La UE abronca a Sánchez por «no tomar medidas» para evitar casos como el de Begoña Gómez

La Comisión Europea lanza una advertencia a Pedro Sánchez en pleno caso Begoña Gómez. Las autoridades comunitarias advierten, en su último informe sobre el Estado de Derecho en los países miembros, sobre la «falta de avances» por parte del Gobierno español en la prevención de los conflictos de intereses, con especial mención a los cargos que ocupan «altas funciones ejecutivas». Así, en una de sus recomendaciones para España, la UE afea: «No se han tomado medidas para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y sobre el patrimonio de las personas con altas funciones ejecutivas, y reforzar la facultad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».

La Comisión Europea manifiesta esta preocupación a lo largo del dossier, de 37 páginas, conocido este miércoles. En el informe, se pide textualmente «fortalecer las normas sobre conflictos de intereses».

Asimismo, otro de los puntos sobre los que Bruselas pone el foco, estrechamente vinculado con la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez, son las actividades de lobby. La UE pide una mayor regulación en este ámbito y reprocha también al Gobierno español que «no se haya avanzado» en esta legislación, que debe incluir «un registro público obligatorio de lobbistas», es decir, los grupos y actores con ciertos intereses que presionan al Ejecutivo para adoptar medidas legislativas o decisiones a su favor. «No ha habido avances en la ley sobre los lobbies», se recoge en el informe, en el que se pide una mayor regulación sobre las «actividades de influencia» sobre los cargos.

La UE recuerda que esta exigencia está incluida en el conocido como Plan de Recuperación, y que «tiene como objetivo avanzar en el marco general anticorrupción». Avisa, asimismo, que «el Gobierno tiene el mandato por ley de adoptar, antes de septiembre de 2024, una estrategia integral
para prevenir y combatir la corrupción, aunque todavía no se ha comenzado a trabajar en ello».

El examen de la Comisión Europea no hace mención al caso que ha sacudido La Moncloa, pero sus advertencias son claras. Pedro Sánchez ha sido citado a declarar el próximo 30 de julio después de que el empresario y socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, revelase dos reuniones con el presidente del Gobierno en La Moncloa. Barrabés no aclaró las fechas de dichos encuentros aunque sí explicó que, en ellas, se habló de temas de innovación empresarial. Cabe recordar que Begoña Gómez está actualmente imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las cartas de recomendación que firmó para su socio en dos contratos de la entidad pública Red.es. La investigación de esos contratos ha pasado a la Fiscalía Europea, al implicar fondos comunitarios. En concreto, Barrabés resultó adjudicatario de dos lotes, por más de 10 millones.

Moncloa ha evitado facilitar información sobre dichos encuentros, que tuvieron lugar al margen de la agenda oficial y pública del presidente del Gobierno. En ellas estuvo presente Manuel de la Rocha, responsable de asuntos económicos de la Presidencia del Gobierno.

Presión sobre los jueces

Otro de los aspectos en los que incide el informe de la Comisión Europea es la independencia judicial. En concreto, en la evaluación de este año se expresa la «preocupación» por la «presión indebida» de los miembros del Gobierno sobre los jueces.

«En unos pocos Estados miembros existe preocupación por una presión indebida sobre el Poder Judicial por parte de políticos o del nivel ejecutivo, y también hay evidencia de presiones provenientes de terceros países. El riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la opinión pública. La confianza en la independencia judicial ha generado preocupación en Eslovaquia, Italia y España», se recoge en el dossier.

Así, se afean las «declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al Poder Judicial». Una apreciación con la que hacen referencia, sobre todo, a las críticas desde el Ejecutivo a los jueces por la Ley de Amnistía, pero que bien podría aplicarse también al caso Begoña.

En los últimos días, tras conocerse la citación de Sánchez, miembros del Gobierno y el PSOE se han lanzado contra el juez instructor, Juan Carlos Peinado, acusándole incluso veladamente de prevaricación. En público, ya se sostiene que se trata de una «causa política», en consideración de Moncloa.

En este marco, Bruselas avisa que «los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio», pero recuerda que «la confianza pública en el poder judicial es fundamental para su eficacia, habida cuenta de su papel especial en la sociedad».

«La lesión de esta confianza (en la independencia judicial) es especialmente relevante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el Poder Judicial», añade la Comisión Europea.