros, que tuvieron lugar al margen de la agenda oficial y pública del presidente del Gobierno.

Sánchez está citado a declarar este martes, 30 de julio, como testigo. Lo hará en Moncloa, después de que el juez rechazase su petición de hacerlo por escrito.